Funcionario ‘versus’ asalariado: al menos 300 euros más en la nómina

Los salarios y las condiciones laborales del sector público atraen cada vez a más personas dispuestas a prepararse una oposición o concurrir a través de una lista para lograr meter la patita en la administración.

El debate acerca de si se gana más o se disfruta de más beneficios en el empleo público que en el privado es uno de los más enraizados en el Archipiélago. Y lo cierto es que la comparativa entre uno y otro no deja lugar a dudas. Como mínimo, el salario en el empleo público es de media 300 euros más alto que el que cobran los trabajadores de las empresas canarias.

Uno de los principales motivos de esta brecha es que en la administración tiene mayor peso el empleo cualificado. Médicos, profesores, informáticos, jueces o fiscales engrosan los salarios del tejido público. Frente a un sector privado en el que los altos directivos y los perfiles más cualificados conviven con empleados de baja cualificación con ingresos mucho más modestos, que, por otro lado, son la inmensa mayoría en el Archipiélago.

Desigualdad retributiva en Canarias

Una situación que genera una desigualdad retributiva, que en Canarias se acentúa, porque debido a la tipología de su tejido productivo –basado esencialmente en los servicios– los sueldos en la región están entre los más bajos de España. Una dicotomía que inclina la balanza sobre el sector público cuando a los jóvenes les llega el momento de decidir qué hacer con su vida. Pero también en el caso de muchas personas que bien entrados los cuarenta, tras haber pasado toda su vida laboral en el sector privado, deciden que quieren trabajar para la administración.

Sin embargo, se debe puntualizar que no es oro todo lo que reluce en el sector público. La variabilidad de puestos y, por consiguiente, de salarios es inmensa. No existen solo diferencias en función de la categoría, sino también entre las distintas administraciones, porque no cobra lo mismo un administrativo que trabaja para el Estado, que el que presta servicio en la comunidad autónoma, un cabildo o un ayuntamiento. Y aunque dentro de la administración hay trabajadores que cobran salarios muy modestos –tan solo hay que ver los 1.454 euros que ganan quienes tienen la categoría de telefonista en la administración autonómica o los 1.442 euros que cobra el personal laboral del grupo V del Servicio Canario de Salud (SCS)– no es menos cierto que existen otras categorías con nóminas mucho más abultadas. Como los 5.183 euros brutos que ingresa un director del área de informática, los 4.533 de un funcionario jefe de área de la comunidad autónoma o los 6.446 euros mensuales de un comisario jefe de la policía autonómica, de acuerdo con los datos de retribuciones del personal estatutario, funcionario y laboral publicadas por el Gobierno de Canarias.

Brecha

Sueldos altos y sueldos más modestos que en los diferentes departamentos de la administración regional arrojan salarios medios bastante más altos que los que se cobran en el sector privado. De acuerdo con la Encuesta trimestral de coste laboral, el salario que las empresas isleñas pagan a sus trabajadores alcanzó en el segundo trimestre de este año los 1.936 euros. Una cifra que está 296 euros por debajo de la media más baja obtenida si se calcula la de los diferentes departamentos de la administración regional.

Pero, ¿por qué existe esta diferencia sustancial entre uno y otro sector? El secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández, explica que las diferencias salariales derivan, principalmente, de que el sector público demanda en mayor medida trabajadores cualificados, mientras el privado es un totum revolutum de ocupados con mayor disparidad salarial, lo que hace aminorar la media.

En el Archipiélago existen además otra serie de factores que provocan que la brecha salarial entre quienes se dedican al sector privado y los que trabajan en instituciones, organismos y empresas públicas sea todavía mayor. Tenemos una economía basada en los servicios, muy intensiva en personal y con una productividad muy baja. Una situación que reduce los márgenes de las empresas e impide que se puedan pagar salarios más altos. «La diferencia aquí, por tanto, se nota más que en otras regiones donde la industria o las actividades tecnológicas tienen un mayor peso», explicó Hernández.

Generación opositora

Un escenario que genera que una de las aspiraciones profesionales más común entre los más jóvenes sea convertirse en funcionario. En Canarias, el 62% de quienes tienen entre 18 y 55 años ya se ha preparado una oposición, está estudiando para examinarse o está pensando en hacerlo. Pero más allá de la ambición salarial, la gran aspiración de las nuevas generaciones para querer trabajar para la administración sería conseguir la tan ansiada estabilidad.

