El sector agrario canario alza la voz en Bruselas para blindar el Posei

El sector agrario canario llevó hoy su voz hasta al corazón de Europa, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Representantes canarios del sector participaron este jueves en la manifestación celebrada en Bruselas, que reunió a cerca de 10.000 agricultores y ganaderos de distintos países de la Unión Europea, para protestar contra el rumbo de la política agraria comunitaria y exigir un marco de apoyo estable que garantice la viabilidad del campo.

La delegación canaria estuvo integrada por organizaciones profesionales agrarias y sectoriales como Asaga, COAG, UPA, Palca y Asprocan, y contó con el respaldo del Gobierno autonómico. El viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, acompañó a los productores durante una marcha que recorrió durante varias horas el centro de la capital comunitaria, desde la estación de Bruselas Norte hasta la plaza de Luxemburgo.

Uno de los principales focos de preocupación es la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que contempla un recorte de más del 20% en los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y la integración de instrumentos clave -como el Feaga, el Feader y el propio Posei— en un gran fondo de gestión estatal. El sector teme que esta "renacionalización" de las ayudas diluya las especificidades de las regiones ultraperiféricas y deje a Canarias a merced de decisiones ajenas a su realidad. "El riesgo no es solo económico, sino estructural", advirtió García, que alertó de que esta reforma puede comprometer el futuro de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas en las Islas y poner en jaque la soberanía alimentaria. En Canarias, recordó, existen más de 20.000 explotaciones que dependen en buena medida de un programa específico que compensa los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad.

Sin dotación específica

Con el nuevo plan de Bruselas las medidas del Posei quedarían sin dotación específica establecida por la Comisión Europea ni participación activa de las RUP que, al igual que Canarias, dependerían de sus respectivos gobiernos centrales, y de la competencia con otras políticas y prioridades de cada Estado Miembro, a la hora de compensar los sobrecostes que implica para el sector primario la insularidad y la lejanía. Desde las organizaciones agrarias canarias se insistió esta mañana en que la reforma planteada por Bruselas puede tener consecuencias especialmente graves en el Archipiélago

La presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez, aseguró durante las protestas que "la reforma que se plantea pone en riesgo la agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria de todos aquellos que vivimos en Europa”. Además, según Pérez, "los efectos en Canarias pueden ser aún más devastadores". El secretario general de Asaga Canarias, Theo Hernando, explicó que la organización acude a la movilización "para reivindicar que se tomen medidas ante esta propuesta unilateral que afectará mucho más allá de 2034, ya que supondrá que los jóvenes no apuesten por el sector”. Todo ello, incidió Hernando, en un contexto en el que las instituciones europeas siguen destinando recursos “a apoyar a países terceros e impulsar acuerdos de comercio internacional".

Recorte del 20%

Asimismo, el secretario de organización de UPA Canarias, Jorge Pelayo, denunció que "un recorte del 20% significaría una merma en la agricultura y ganadería familiar" y, en definitiva, "la muerte súbita del sector en Canarias" donde, por la condición de RUP, “necesitamos un programa específico por la lejanía y las particularidades de cada archipiélago, distintas a las del continente". El director gerente de Asocan, Antonio López, denunció que "la especificidad de Canarias como RUP desaparecería” en el nuevo contexto en el que cada Estado Miembro gestionaría la política agraria, lo que “prácticamente supondría el fin de la actividad económica".

La protesta también sirvió para mostrar el rechazo frontal del sector a los acuerdos de libre comercio impulsados por la UE, especialmente el pacto con Mercosur. Los productores denuncian que estos tratados permiten la entrada de productos de terceros países que no cumplen los mismos estándares ambientales, laborales y fitosanitarios que se exigen a los agricultores europeos, generando una competencia que consideran desleal. El secretario de Asprocan, Raúl Martín, se quejó de que el agricultor europeo tenga que asumir la transición verde y producir bajo los estándares más altos del mundo, "pero no puede competir en igualdad si Europa permite la entrada de fruta que no cumple esas mismas normas”. En este sentido, añadió Martín, "si las reglas son necesarias para proteger la salud y el medio ambiente, deben aplicarse a todos por igual". El portavoz de Fedex, Gustavo Rodríguez, también criticó que la Comisión Europea "legisle a favor de terceros y siempre en contra de quienes forman parte de este territorio".

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