Canarias se asoma al abismo del principio de ordinalidad en el reparto de los fondos estatales

Antes de la llegada de la próxima primavera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el nuevo modelo de financiación autonómica. Desde que hizo el anuncio se suceden las filtraciones en torno al calado de la reforma. Lo más llamativo es la recuperación del principio de ordinalidad para mantener al frente de la Generalitat a Salvador Illa. Esa fórmula se traduce en que las regiones que más aportan son las que más dinero reciben del Estado para cubrir los servicios esenciales. Malas noticias, Canarias es la que menos mete en la caja común de España.

En las Islas no quieren ni oír hablar de la ordinalidad. Aplicarla significaría, sostienen en el Gobierno de Canarias, una merma muy sensible en los servicios sanitarios, educativos y sociales que reciben los ciudadanos del Archipiélago. Sin embargo, es una de las condiciones que puso Esquerra (ERC) para apoyar la investidura de Illa como president de la Generalitat en el verano de 2024.

Efectos

El economista sénior de Funcas Santiago Lago dibuja las grandes líneas del acuerdo PSOE-ERC en lo que respecta a la recaudación tributaria: «Mayor autonomía fiscal y un modelo similar al sistema foral del País Vasco y Navarra. La Agencia Tributaria de Cataluña gestionaría la recaudación y se establecería una contribución limitada a la nivelación interterritorial, siguiendo el principio de ordinalidad». Y ante su posible cumplimiento, el propio Lago, también catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, advierte de que el pacto «requiere aprobación legislativa» y «plantea riesgos, como reducir la capacidad de respuesta ante crisis asimétricas». Añade que aplicarlo supondría un incentivo para otras comunidades autónomas, que podrían solicitar «un régimen similar, impactando el equilibrio fiscal nacional y el modelo de descentralización» actual.

El sistema de financiación autonómica vigente se basa en que cada territorio dé según su riqueza y su capacidad normativa, porque algunas figuras impositivas como el IRPF admiten un margen de maniobra. Solo atender a estos mimbres permite atisbar por qué el Archipiélago aporta menos.

La línea no es recta

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, advierte de que las cuentas que pretenden hacer en Cataluña carecen de justicia. «Habría que partir de las balanzas comerciales», expone. Es decir, no puede trazarse una línea de partida desde la que cada cual muestre su capacidad de avanzar cuando esa línea no es recta. El más claro ejemplo se encuentra en la ultraperificidad del Archipiélago. ¿Puede realmente un territorio alejado del continente competir en igualdad de condiciones con otros situados en plena Europa? ¿Puede incrementarse su presencia en sectores de alto valor añadido como el industrial cuando su territorio es mucho más escaso y, además, está fragmentado?

Si la oportunidad de generar riqueza es menor, la aportación vía impuestos de ciudadanos y empresas, también. Pero es que en el caso de las Islas existe una fiscalidad especial consagrada en el REF. La caja común estatal se nutre con el 50% de lo recaudado por IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales. Pues bien, Canarias, en base a esa ley que la sitúa fuera del territorio de imposición europeo, no tiene IVA ni algunos impuestos especiales –varios cedidos a la comunidad autónoma– como los de hidrocarburos, alcohol o tabaco.

Quien más tiene

El principio de ordinalidad no dice que un territorio deba recibir todo lo que recauda, pero sí que quien más aporta sea el que más recibe y se continúe según ese criterio hasta la decimoséptima comunidad autónoma. En ese último puesto siempre aparecería el Archipiélago, con lo que la brecha interterritorial se agigantaría hasta generar una España de varias velocidades, con Canarias en el vagón de cola.

Hace poco más de dos semanas, el buen comportamiento de la economía española llevó al Ministerio de Hacienda a revisar las entregas a cuenta que recibirán las comunidades autónoma el año próximo. A Canarias le corresponderán 7.101 millones de euros –de los 157.000 millones a repartir–, cantidad que supera en un 7,7% la recibida este año.

Junts empuja

Poco después de ese ajuste al alza llega el anuncio de la también vicepresidenta primera María Jesús Montero sobre la inminente presentación de un nuevo sistema de financiación autonómica. El momento político en el que se produce no puede obviarse. Junts ha terminado de estrangular la legislatura actual poniendo la proa a cuanta propuesta pueda llegarle desde la Moncloa. El presidente Pedro Sánchez apuesta por agotar su mandato contraviniendo el deseo cada vez más evidente de una oposición favorecida por la maniobra de Junts.

Haber devuelto al constitucionalismo al Palau de la Generalitat es parte del legado que los socialistas no quieren perder. Una de sus grandes victorias después de la convulsa etapa vivida en Cataluña con el PP en el Gobierno central. Es más, satisfacer las aspiraciones de ERC en este momento significa apretar un nudo que tendría que deshacer un potencial gobierno conservador.

Solidaridad limitada

«El principio de ordinalidad quiere decir que la solidaridad tiene un límite», subraya Matilde Asián. Es decir, se basa en el principio de repartamos entre los territorios solo hasta que se garantice al mejor situado que va a continuar ocupando su posición al margen de cualquier otra consideración. Un modo de operar que acaba con la igualdad entre todos los ciudadanos del país; unos tendrán mejores hospitales que otros, sin ir más lejos.

Y de fondo otra sospecha canaria que, al menos de momento no pasa de ser eso. ¿Cómo puede Madrid hacer ver que a las Islas se les resta menos? Volviendo a incluir en el reparto los fondos del REF que tanto costó sacar de la ecuación. El fuero canario es la herramienta para soslayar las mayores dificultades que tienen los canarios por, entre otras cuestiones, la lejanía. Perder ese horizonte sería empezar la carrera del reparto con varias vueltas de desventaja.

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