La segunda migración forzosa de los menores de Canarias

Comenzar de cero nunca antes había sido tan frecuente. Tras dos, tres o incluso cinco años alojados en Canarias, muchos de los menores migrantes no acompañados que llegaron a las Islas en patera o cayucos se enfrentan a un nuevo comienzo. Su estancia en el Archipiélago les ha permitido forjar vínculos con compañeros de clase, profesores y vecinos. Dejaron de ser un simple número en la recurrente estadística de los 6.000 menores migrantes no acompañados que tuteló Canarias y se convirtieron en los niños de Arucas o de Firgas: los mismos que ahora preparan su maleta para volver a empezar en otro lugar.

Su partida no pasó desapercibida en los municipios canarios que durante años se convirtieron en su hogar. En Arucas, tras la derivación de cuatro menores al centro estatal Canarias 50 —donde serán evaluados como paso previo a su traslado a la Península—, los vecinos se han movilizado para evitar el desplazamiento de los chicos y conseguir que puedan regresar a su centro de acogida —dependiente del Cabildo de Gran Canaria—.

Casi sin previo aviso, de forma inmediata y sin oportunidad de despedirse. Así fue la marcha de los chicos que, tras el desconcierto inicial, decidieron ponerse en contacto con Lidia Ruiz, trabajadora social. "Los han sacado de sus casas para trasladarlos y la experiencia ha sido un trauma para ellos", explica Ruiz, quien añade que, en colaboración con los vecinos, ha redactado varios escritos para justificar el arraigo de los menores.

Durante su estancia en el Archipiélago, los menores participaron en acampadas e incluso viajaron junto a las familias a Fuerteventura. "Éramos sus adultos de referencia", recuerda Ruiz. Pero eso no evitó el traslado al recurso estatal. Llegaron un viernes. "Estuvieron sentados en el patio y solo se escuchaban gritos", relata Ruiz. La situación, describe, fue traumática: "Durmieron en una carpa, no tenían dónde dejar sus cosas, la mochila la dejaban en el suelo, no tenían gel de ducha y la primera manta la recibieron el lunes por la noche". Al entrar al centro, les pusieron una pulsera roja en la mano. "Se sintieror marcados, como si fueran animales": es la otra cara de los traslados de menores con solicitud de asilo a la Península.

El caso de Firgas

El caso se suma a una larga lista de jóvenes que, obligados por el auto del Tribunal Supremo que insta al Estado a asumir la atención de un millar de menores migrantes no acompañados con protección internacional, deben poner rumbo a la Península. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al menos unos 80 menores alojados en el Canarias 50 manifiestan arraigo y actualmente estudian o trabajan en las Islas. La cifra, reconocen, podría ser incluso mayor, ya que otros chicos, más allá de estudiar o trabajar, desean permanecer en la Comunidad Autónoma por distintos motivos personales.

Lejos de ser casos aislados, los datos evidencian que, durante su estancia en Canarias, muchos jóvenes inician un proyecto de vida que se ve interrumpido por las reubicaciones. La historia de los niños de Arucas encuentra eco en Firgas. Allí, como ocurrió en Arucas, hace unas semanas los vecinos se enfrentaron a la marcha inesperada de nueve chicos. "Todo fue de repente; llevaban tiempo con nosotros y estaban adaptados, tanto a nivel educativo como social", explica Yaiza Dévora, exprofesora del Instituto Villa de Firgas.

Una revisión urgente

Ante situaciones como esta, la Asociación Social y Cultural Ak Wanak (“Lo que es de todos”) ha solicitado a las autoridades una revisión urgente de los criterios aplicados para evitar el traslado a la Península de menores migrantes no acompañados con más de dos años de arraigo en Canarias, "contra su voluntad" y obligándolos a una "segunda y penosa travesía". Así lo indica a Europa Press fuentes de la entidad, que aseguran conocer varios casos de jóvenes que se han visto obligados a abandonar las Islas pese a su deseo de permanecer en el Archipiélago.

"Asistimos estupefactos e impotentes a muchos de los traslados de menores que se están llevando a cabo desde hace ya unos días", señala la asociación, que afirma desconocer los criterios que se están aplicando y denuncia la existencia de situaciones "realmente lamentables". En la misma línea, algunos centros de menores —también gestionados por el Cabildo de Gran Canaria— ya habían advertido de este problema y reclaman que "se escuche a los menores" antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro.

Los centros de menores denuncian que algunos de los niños llevan hasta cinco años en las Islas, pero pese a ello se les insta a marcharse. "Muchos no quieren irse. Es muy duro decirles ‘mañana tienes que hacer la maleta y marcharte"”. Más allá de la descongestión de los centros canarios, los menores son tratados como si fueran "muebles que estorban" y, por eso, deben ser reubicados.

"Un atropello"

La demanda es clara: "Que se escuche a los menores, porque el proceso por parte del Estado y del Gobierno de Canarias es totalmente insensible", reprocha Lidia Ruiz. A su juicio, el procedimiento "se está llevando a cabo de forma atropellada y lo único que consigue es arrastrar a los menores". Uno de los chicos afectados tiene 17 años y medio y cursa un grado medio de Electricidad y Electrónica. "Su mayor preocupación cuando estaba en el Canarias 50 era que no había podido estudiar para uno de sus exámenes". Ante situaciones como esta, la trabajadora social insta a las administraciones a evitar el paso de los jóvenes por el recurso estatal y a realizar las entrevistas en sus propios centros de acogida. "Las cosas se pueden hacer de otra manera; de lo contrario, se les rompe toda su vida", concluye Ruiz.

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