Cabildos y ayuntamientos canarios asumen el plazo de la vicepresidenta Montero para reinvertir el superávit en dos años

Apenas una semana después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el 2 de diciembre el decreto ley para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas –convalidado en el Congreso el 11 de diciembre–, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, lanzó un aviso a navegantes: "el lapso de tiempo es muy escaso" para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit en tan solo dos años.

Sin embargo, ese mensaje no ha calado ni en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ni en la Federación Canaria de Islas (Fecai), pues ambas organizaciones consideran que el plazo para que las corporaciones locales puedan invertir el superávit obtenido en 2024 durante lo que resta del presente año más 2026 y 2027 es razonable.

Tanto la presidenta de la federación municipal y alcaldesa de Candelaria (Tenerife), Mari Brito, como el vicepresidente y primer regidor de Agüimes (Gran Canaria), Óscar Hernández, aseguran que "es un marco temporal prudente, porque es muy raro que haya un ayuntamiento que a esta altura del año no tenga proyectos redactados para iniciar las obras".

Y es que, como confirman tanto Brito como Hernández, la práctica totalidad de los 88 ayuntamientos canarios –que el jueves celebraron su asamblea anual sin poner ninguna pega al decreto ley aprobado– incumplió en 2025 la regla de gasto porque aprovecharon los distintos decretos y leyes aprobados por el Gobierno de Canarias para hacer frente a las emergencias hídrica o habitacional e iniciar obras de infraestructuras destinadas a alcantarillado, sellados de vertidos o la construcción de un parque de viviendas públicas.

Margen suficiente

"Los proyectos deben iniciarse antes del 31 de diciembre del próximo año, así que es un margen de tiempo más que suficiente", insiste Brito.

En parecidos términos se expresa Juan Carlos Pérez Frías, director insular de Hacienda del Cabildo de Tenerife, que confirma que las corporaciones insulares ya tienen gastados sus remanentes "y no tenemos problemas con el techo de gasto".

En concreto, Pérez Frías incide en el paquete de medidas orientado a mejorar y ampliar la red de desaladoras (EDAM) en la isla o reducir los porcentajes de pérdidas de agua por debajo del 20% en todos los municipios. Y lo mismo sucede con el dinero destinado por el resto de cabildos insulares con respecto a sus planes territoriales o el hecho de que el Cabildo de Gran Canaria inicie la construcción de 440 casas protegidas.

Proyectos complejos

Precisamente, Martínez-Sicluna alertó de que en tan solo dos años no da tiempo a hacer inversiones en vivienda porque los proyectos de obras públicas requieren aprobación, elaboración y ejecución. Sin embargo, desde la Fecam se considera que en las Islas los municipios ya llevan mucha tarea adelantada debido a la propia legislación puesta en marcha por la comunidad autónoma. "Siempre es mejor tres años de vigencia que dos; pero también es mucho mejor dos años que ninguno", remacha el alcalde de Agüimes.

En lo que sí coinciden los dirigentes de la Fecam con el número dos de la FEMP es en la necesidad de prorrogar con carácter indefinido de la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde se recoge el destino de los superávits o de los remanentes de tesorería y sin necesidad de pasar por los Presupuestos Generales del Estado o aprobación de decretos ley.

Esta es una disposición clave para la gestión local que, bajo ciertas condiciones de buena salud financiera, permite a las comunidades autónomas y corporaciones locales usar sus ahorros para invertir en proyectos que mejoren sus finanzas y servicios a largo plazo, en lugar de solo usarlos para pagar deuda, y se ha usado como herramienta de flexibilidad fiscal en épocas difíciles, como fueron la pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania en los primeros meses del conflicto.

Convocatorias desiertas

Para Brito, el problema no es ya tanto el usar el dinero del superávit durante los dos próximos años para hacer inversiones financieramente sostenibles como el hecho de que "ahora no hay suficientes empresas que puedan ejecutar la obra pública, y nos consta que hay convocatorias que están quedando desiertas por falta de mano de obra, y eso afecta los precios de los proyectos y provocan un elevado sobrecoste".

Un problema que ya evidenció el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, en un debate en el Parlamento cuando, en su condición de diputado, alertó de que la escasez de mano de obra cualificada está ralentizando la actividad y dejando sin cubrir necesidades básicas: "A veces la construcción de un colegio o la reforma de un hospital quedan desierto".

Problema estructural

"El fracaso de múltiples licitaciones públicas ha dejado de ser un fenómeno puntual para convertirse en un problema estructural que compromete la ejecución de obras y servicios esenciales", remachó en su momento Curbelo.

"Este es un problema que, sobre todo, afecta a los municipios más pequeños y que hay que resolver sin falta", concluyó la presidenta de la Fecam.

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