Canarias concentra una de cada cinco viviendas irregulares de Airbnb sancionadas con 64 millones por Consumo

Canarias concentra una de cada cinco viviendas vacacionales sin licencia o con registro falso que han motivado la sanción de 64,05 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a Airbnb, la mayor plataforma de alquiler vacacional del mundo. Así lo confirma la resolución firme del expediente sancionador, que ya ha agotado la vía administrativa.

Según los datos oficiales, 12.728 anuncios irregulares detectados en Canarias forman parte del total de 65.122 infracciones localizadas en toda España, lo que representa el 19,54 % del conjunto de irregularidades que han dado lugar a la multa.

Viviendas sin licencia en Canarias

El ministerio detectó que Airbnb anunciaba 59.229 viviendas en España sin número de registro, de las cuales 12.486 se encontraban en el archipiélago canario. A estas se suman 5.769 anuncios con números de registro falsos, 242 de ellos en Canarias, un dato que vuelve a situar a las islas como uno de los territorios más afectados por este tipo de prácticas.

Las infracciones están catalogadas como graves y afectan directamente a la transparencia del mercado del alquiler vacacional, en un contexto de creciente presión sobre la vivienda en destinos turísticos como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Multa firme y sanciones accesorias

La resolución sancionadora es ya firme, tras desestimarse el recurso de alzada presentado ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo que obliga a Airbnb no solo a pagar la multa, sino también a cumplir dos sanciones accesorias.

Estas medidas obligan a la plataforma a eliminar los contenidos ilícitos detectados y a hacer pública la sanción, una exigencia poco habitual que busca reforzar el carácter disuasorio de la resolución.

Publicidad engañosa y contratos a distancia

El expediente detalla que Airbnb incurrió en múltiples incumplimientos de la normativa de consumo, entre ellos publicitar alojamientos sin licencia, utilizar números de registro que no se corresponden con los anuncios reales y omitir información clave sobre la naturaleza jurídica del anfitrión en los contratos celebrados a distancia.

Además, el ministerio sanciona a la compañía por obstrucción a la labor inspectora, tras negarse a facilitar información durante la instrucción del expediente y por incumplir medidas provisionales impuestas mientras se tramitaba el procedimiento.

Beneficio ilícito y sanción histórica

La cuantía de 64,05 millones de euros equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en que los anuncios irregulares permanecieron activos, desde el apercibimiento del ministerio hasta su retirada.

Se trata de la segunda mayor multa impuesta por Consumo en la historia, solo superada por los 108 millones de euros sancionados a Ryanair por el cobro del equipaje de mano.

Reacción de asociaciones de consumidores

La asociación Facua celebró la sanción y reclamó que las autoridades autonómicas de consumo actúen con mayor contundencia frente a este tipo de fraudes inmobiliarios, especialmente en comunidades tensionadas por el turismo.

En la misma línea, la asociación de usuarios financieros Asufin respaldó la multa y advirtió de que plataformas como Airbnb “no pueden limitarse a obtener beneficios sin asumir responsabilidades sobre los anuncios que publican”, subrayando la necesidad de mayor control en el sector.