Siete años y ocho meses de cárcel para tres patrones de un cayuco que llegó a Canarias con un fallecido

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto una pena de siete años y ocho meses de cárcel a tres acusados de ejercer como patrones de un cayuco que llegó el 24 de junio de 2024 a El Hierro con 47 pasajeros entre los que se encontraban dos menores sin acompañamiento, un fallecido y dos heridos.

De esta condena, cinco años se corresponden a un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, dos por un homicidio imprudente y cuatro meses por cada uno de los lesionados.

La sentencia recoge como hechos probados que los tres encausados en coordinación con más personas desconocidas organizaron un viaje desde Nuakchot, en Mauritania, a Canarias y cobraron distintas cantidades de dinero a ciudadanos de Senegal, Mali, Mauritania, Costa de Marfil y Camerún.

Con este fin utilizaron una embarcación de trece metros de largo y tres de ancho, impulsada por dos motores.

Tras el juicio celebrado a principios del mes de diciembre, la Audiencia atribuye a los tres encausados haberse encargado de las tareas propias de los patrones como es el manejo del timón, fijación y seguimiento del rumbo con un GPS.

Condiciones del viaje

La condena se basa también en que todos ellos eran conscientes de la escasez de víveres y agua, hacinamiento de los viajeros, que éstos carecían de chalecos salvavidas y las deficiencias del barco, lo que ponía en peligro sus vidas.

La muerte se produjo por fallo multiorgánico y otros dos migrantes tuvieron que ser trasladados al Hospital de El Hierro, uno a causa de deshidratación y heridas tales como úlceras por lo que permaneció ingresado tres días y otro por estreñimiento que fue dado de alta poco después.

Sin autopsia

Las defensas criticaron que no se llevara a cabo una autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte y sólo se contó con una prueba visual "de un cadáver que pesaba 50 kilos, lo mismo que cuando partió según los testigos", por lo que el perito fue claro al admitir que se desconocía la causa de la muerte.

Las defensas denunciaron otras irregularidades en el procedimiento exactamente en el momento en el que se tomó declaración a los viajeros para que identificaran a los condenados y recuerdan que uno de ellos llegó a afirmar que recibió de la policía la posibilidad de cooperar a cambio de facilitar su regularización.

También critican que durante las ruedas de reconocimiento los testigos no contaran con intérpretes, a lo que la Sala contesta que siempre estuvieron acompañados de sus respectivos abogados sin que conste queja alguna de éstos.

La defensa pidió la nulidad de una de las pruebas preconstituidas por que no habían sido traducidas al dialecto correspondiente, lo que también se descarta en cuanto que el testigo participó en el juicio a petición tanto de las defensas como de la Fiscalía.

Los viajeros, en peligro

En definitiva la condena se basa en que la travesía emprendida durante seis días "puso en peligro la vida de todos los viajeros dadas las características de la embarcación, falta de medios de orientación y seguridad, comida y agua suficiente por más que felizmente llegaran a costa española sanos y salvos".

El fallo descarta la indemnización de 150.000 para los herederos del fallecido, solicitaba por la Fiscalía y se indica que los beneficiados serían desconocidos y resulta imposible determinar los posibles daños y perjuicios causados.

De todas formas sería posible obligar al desembolso de los gastos funerarios mientras que al lesionado no se le ofreció la posibilidad de ser compensado, pese a que la Fiscalía pedía cerca de 600 euros.