Silvia Aldavert, presidenta de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos: "La objeción de conciencia no debería estar permitida en la sanidad pública"

La activista y politóloga catalana, Silvia Aldavert lleva décadas preocupada por el acceso de las mujeres al aborto. Tras realizar algunos estudios, Aldavert ha desarrollado a través de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos la plataforma ‘Quiero Abortar’. Una herramienta con la que ayuda y asesora a mujeres que necesitan conocer los recursos disponibles para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo.

Aldavert insiste en que una alta objeción de conciencia se puede llegar a convertir en un problema para las mujeres que quieran acceder a este recurso ya que no hay «tantos médicos» como para sustituir a los que no quieren hacerlo. Sin embargo, admite que hay aún muy pocos datos proporcionados por las comunidades autónomas para saber si los datos de objeción de conciencia en Canarias son "altos" o no.

¿Cuál es el trabajo de vuestra asociación y cómo surge?

Nuestra asociación lleva décadas acompañando mujeres en en en cuando necesitan abortar. En los últimos dos años hemos hecho varios informes y uno de ellos ha sido clave para nosotros: El informe de barreras de acceso al aborto en el Estado español. En él analizamos en profundidad las diferentes barreras que hay en el acceso al aborto, siendo la primera la falta de información. Es cierto que, a día de hoy, se está enmendando un poco, porque estamos hablando de que nuestros datos eran desde del 2021, pero la realidad es que todavía nos encontramos con que es muy complejo para las mujeres poder acceder a información que sea veraz, contrastada, y que acompañe el proceso de su decisión. A partir de entonces creamos la web de Quiero Abortar incluyendo información específica para cada comunidad autónoma. Y es que aunque tengamos una ley estatal, como la implementación depende de la de los gobiernos regionales, en la práctica cada gobierno tiene su propia ley.

¿Y cómo proporcionan esa información?

Además de la página web, tenemos también tenemos la línea del aborto y WhatsApp, en el cual acompañamos a las mujeres con casos determinados y según sus peticiones. La información es un tema clave, porque al no haber campañas públicas de sensibilización, ni espacios oficiales que den una información clara, veraz y fácil y accesible, para las mujeres el aborto tiene implícito un tabú y un estigma. Esto provoca que muchas mujeres acaben en espacios o en páginas que buscan todo lo contrario, como las de los movimientos contra el aborto.

¿Qué información es la que más le suelen solicitar?

Es muy básica. Todavía estamos en ese momento en que las mujeres cuando contactan con nosotras lo que necesitan saber es si el procedimiento es legal. En general hay tres interacciones básicas:cuentan un poco su caso, hasta cuántas semanas puede hacerlo y si es gratuito. Además, según el territorio hay preguntas más específicas, sobre todo relacionado con los servicios que tienen cercanos y cuál es el circuito que deben seguir para hacerlo. Otra de las cuestiones que más predomina es sobre cómo hacerlo cuando no disponen de tarjeta sanitaria.

¿No se puede practicar sin tarjeta sanitaria?

Bueno, es uno de de las barreras y obstáculo que tienen muchas mujeres eh esto en todo el Estado. A menudo lo tienen que tramitar a través de de otros espacios, como ONGs como Médicos del Mundo, que son las que pueden dar el acceso al aborto sin tener tarjeta sanitaria.

¿Cuál es el circuito para el aborto?

Pues depende de las semanas de gestación y del tipo de procedimiento. Durante las primeras 14 semanas se suele utilizar el procedimiento farmacológico, a partir de las 14 semanas suele ser instrumental. Luego tenemos los abortos de más de 22 semanas que son casos muy complejos que necesitan una autorización de un comité clínico. Ahí ya se abre como un escenario bastante complicado, teniendo en cuenta que la mayoría de estos casos son mujeres que tienen embarazos muy deseados y un diagnóstico fetal grave en ese momento. La ley las obliga a pasar por ese comité clínico y no siempre los comités clínicos autorizan.

¿Cómo ha sido el avance del aborto en España?

La primera ley, que despenalizó el aborto en tres supuestos fue la del 85. Dichos supuestos (violación, malformaciones del feto y riesgo para la salud de la madre) permitieron abortar legalmente hasta el 2010. Sin embargo, durante esos 30 años nunca la decisión la podía tomar la mujer, siempre tenía que ser un profesional y, además, no era gratuito. De ahí también que se crearan las clínicas especializadas que a día de hoy son las que están acreditadas y a las que se derivan los abortos. En 2010 cambió la ley y ya empezó un escenario nuevo el que se tenía que ir incorporando el aborto en la sanidad pública con todas sus dificultades. La red no estaba preparada, los profesionales no estaban formados y la objeción de conciencia era muy importante en muchos lugares del Estado. Y ahora en 2023, nos adentramos en un nuevo escenario.

¿Ha ayudado el cambio de ley a cambiar la situación de las mujeres?

