Los centros de crisis 24 horas de Canarias atendieron a 400 personas desde mayo, dos asistencias al día por violencia sexual

Los cinco centros de crisis 24 horas de Canarias han atendido desde su apertura el pasado mayo a cerca de 400 personas, de las que 339 fueron víctimas directas de violencia sexual -35 de ellas, menores de 18 años, que es el 10% de los casos-, lo que se traduce en una media de dos asistencias al día en los últimos seis meses.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada ayer, Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, explicó que el Ministerio de Igualdad aprobó por mayoría simple una orden para acreditar a las víctimas de violencia sexual, así como «una serie de requisitos» para solicitarla en un organismo público, según lo contemplado en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de libertad sexual y como parte del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Delgado señaló que la acreditación «tiene que ser con carácter no finalista y además tienen que ser expedidas por una administración pública». La orden incluirá un listado de los organismos facultados para expedirla. Además, la resolución prevé ayudas económicas a las que pueden acceder las víctimas por medio de esta acreditación administrativa.

Según los registros de la consejería, en el último medio año se han gestionado a su vez 58 solicitudes de apoyo procedentes de familiares directos de las víctimas, que reclamaron asistencia psicológica, social y jurídica. La Consejería cifra en 161 las activaciones por parte del 112, servicios ya vigentes antes de la apertura de los centros de crisis de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Decreto canario

La consejera defendió que la comisión creada para tratar este asunto lleva «más de un año de trabajo» y subrayó que la orden estatal es condición necesaria para que Canarias pueda aprobar su propio decreto y activar la partida presupuestaria prevista en 2026. «Necesitábamos adelantar todo posible estas acreditaciones porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder establecer nuestro decreto aquí en Canarias», aseguró. Sin esa normativa estatal, explicó Delgado, no era posible regular las ayudas autonómicas ni poner en marcha los procedimientos de concesión.

Además, los solicitantes podrán acceder a esta acreditación aunque no hayan presentado denuncia previa, el procedimiento penal se encuentre en trámite o cuyo procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, quienes hayan interpuesto denuncia, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por cualquier causa, «siempre que haya transcurrido el plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de su notificación», puntualizan desde Igualdad.

La acreditación tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde el día siguiente al de la emisión del título acreditativo, o desde que la víctima cumplió la mayoría de edad, si la acreditación se emitió siendo esta menor de edad. Asimismo, Igualdad asegura que ese plazo de cinco años podrá solicitarse nuevamente.

La Conferencia Sectorial también abordó la renegociación del convenio para el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género de España (Viogen) y las incidencias en el sistema de protección telemática. Sobre las incidencias en las pulseras del sistema Cometa, Delgado afirmó que «los fallos detectados ya se han ido subsanando» y que los problemas de conectividad detectados se resolvieron «sobre la marcha», aunque no se facilitó el número exacto de dispositivos afectados.

La consejera se refirió también a la operación Tritón, vinculada a desapariciones de menores y posible red de trata, y recordó que la causa permanece «en secreto de sumario». La Consejería remitirá a la Fiscalía la información sensible y se personará en el procedimiento cuando el acceso al sumario lo permita.