En un mercado laboral cambiante y lleno de incertidumbre, tener la certeza de que el salario –mucho o poco, eso dependerá del grupo al que se pertenezca dentro de la propia administración– llegará mes tras mes, casi es la única garantía de poder afrontar con seguridad metas personales que en el pasado no parecían tan utópicas como ahora. Un sueldo fijo facilita comprar una vivienda, tener una familia y salir de vacaciones al menos una vez al año. De hecho, los funcionarios consiguen mejores condiciones en las hipotecas y son perfiles muy demandados por los arrendadores. Cuestiones que no son baladí en un territorio donde el acceso a la vivienda se ha vuelto más complicado que nunca.

Así lo ve el profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna (ULL) Josué Gutiérrez. «Antiguamente el sector privado ofrecía estabilidad en el empleo», explica. Un concepto que ahora ha cambiado de lleno «no porque no quieran ofrecerla, sino porque no pueden hacerlo en una economía que cambia tan rápido». Frente a esto y en un contexto que pone tantas trabas al emprendimiento, muchos ven en la carrera en la administración pública su único trampolín hacia la estabilidad. «El sistema está hecho para que la gente quiera opositar», apunta.

Y parece que trabajo no va a faltar en los próximos años. El sector público se enfrenta a la gran jubilación, ya que buena parte de sus plantillas está ya en la casilla de salida de su vida laboral. Por lo que será necesario convocar miles de plazas para sustituir a los funcionarios que ahora están trabajando. Porque, aunque pueda parecer que en los últimos años se han sacado muchísimas vacantes, lo cierto es que durante los años de crisis económica la tasa de reposición impidió sustituir a los funcionarios que se jubilaban, precisamente, con el objetivo de adelgazar la administración, generando un déficit de personal respecto a las anteriores plantillas.

152.000 empleos públicos

En la actualidad hay 152.595 empleados públicos en Canarias: 23.135 estatales, 94.400 de la comunidad autónoma y otros 35.060 en cabildos y ayuntamientos. Esto si se atiende a los datos del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Si se tiene en cuenta la Encuesta de Población Activa, el sector público da trabajo a 166.600 personas en Canarias, que representan un 19,1% del total de asalariados del Archipiélago. ¿Mucho o poco? Lo cierto es que el porcentaje no ha variado demasiado en los últimos años y se ha movido en una horquilla entre el 18% y el 22%. Pero es evidente es que no podrá entrar todo el mundo que quiera, porque la administración no puede engordar hasta el infinito, ni es adecuado que el sector del que se nutre lo público para funcionar –las empresas y la economía privada que paga a través de los impuestos los salarios y gastos de gobiernos, cabildos, ayuntamientos y otros organismos– adelgace todavía más. «El sector público no genera valor añadido neto porque se nutre del sector privado y estamos construyendo una economía muy basada en lo público», argumenta Juan José Hernández. Por lo que valora que no se debe «dejarlo crecer sin límite porque estamos secando al mismo tiempo la fuente de la que se nutre verdaderamente».

Pero entonces, ¿qué puede hacerse para revertir la situación? Sería fácil pensar que se debería promover mejores condiciones en el sector privado para que los nuevos trabajadores lo vean como una opción más atractiva. Pero no es tan sencillo. «No confío en que se haga nada», lamenta el sociólogo Josué Gutiérrez, porque el sistema de autónomos –que debería servir de palanca para fomentar el emprendimiento– apenas ha variado desde los años 90 y para incrementar los salarios no son suficientes las buenas intenciones. «Subir los salarios mínimos afecta a los autónomos y los empresarios y muchos viven ya con la soga al cuello, faltan ayudas directas y ágiles», valora el profesor de la ULL.

Subida salarial en la empresa privada

Hernández expone que cualquier incremento de salarios que no se haga a través de un aumento de la productividad supone directamente nuevos costes para los empresarios, que ya tienen de por si unos márgenes bastante estrechos. «Las empresas pueden pagar por lo que se produce, una empresa privada no puede subir los sueldos en función de cómo lo hace el mecanismo del Estado», evidencia. De hecho, un reciente acuerdo entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos mayoritarios en la administración ha fijado un incremento salarial para los empleados públicos de un 11% para los próximos cuatro años, atendiendo a la pérdida de poder adquisitivo que habían experimentado en los últimos ejercicios.

Ante estas perspectivas no parece que la brecha entre el sector público y privado vaya a mitigarse en los próximos años. Y además de las diferencias ya mencionadas, quienes buscan un empleo en la administración pública también señalan otros beneficios como un trabajo mucho más garantista con los derechos de los trabajadores. Conciliación, horario fijo cuando se requiera debido a las cargas familiares y poder acceder a días de permiso por fallecimiento u hospitalización son derechos que, en teoría, deberían tener todos los trabajadores. En la práctica es mucho más fácil solicitarlos y disfrutarlos cuando mantener tu puesto de trabajo no depende directamente de la cantidad de faena que sacas cada día.

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