Grupos del 'cuatripartito' muestran perplejidad ante la petición del PP sobre Torres y las mascarillas

En el seno de los grupos que acompañan al PP en el ‘cuatripartito’ (CC, ASG y AHI) que sostiene al Gobierno autonómico se ha instalado la perplejidad ante la "precipitada" maniobra política de los conservadores de solicitar una nueva comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento del expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre la base del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo relaciona con los contratos de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión y de test de antígenos a la empresa Megalab, ambas vinculadas a la trama de corrupción del empresario Víctor de Aldama, Santos Cerdán, José Luis Ábalos –exsecretarios de Organización del PSOE– y el ex asesor de éste en el Ministerio de Transportes, Koldo García.

El desconcierto instalado en varios de los socios del PP viene dado por varias cuestiones fundamentales, entre las que está que los conservadores ya han anunciado una cuarta comparecencia del ministro en el Senado "que con toda probabilidad se celebrará antes que la que se solicita en Canarias y no dirá nada distinto".

Además, existe el hecho de que De Aldama y García han sido citados los días 27 y 28 de noviembre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno "y pueden aportar más detalles aún que, por ejemplo, acaben con ellos en prisión y lleven al magistrado a citar en calidad de investigado al propio Torres", lo que implicaría que el ministro se acoja en el Parlamento a su derecho a no declarar por estar sujeto a investigación judicial, por no hablar de que los acontecimientos pueden precipitarse en las próximas semanas.

De hecho el fiscal Luis Pastor pidió las citaciones de García y De Aldama al considerar quela UCO apuntó que los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo" que el empresario pagó al exasesor de Ábalos desde octubre de 2019, «en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores".

Olivera entra en juego

Los agentes de la UCO también apuntaron que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y, unos meses después, director del Servicio Canario de Salud (SCS) Antonio Olivera, garantizó la adquisición de mascarillas mientras los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria "aún se estaban dilucidando la viabilidad de la operación", expresando "dudas" por el precio "fuera de mercado" y la calidad del producto ofertado.

La UCO concluye que Soluciones de Gestión "ya estaría suministrando mascarillas" a al Gobierno del 'pacto de las flores' '"incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato" y llama la atención sobre "el control" que García tenía en estas operaciones, llegando a preguntar a Olivera "la cantidad de material que se pueden quedar".

Ocho preguntas clave

Otro punto conflictivo que declaran en privado los socios –que en ningún momento van a oponerse a la propuesta del PP– para justificar su desconcierto con los conservadores es que, además, tanto Fernando Enseñat como Jennifer Curbelo "explicitaron las ocho cuestiones clave que, a su entender, deberá contestar Torres en la comisión de investigación, por lo que tendrá más de un mes para preparar sus respuestas".

Y, por último, está la cuestión del calendario, ya que la propuesta del PP complica en gran medida el trámite para tener concluido el informe final de la comisión que investiga las posibles irregularidades de material sanitario por parte del SCS durante la pandemia.

Calendario complejo

La complejidad del informe que deben elaborar los ponentes llevó el 3 de octubre a los miembros de la mesa de la comisión –Raúl Acosta (AHI), Gustavo Santana (PSOE) y Luz Reverón (PP)–, a darse dos meses de plazo más –la intención inicial era culminar los trabajos el 20 de octubre–tras constatar el poco tiempo que restaba para conformar un documento final en el que no solo se dirimirán las responsabilidades políticas de lo sucedido, sino que habrá propuestas para mejorar los mecanismos de control de las contrataciones públicas en futuras situaciones de emergencia prolongada.

Casi todos los ponentes se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que sea factible tener las conclusiones cerradas y que sean aprobadas en el último pleno de diciembre, previsto para el 17 de ese mes, toda vez que el próximo 25 de noviembre comienza el debate del proyecto de presupuestos regionales para 2026 y la práctica totalidad de los ponentes también forman parte de la Comisión de Presupuestos, por lo que con toda probabilidad se solaparán las fechas y es muy probable que se deba habilitar el mes de enero para dar por concluida una comisión que se constituyó en mayo de 2024.

En este escenario ha caído como una bomba la propuesta del PP, ya que ahora la Mesa de la comisión deberá convocar una nueva reunión para que sus 17 sus miembros abandonen la tarea de elaborar el informe debatan si acceden a la petición y decidir en qué fecha comparecerá el ministro: "es muy difícil tanto por los trámites parlamentarios como por la propia agenda del ministro, que declare antes de enero", concluyen los diputados consultados.

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