Registran la aerolínea que trajo las mascarillas de China a Canarias

La Policía Nacional irrumpió esta mañana en la sede de la aerolínea española Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, dentro de una investigación por presunto blanqueo de capitales. Un movimiento que devuelve a la actualidad a una aerolínea marcada por polémicas, rescates públicos y conexiones empresariales de largo alcance que salpican a Canarias. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y bajo secreto, se centra en el área económico-financiera de la compañía. El registro vuelve, en cualquier caso, a situar bajo la lupa a una empresa rescatada con 53 millones por el Estado en marzo de 2021 y con inversores cercanos al chavismo, cuya actividad tuvo un capítulo notable en las Islas durante la pandemia.

Ese vínculo con el Archipiélago se remonta a los momentos más críticos de la crisis sanitaria generada por el covid, cuando la competencia por adquirir material de protección llevó al Gobierno canario –gobernado entonces por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres– a activar la vía de emergencia. Con el mercado global tensionado, el Servicio Canario de la Salud, entonces dirigido de manera interina por Antonio Olivera, adjudicó sin concurso –a dedo– dos vuelos directos desde China para traer mascarillas y equipos médicos. La empresa beneficiada fue One Airways, radicada en Tenerife, que no tenía autorización para operar rutas de larga distancia y que, para cumplir el encargo, recurrió a Plus Ultra.

Fue esta última, con aeronaves de mayor capacidad, la que ejecutó en abril y mayo de 2020 los dos enlaces entre Shanghái y las Islas, los primeros vuelos directos de la historia entre Canarias y el gigante asiático. Aquella operación supuso un desembolso público de algo más de un millón de euros (1,125 millones) y dejó numerosas dudas sobre la idoneidad del proceso, los criterios utilizados y la situación financiera de la aerolínea subcontratada, que llevaba años acumulando pérdidas y que dependía de líneas de financiación procedentes de sociedades radicadas en Panamá.

Proyecto de impacto

En paralelo, la figura de One Airways adquiría protagonismo en otro proyecto de impacto para las Islas: la creación de Canarian Airways. El plan, impulsado por un grupo de empresarios turísticos tinerfeños con el respaldo inicial del Cabildo de Tenerife –que anunció una aportación económica–, aspiraba a crear una compañía «propia» que reforzara la conecti’vidad de Tenerife, que redujera la dependencia de las grandes compañías y atrajera turistas directamente a los hoteles del Archipiélago. Una especie de turoperador made in Canarias. Sus promotores fueron la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, y más en concreto su presidente, Jorge Marichal.

One Airways debía actuar como operador aéreo mientras obtenía los permisos necesarios para operar aviones de mayor tamaño. Durante 2021, las expectativas fueron elevadas. Se anunció que se pondrían a la venta billetes para rutas nacionales e incluso se hicieron planes para incorporar un segundo avión a medio plazo. Pero la realidad fue otra y el proyecto no acabó de despegar. En junio de 2022, sus promotores admitieron que el proyecto quedaba suspendido indefinidamente y el único avión disponible regresó al hangar. Aquel cierre confirmó que la iniciativa no llegó a consolidarse pese a la fuerte inversión reputacional y política que generó a su alrededor.

El registro de esta mañana y las detenciones de los altos cargos de la aerolínea añaden un nuevo capítulo a la tormentosa trayectoria de Plus Ultra. Desde la compañía insistieron en que están colaborando plenamente con los investigadores. Pero el movimiento judicial pone otra vez sobre la mesa viejas sombras: la justificación del rescate millonario, la estructura accionarial ligada a empresarios venezolanos próximos al régimen de Nicolás Maduro y la compleja red societaria que sirvió para financiar a la aerolínea durante años. Hace dos años, la Audiencia Provincial de Madrid avaló el archivo de la causa sobre el rescate al no apreciar delitos. La jueza Esperanza Collazos entendió que no había indicios de que la ayuda hubiese sido ilegal, pero la discusión política nunca terminó de apagarse.

Para Canarias, ese movimiento judicial vuelve a sacar a la luz una etapa marcada por decisiones tomadas al límite de la urgencia, conexiones empresariales poco habituales y un proyecto aeronáutico local que acabó frustrado. También recuerda que, más allá del tráfico internacional que anunciaba la aerolínea o del rescate millonario que recibió, su presencia en las Islas siempre estuvo ligada a episodios que generaron debate político y cuestionamientos públicos.

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