El Estado solo cede una competencia a Canarias mientras al País Vasco 16

Siete años después de la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, su desarrollo competencial sigue prácticamente a cero en el marcador. Desde su entrada en vigor en 2018, la Comunidad Autónoma solo ha logrado un traspaso efectivo —la ordenación y gestión del litoral— frente a las 16 competencias transferidas al País Vasco y las siete concedidas a Cataluña en ese mismo periodo, según los datos oficiales de las comisiones mixtas de transferencias con estas autonomías.

Con ese escenario de fondo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, impulsó este mes unas jornadas de análisis sobre el Estatuto con el objetivo de recabar asesoramiento experto para definir una hoja de ruta que permita desplegar el autogobierno previsto en el texto reformado. «La aprobación del Estatuto no fue el final, sino el comienzo. Ahora toca su desarrollo», sostuvo entonces.

Un Estatuto parado

A partir de ese proceso de escucha, expertos en Derecho Constitucional y Administrativo coincidieron en un diagnóstico común: el Estatuto de 2018 ofrece un marco jurídico suficiente, pero no se ha activado políticamente. Entre los participantes se encontraban los profesores de Derecho Constitucional, Fernando Ríos Rull y José Miguel Ruano León, y de Derecho Administrativo Ángel Lobo Rodrigo. La conclusión compartida es clara: Canarias debe ser mucho más proactiva en reclamar la veintena de competencias que reconoce el Estatuto.

El Estado no transfiere competencias por iniciativa propia, sino cuando existe presión política sostenida, acuerdos con socios parlamentarios o resoluciones del Tribunal Constitucional, alegan. En el caso de Canarias, subrayan, muchas de las competencias recogidas en el Estatuto reformado no se han ejecutado, pese a poder hacerlo —como las relativas al espacio marítimo— y otras ni siquiera se han solicitado formalmente.

Una comisión bilateral

Tampoco se ha activado de forma sistemática el principal cauce de negociación previsto: la Comisión Bilateral de Transferencias Canarias-Estado, que preside actualmente el ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien precisamente logró la única transferencia en la pasada legislatura, la de Costas, siendo presidente del Gobierno regional. Un traspaso que, para los expertos, fue «claramente insuficiente» y que, de hecho, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el actual Ejecutivo canario.

Mientras tanto, otras comunidades han seguido ampliando su autogobierno. El País Vasco ha recibido competencias en ámbitos como inmigración laboral, transporte ferroviario, litoral, inspección de trabajo, sanidad o servicios sociales. Cataluña, por su parte, ha consolidado ampliaciones en justicia, universidades, becas, obras hidráulicas y conservación de la naturaleza. Canarias, en cambio, permanece prácticamente al margen de ese proceso.

Competencias clave

Los expertos exponen que, en estos siete años, si se hubiera desarrollado el Estatuto mediante documentos oficiales con demandas claras y pidiendo la Comisión mixta o bilateral de transferencias, Canarias habría podido participar en decisiones hoy clave para las Islas. Entre ellas, la regulación de las tasas aéreas y de las que se quieren aplicar al transporte discrecional en aeropuertos —que el Archipiélago discute actualmente con Aena—, las concesiones en eólica marina, la gestión del futuro parque natural marino de Las Calmas, en El Hierro, o el control de los instrumentos centrales del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Sobre el fuero canario, cuyas competencias empiezan estos días a ser objeto de debate público, Fernando Ríos subraya que el Estatuto de Autonomía de 2018 no solo blinda sus principios, sino que regula expresamente su desarrollo y modificación. En este marco, recuerda que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC) quedan sujetas a negociación con el Estado conforme a lo previsto en el artículo 167 del Estatuto.

REF, tasas y agenda digital

El Estatuto prevé además, en su Disposición Adicional Segunda, apartado siete, la creación de figuras consorciales entre el Estado y la Comunidad Autónoma para la gestión de los informes vinculantes de la RIC y otros aspectos tributarios, un mecanismo que, según Ríos, permitiría trasladar esa función a la Agencia Tributaria Canaria y articular un marco estable de cooperación con Hacienda.

El mismo diagnóstico se extiende a la política de tasas aeroportuarias y a las aplicadas a las guaguas discrecionales. José Miguel Ruano León expone que el artículo 161.4 del Estatuto prevé que la regulación de tasas y precios públicos en puertos y aeropuertos de interés general se articule mediante una ley estatal específica para Canarias, atendiendo a su condición de región ultraperiférica. Al no haberse promovido ese desarrollo normativo, la Comunidad Autónoma carece hoy de capacidad de intervención en este ámbito.

Ruano añade que el Estatuto también contempla, en su Disposición Adicional Sexta, la elaboración de un plan específico de telecomunicaciones para Canarias dentro de la agenda digital española. Sin embargo, esa agenda fue diseñada por el Estado sin contar con Canarias, lo que ha impedido adaptar su despliegue a las singularidades del Archipiélago.

El espacio marítimo, la gran novedad

El ámbito donde el Estatuto introduce una novedad de mayor calado es el del espacio marítimo. Ángel Lobo subraya que Canarias es «la primera y única comunidad autónoma» cuyo Estatuto integra expresamente el mar como parte de su territorio en el artículo 4.

Desde esta base, explica, Canarias está jurídicamente habilitada para ejercer competencias materiales sobre ese espacio marítimo. Sin embargo, esa posibilidad no se está ejerciendo, no por falta de marco legal, sino por ausencia de “músculo político” para hacer valer competencias ya reconocidas. El Estatuto permite, por ejemplo, la declaración y ordenación de espacios naturales enteramente marinos y establece que la gestión de los parques nacionales en Canarias corresponde a la Comunidad Autónoma, con independencia de que se sitúen en tierra o en el mar.

Eólica marina y parque del mar de Las Calmas

Este planteamiento ha vuelto al centro del debate con el proyecto de Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas, al sur de El Hierro, un espacio de más de 24.000 hectáreas de alto valor ecológico cuya protección cuenta con amplio respaldo científico. El conflicto no reside en la oportunidad ambiental del parque, sino en quién debe ejercer su gestión. Para los expertos, esa competencia es claramente canaria y no del Estado.

Más allá de los parques nacionales, el Estatuto permite ejercer competencias marítimas en materias como la pesca y las actividades marítimas, o la energía eólica marina, cuando el aprovechamiento tenga un impacto directo en Canarias.

Como vía para desbloquear este escenario, el experto planteó la posibilidad de que Canarias ejerza directamente alguna de estas competencias, obligando al Estado, en caso de discrepancia, a recurrir la decisión y permitiendo a los tribunales pronunciarse sobre el alcance real del artículo 4 del Estatuto.

20 competencias, en el limbo

Canarias tiene pendientes más de veinte competencias: inmigración y permisos de trabajo de extranjeros no comunitarios; puertos, aeropuertos y transporte aéreo; transporte marítimo; gestión de los fondos europeos; centros penitenciarios; seguridad privada; salvamento marítimo; comercio exterior; paradores de turismo; libre mercado; o gestión de las telecomunicaciones.

La inclusión del espacio marítimo como parte del territorio autonómico permite además ejercer competencias en la eólica marina; pesca y ordenación del sector pesquero; espacios naturales protegidos y parques nacionales marítimos; medio ambiente; patrimonio cultural submarino; deportes náuticos y submarinos; y minas, en relación con recursos del lecho marino como el Monte Tropic.

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