El camino a recorrer es largo todavía. En la ley del 2023 se incorporaron cuestiones que realmente han sido muy innovadoras a nivel legislativo, pero quedan muchísimas cosas por mejorar. Pero es cierto que durante los últimos años con estos cambios de leyes, debates públicos y también todo el trabajo que que desde la los movimientos, organizaciones feministas y también de profesionales sanitarios que que son activistas y están a favor de del derecho al aborto, han facilitado cambiar la percepción social.

¿Están encontrando escollos para el desarrollo de la ley?

El hecho de que las competencias sanitarias dependan de los gobiernos de las comunidades autónomas hace que nos encontremos en un momento complejo con respecto a su puesta en marcha. Muchos gobiernos autonómicos están liderados por partidos o políticas de extrema derecha, con lo cual son con específicamente anti aborto. Su objetivo es no llegar a desarrollar o no implementar esta ley como debería.

¿Diría que sigue existiendo el tabú?

Ya no estamos en un momento en que hablar de aborto sea tan tabú, estigmatizado o invisibilizado como, por ejemplo, en los años 90. Ahora el debate se sitúa en hablar del aborto como un derecho y más allá de una cuestión de salud.

¿Temen que si cambia el signo de gobierno en la próxima legislatura, se retroceda en estos avances?

Clarísimamente. Esto es uno de los riesgos más evidentes. Además, lo hemos vivido en otros países. Estamos viendo cuál es el impacto de este tipo de gobiernos y políticas en muchos países como Estados Unidos, Polonia o Hungría, por ejemplo, que nunca pensábamos que podríamos llegar a ver un retroceso en este tema. Vemos a muchas mujeres en EEUU que, segun donde viva, se ven obligadas a hacer muchísimos kilómetros e irse a otro estado para poder abortar.Y luego hay sitios como Italia donde la ley no ha cambiado, pero el nivel de objeción de conciencia de los profesionales es tan elevado que imposibilita que las mujeres puedan abortar a allí en los servicios italianos y tengan que viajar porque no pueden hacerlo. Son escenarios que nos recuerdan a la clandestinidad de la dictadura.

Hablaba del nivel de objeción de conciencia en Italia y la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho, ¿qué opinión le merece que casi la mitad de los ginecólogos en Canarias no hagan interrupciones voluntarias de embarazo?

Desde nuestra organización tenemos muy claro que no debería permitirse la objeción de conciencia en la sanidad pública. Algunos nos tacharán de radicales, pero es que esto en muchos países, como Finlandia o Noruega, que no lo permiten y el sistema está funcionando perfectamente. No nos inventamos nada, sabemos que esto se puede hacer. Es cierto que eso también necesitaría un cambio en la Constitución y no sé si podríamos llegar hasta ahí.

¿Por qué cree que el debate se ha enfocado tanto en la objeción de conciencia ahora?

La objeción de conciencia se regula desde 2010, pero no se le ha hecho mucho caso porque tampoco se le hacía seguimiento. En 2023 con el cambio normativo obliga a hacer estos registros. ¿Qué pasa? Que es la primera vez que tenemos datos. La cosa es que no sabemos si es mucho o poco. Partimos de la base que para nosotras, todo es mucho. Pero debemos dejar claro que el objetivo de los registros de objeción de conciencia que es una herramienta para que los servicios se organicen. Es decir, nos da igual si son 50 o si son 100, porque es obligación de los de los servicios públicos dar ese servicio. Si tienes la mitad de profesionales que no lo van a hacer debes conseguir a alguien que lo haga. Si tienes que contratar más, pues tendrás que hacerlo. Lo que no puede pasar es que la mujer llegue a un servicio sanitario y se le diga que no puede abortar porque los profesionales son objetores de conciencia. Esto no puede pasar.

¿Son todas las objeciones de conciencia iguales?

Nosotras hemos estado intentando hacer un estudio de los tipos de objeción de conciencia, porque al final no todos son ideológicos o religiosos. Hay una que no está tan vinculada al al la cuestión ideológica lógica o religiosa, sino que tiene que ver también con ese desprestigio de la práctica profesional del aborto. Siempre se le ha puesto esa etiqueta a los profesionales que han hecho abortos como los aborteros y han sido estigmatizados. Otros comentan que no tienen problema en hacerlos, pero que, debido al alto nivel de objeción de conciencia, no harían nada más. Y después hay ciertas regiones que permiten loq ue llamamos «objeciones a la carta».

¿Qué significa eso?

Pues con esta modalidad los profesionales pueden elegir no hacer abortos según el artículo 14 de la ley, que es cuando las mujeres pueden decidir. Es decir, durante estas primeras 14 semanas de gestación. En cambio no objetan a los que se hacen según el artículo 15, que son los que necesitan un informe médico.

¿Cree que se podría reducir el nivel de objeción de conciencia?

Hay cuestiones que seguramente que si se trabajaran bien podrían cambiar la situación. Me refiero especialmente a actuaciones relativas a prestigiar la práctica u organizar bien los equipos para que no estén solos los profesionales que quieran hacerlo. Seguramente esto podría reducir la objeción de conciencia pero, para ello, es necesario pues dedicar tiempo y recursos.

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