Las arcas canarias movilizan ya 53 millones para 400 afectados por el volcán de La Palma

Las arcas de la Comunidad Autónoma de Canarias han movilizado ya 53 millones de euros de su superávit para atender a 400 afectados por el volcán de La Palma. La Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, detalló este lunes la situación de la ejecución de los 100 millones de euros de los remanentes canarios destinados a la recuperación económica y social de La Palma, tras la erupción del Tajogaite en 2021, principalmente para los expedientes del sector primario.

Fondos y plazos de pago

Según la consejera, el Ejecutivo ha aprobado seis órdenes de pago en apenas doce días, desde el 1 hasta el 12 de diciembre, dirigidas a cubrir tanto el valor de las fincas afectadas como las infraestructuras agrícolas necesarias —como depósitos de riego y otras instalaciones básicas—.

Las notificaciones a los beneficiarios comenzaron el 5 de diciembre, de modo que los primeros pagos podrán hacerse efectivos antes de final de año, mientras que las órdenes aprobadas más recientemente se abonarán en enero. De los 100 millones de euros totales, aún 47 millones están pendientes de comprometer, correspondientes a los expedientes más complejos, que incluyen cruces de datos y la comprobación de ayudas ya recibidas a través de los Programas de Desarrollo Rural (PDR).

Críticas al Gobierno central

Barreto criticó con dureza la demora del Gobierno de España en autorizar el uso de estos fondos, una situación que ha obligado a la administración autonómica a actuar “bajo una presión extrema de plazos”. Recordó que el presidente canario Fernando Clavijo se reunió con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en abril para solicitar la autorización para emplear el superávit en la recuperación palmera. Sin embargo, el Real Decreto que lo permitió no se aprobó hasta el 25 de noviembre de 2025 ni se publicó en el Boletín Oficial del Estado hasta el día siguiente.

“El Real Decreto no da a Canarias un plazo más allá del 31 de diciembre para dejar ejecutados los 100 millones, y es materialmente muy difícil hacerlo en un mes que incluye días festivos y puentes de Navidad”, señaló la consejera. Agradeció, además, el esfuerzo de los funcionarios, que están trabajando “sábados y tardes” para cumplir el calendario.

Barreto lamentó que esta demora estatal suponga un retraso real de dos años en la recuperación del campo palmero. “Si el Gobierno de España hubiera transferido los 100 millones comprometidos de sus recursos en 2023, hoy —en diciembre de 2025— tendríamos casi todas esas fincas sembradas. Esto equivale a dos años de desespero, sufrimiento y agobio que se podían haber evitado si cada uno hubiera cumplido con su parte”, subrayó.

Una enmienda urgente

Ante el riesgo de que parte del dinero quede sin comprometer antes de fin de año, el Gobierno de Canarias presentará mañana martes una enmienda in voce' durante el pleno del Parlamento canario. La iniciativa, redactada por la Consejería de Hacienda, tiene como objetivo garantizar que los fondos no comprometidos en diciembre puedan ejecutarse a lo largo de 2026, evitando así su pérdida.

“Necesitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios para poder incorporar esta enmienda y salvar los fondos del superávit de 2024”, pidió Barreto, que también destacó la implicación del personal público en el proceso de tramitación.

Un modelo propio de compensación

La consejera recordó que la posibilidad de abonar estas ayudas nace de un mecanismo propio de Canarias, establecido a través de las leyes urbanística y agraria aprobadas por el actual Gobierno autonómico. Este marco normativo creó un derecho 'ex novo' de compensación que permite indemnizar el valor de lo perdido ante una catástrofe natural, un sistema “que no existe en el resto del territorio nacional”, precisó.

Barreto subrayó que este esfuerzo financiero del Ejecutivo autonómico “representa un compromiso real con la recuperación de La Palma” y que la prioridad ahora es ejecutar el 100% de los fondos antes de que expire el plazo legal, para que los recursos lleguen cuanto antes a quienes más los necesitan.