Incertidumbre en Canarias ante las partidas que el Estado destina a la atención de los menores

Canarias recibe con incertidumbre la partida que el Consejo de Ministros aprobará este martes: una transferencia extraordinaria de 100 millones de euros destinada a la atención de la infancia migrante no acompañada alojada en la Comunidad Autónoma. El dinero, que se asignará mediante un real decreto, corresponde, según el Ministerio de Juventud e Infancia, al ejercicio del año 2025. Un argumento que ha levantado ampollas en el Ejecutivo autonómico que denuncia que esta partida llega entonces «tarde y mal». Así lo denunció el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, al término del Consejo de Gobierno celebrado ayer.

La situación sigue lejos de ser esperanzadora. Aunque desde Madrid sostienen que esta nueva dotación se suma a otros 40 millones de euros que el Estado ha transferido a Canarias durante 2025 en distintas partidas, el Ejecutivo regional denuncia que, hasta ahora, solo se han recibido 8,5 millones correspondientes a las aprobadas en las Conferencias Sectoriales, quedando pendientes otros 5 millones. Mientras tanto, el Archipiélago ha adelantado los fondos necesarios para atender a los más de cuatro mil menores que ha acogido en solitario su red de acogida. En este sentido, aseveró Cabello, las Islas han adelantado un total de 190 millones de euros para financiar la atención a los menores migrantes no acompañados, pese a que desde el Estado lo cuantifican en 155 millones.

«Está bien que empiece a llegar el dinero», reconoció el portavoz, quien además calificó la situación actual de «bloqueo y parálisis». Unas acusaciones que se enmarcan en un contexto de tensión presupuestaria. El escenario no es nuevo. A finales de 2024, el Gobierno central aprobó una partida de 50 millones de euros para garantizar la atención de los menores migrantes de Canarias. Según el Ejecutivo regional, esos fondos nunca llegaron al Archipiélago, lo que generó un sobrecoste para las Islas que asumieron en solitario la atención de los chicos. Pero además, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acordaron en octubre la transferencia de 50 millones extra para menores migrantes.

Los fondos

Desde entonces, en Canarias persisten las dudas en torno a las partidas económicas. Los 100 millones que se aprobarán este martes, según el Gobierno canario, parecen corresponder a la orden del Ministerio de Infancia, fruto del compromiso de 50 millones para 2025 y otros 50 para 2026. A ello se suma que, de los 100 millones previstos en el real decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades, a Canarias le corresponden 26 millones –la mayor asignación–, de los cuales 4 se destinan a gastos de traslado y 22 a la atención directa en el Archipiélago. Sin embargo, mientras estos fondos llegan, denuncian desde el Ejecutivo autonómico, es Canarias la que continúa asumiendo en solitario la mayor parte de las responsabilidades, especialmente las derivadas de las reubicaciones hacia otras regiones del territorio peninsular.

En este contexto, el Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones su deseo de que el apoyo económico se amplíe en los próximos años, garantizando así una fuente de financiación estable para la atención de la infancia migrante.

El decreto

El real decreto que avala la partida establece garantías de control, justificación y calidad en la atención de la infancia migrante no acompañada. En este sentido, el Gobierno central exigirá la presentación de una memoria técnica y de impacto social, junto con informes de intervención autonómica que acrediten el destino de los fondos. El Ejecutivo canario deberá entregar una evaluación específica sobre el impacto en la igualdad entre niños, niñas y adolescentes.

Este informe deberá incluir datos, las actuaciones realizadas y las acciones implementadas para eliminar las barreras sociales que generan desigualdades por edad y género. También se evaluará el cumplimiento de los objetivos de la subvención, como el apoyo al acogimiento familiar, la lucha contra la pobreza infantil y los programas de transición a la vida adulta.

Además, el decreto establece que el Ministerio, junto con otros organismos como la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, podrá realizar auditorías y comprobaciones técnicas, exigiendo la conservación de toda la documentación justificativa. Todo ello con el propósito de garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a su fin declarado.

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