El Estado amenaza a Canarias con tumbar el plus anual de 400 euros para los pensionistas que menos cobran

Canarias anunció a principios de este mes de noviembre que implementaría un plus anual de 400 euros, repartidos en dos pagos, para los cerca de 42.000 perceptores de pensiones no contributivas (PNC). Sin embargo, el Gobierno central remitió este jueves una carta a la Consejería de Bienestar Social en la que avisaba de la posible inconstitucionalidad de esta medida, al considerar que el Ejecutivo regional ha invadido competencias del Estado, que es quien gestiona estas prestaciones a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Esta ayuda extra, que el gobierno autonómico había incluido en el proyecto de ley de presupuesto, se había planteado como un complemento para las familias más vulnerables que se cobraría a través de la Renta Canaria de Ciudadanía. De esta forma, los 41.759 beneficiarios accederían a este importe adicional de manera directa, sin necesidad de solicitarlo.

En Madrid, en cambio, no ha convencido la fórmula arbitrada por el Archipiélago y ha amenazado con llevarla al Tribunal Constitucional. «Nuestra sorpresa ha sido que esta semana recibimos una carta del Gobierno de España en la que nos anuncia su intención de bloquear este plus para las personas más vulnerables del territorio insular», denunció en comisión parlamentaria la Consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son aquellas que perciben quienes llegan a la edad de jubilación –o bien sufren incapacidad permanente– sin haber cotizado los 15 años necesarios para poder cobrar una pensión ordinaria, es decir, una pensión contributiva. Por esta razón, las pagas no contributivas, de cuya gestión se encarga el Imserso, son sensiblemente más bajas que las prestaciones que gestiona la Seguridad Social.

En estos momentos, según los últimos datos del Imserso, hay en Canarias ese total de 41.759 perceptores, de los cuales 25.517 cobran la no contributiva de jubilación y 16.242 la de incapacidad permanente. En el primer caso, la cuantía media ronda los 558,58 euros y en el segundo, los 604,01.

Durante su intervención, Delgado elevó la cifra total en unas 2.000 personas, hasta los 43.934 beneficiarios. No obstante, al ser competencia del Estado, es el Imserso el que en última instancia aporta el dato oficial –al menos el último dato oficial publicado–.

Madrid no ha cumplido

Según argumentó la consejera, su departamento ha trabajado con mucha cautela desde hace dos años. «Sabemos que el límite de ingresos para acceder y mantener una pensión no contributiva es muy estricto y que, si se supera, la persona puede perderla», explicó.

Para evitar «ese efecto perverso», impulsaron un debate en el Congreso de los Diputados para que el Estado reconociera de forma expresa la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las ayudas del sistema nacional. La iniciativa salió adelante, por lo que se solicitó a la Seguridad Social articular una regulación que impida que una prestación autonómica descuente o bloquee la pensión. Aunque, por el momento, el Estado aún no ha realizado esta modificación legislativa.

La respuesta del Archipiélago

Canarias, por su parte, prepara un escrito que remitirá como respuesta legal a la comunicación estatal. En el documento, incluirá los argumentos a favor de mantener este complemento que, según defendió Delgado, no infiere en sus atribuciones: «Todo lo contrario, es un extra que elevaría el nivel de vida de las personas que viven exclusivamente de una pensión no contributiva». Así, reiteró que el Archipiélago «no pide cheques en blanco ni soluciones milagrosas» y criticó la manera de proceder del Gobierno de Pedro Sánchez: «Parece que su mayor preocupación es bloquear una ayuda que está en el proyecto de ley de presupuestos y que no pone en riesgo la pensión estatal».

La ampliación de este bajo importe que perciben los beneficiarios de PNC ha sido una demanda histórica de Canarias, la región con mayor tasa de perceptores y la quinta en número absoluto, pese a ser una comunidad de tamaño medio. Desde la primera legislatura de Clavijo, el Gobierno viene exigiendo al Estado una subida que ahora se produciría de manera automática. Eso sí, aún no se ha definido en qué meses se cobrará este plus, si finalmente saliera adelante.

Suscríbete para seguir leyendo