Canarias reclama al Estado que ceda el control del REF a la Hacienda isleña

La mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento –excepto Vox– pero también expertos, asesores fiscales y agentes económicos y sociales reclaman que la gestión y control de los incentivos económicos y fiscales del REF esté en manos de la Comunidad Autónoma, con el fin de dar mayor eficacia y agilidad al fuero canario para adaptarlo al contexto económico de cada momento.

El dictamen aprobado por el Parlamento en relación con la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF) finaliza con la iniciativa a medio plazo de acordar con el Estado la cesión a Canarias de la totalidad o parte de las competencias de los instrumentos del fuero, así como de la competencia normativa para crear, modificar o eliminar incentivos. De esta forma la inspección que tiene la Agencia Tributaria estatal pasaría a manos de la Agencia Tributaria Canaria, que decidiría sobre la regulación de la Reserva para Inversiones (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Deducción por Inversiones (DIC).

El informe pactado por los grupos políticos de la Cámara recoge esta reivindicación para una negociación a medio plazo, pero a corto plazo lo que se propone es la creación de un consorcio del REF u otra figura jurídica que tenga autonomía en forma de autoridad administrativa independiente con el fin de hacer realidad la cogobernanza del régimen fiscal canario entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional.

«Es una propuesta ambiciosa porque Canarias reforzaría su autonomía económica, fiscal y financiera»

Manuel Hernández

Por ello estaría constituido por funcionarios y altos cargos de ambas administraciones y con competencias para analizar todos los instrumentos del REF. Una de las peticiones clave es dotar de mayor agilidad a consultas que se realizan a Hacienda sobre dudas en la aplicación de los incentivos y que en etapas anteriores han supuesto choques entre las interpretaciones de los inspectores de Hacienda y los asesores fiscales de las empresas e inversores.

Agilizar consultas

Ante ello se reclama agilizar y facilitar las modificaciones y asegurar respuestas rápidas a las consultas para acordar interpretaciones jurídicas vinculantes. De hecho también se exige que, hasta que se conforme el consorcio, las contestaciones vinculantes de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda sean rápidas. Este consorcio se crea sin menoscabo de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado que recoge el Estatuto de Autonomía.

«Urge mecanismos de cooperación conjunta que permitan clarificar aspectos en la aplicación del REF»

Orlando Luján

El presidente de la comisión de estudio del Parlamento sobre la revisión del REF, Manuel Hernández Cerezo, indica que el principal objetivo de esta demanda es «reforzar la autonomía económica, financiera y fiscal» de Canarias, profundizando de esta forma en la descentralización y el autogobierno de la Comunidad Autónoma. Hernández admite que se trata de una propuesta «ambiciosa» y «compleja» ya que entran en juego no solo el Estado sino también la Comisión Europea, por lo que se deben regular «mecanismos de supervisión conjunta» entre las administraciones. El diputado socialista hace un paralelismo con la gestión de los impuestos cedidos y propios del REF en los que la Comunidad Autónoma puede introducir modificaciones en los tipos o en las bonificaciones. «Queremos ir más allá en aquellas cuestiones que se puedan considerar razonables en la materialización de la RIC para que el Gobierno regional tenga más margen de flexibilidad en los incentivos y poder adaptarlos al contexto económico con el fin de que el REF sea más útil para la actividad económica», explica Hernández Cerezo.

«El momento político no ayuda pero se trata de una petición que nos daría mayor seguridad jurídica»

Salvador Miranda

El economista y director de la cátedra del REF, Salvador Miranda, considera que hoy por hoy la propuesta del Parlamento es una «declaración de intenciones» porque el momento político impide que se alcancen acuerdos con el Estado de esta magnitud. La medida de control del fuero por parte de Canarias es «positiva» en opinión de Miranda con el fin de potenciar los instrumentos e incentivos y, sobre todo, dar mayor «seguridad jurídica». De hecho la figura del consorcio que contiene el documento sería clave para que haya más fluidez en las relaciones entre el Estado y Canarias y que se pueda garantizar esta seguridad jurídica.

Descentralización

El secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Orlando Luján, también ve «muy positivo» la propuesta de descentralizar el REF y ve imprescindible «activar desde ya mecanismos de participación conjunta que permitan clarificar aspectos en la aplicación del REF, con el fin de que los incentivos ganen en eficacia y así poder dinamizar la economía canaria. De esta forma se podrían atenuar los efectos negativos de la ultraperiferia en las empresas, autónomos y ciudadanos».

«La Comunidad Autónoma es mayor de edad para poder gestionar las competencias sobre el fuero»

J. Cristóbal García

El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, cree importante «que el Parlamento se ponga de acuerdo en algo» y considera que la Comunidad Autónoma es «mayor de edad» para poder gestionar sus singularidades dentro del marco constitucional. Sin embargo, el dirigente empresarial advierte que el dictamen del Parlamento contiene muchas medidas «pero no todas son competencia y aplicables al REF», por lo que demanda que se concrete más porque no es operativo cambiar con frecuencia la normativa que regula el fuero. Lo que sí reclama son más competencias para poder gestionar, por ejemplo, las estadísticas y así acceder a los datos fiscales que obran en poder de la Agencia Tributaria del Estado.

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