El Constitucional ‘tumba’ el nuevo sistema de retribuciones del director del Servicio Canario de la Salud

El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto en favor de los criterios del Estado el recurso interpuesto por la Administración central contra la Comunidad Autónoma a cuenta del nuevo sistema de retribuciones del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), fruto de una disposición incluida en los actuales presupuestos generales del Archipiélago, los de 2025.

Fue el pasado 30 de septiembre cuando el Gobierno estatal, a través del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció que presentaría un recurso contra dos disposiciones de la ley de presupuestos autonómicos para 2025. La cuestión central era que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez entendían que no había lugar al nuevo sistema de retribuciones de los gerentes de los hospitales públicos. La novedad era que se les garantizaba a estos altos cargos una retribución que en todo caso sería igual, como mínimo, a la que venían percibiendo en su actual desempeño, ya fuera en la Administración pública o en sector privado. Además, esa prerrogativa se hacía extensiva al director del SCS, en la actualidad Adasat Goya, y el Gobierno estatal apuntó al respecto, además, que en este caso no había posibilidad alguna por cuanto el director del SCS no es un alto cargo, sino un directivo que, como tal, deberá percibir las correspondientes retribuciones fijadas en la normativa de empleados públicos.

El caso es que el Constitucional ha resuelto anular la disposición final que introducía este nuevo sistema de retribuciones, amén de hacer lo propio con una segunda disposición sobre una disparidad de criterios en torno al porcentaje de inversión en los puertos deportivos y su período de ejecución. Respecto de esto último, el Estado defiende una inversión por encima del 50% (20% en las cuentas canarias) y un plazo de ejecución de seis meses (en la ley canaria se establece de cuatro a seis años).

Desde el Ejecutivo canario explicaron este martes que incluso desde antes del anuncio del recurso por parte de Torres ya había disposición para alcanzar un acuerdo sin llegar al Constitucional, una disposición que, aseguran desde el Gobierno autonómico, no encontraron del lado del Estado.

«Lo que ha quedado demostrado por parte del Gobierno del Estado es que nunca ha tenido voluntad de alcanzar ningún acuerdo con el Gobierno de Canarias, ni siquiera cuando el Gobierno canario ha aceptado sus propuestas ni en febrero ni ahora. El Estado ha optado por la vía de la confrontación con Canarias en lugar de la del diálogo que es la que siempre en todos los ámbitos ha optado el Gobierno de Canarias», explicaron desde el Gobierno canario.