Casi la mitad de los ginecólogos de Canarias se niega a practicar el aborto, la mayoría en la provincia tinerfeña

No es rápido ni fácil encontrar información sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Casi no lo es para una paciente, mucho menos para una periodista. Más allá de los pocos datos objetivos que publica el Ministerio de Sanidad o facilita la Consejería autonómica, encontrar a un profesional que se atreva siquiera a hablar de ello se convierte en una quimera para cualquiera con un mínimo de curiosidad. Es la herencia de un tabú social que se expande por la sanidad canaria generando miedos y estigma y que tiene repercusiones en la propia asistencia sanitaria. No en vano, a día de hoy casi la mitad de los ginecólocos y el 15% de los anestesiólogos isleños se han negado a practicar abortos a las pacientes que lo soliciten.

La situación es, sin embargo, dispar. En la provincia oriental, el fenómeno de la objeción de conciencia en la sanidad pública es prácticamente nulo. Según los datos de Sanidad, apenas 50 profesionales (23 ginecólogos y 27 anestesistas) han declarado objeción de conciencia. Donde se dispara es en Santa Cruz de Tenerife donde 89 profesionales (73 ginecólogos y 16 anestesistas) se han negado a formar parte de los equipos que deben garantizar el derecho al aborto de las mujeres isleñas. En total, 96 de los 207 profesionales de ginecología se han acogido a la objeción de conciencia (46,35%) y son 43 de 281 profesionales (15,30%) en el caso de la anestesiología, fundamental para poder realizar gran parte de estas intervenciones.

¿Son datos alarmantes? ¿Cuál es el motivo? Son cuestiones, a día de hoy, casi imposibles de resolver, pues los testimonios escasean, pues quienes no la practican callan y quienes sí, temen al estigma. Algunos sustentan su silencio en el pretexto del temido «efecto llamada». Como si informar del aborto fuera sinónimo de incentivarlo. Otros, simplemente, temen convertirse en objeto de críticas por parte de sus compañeros. «Aún supone una situación de desprestigio en la profesión, a muchos los estigmatizan refiriéndose a ellos como aborteros», ratifican desde la Asociación Quiero Abortar. Si a esto le sumamos la bronca política ultrapolarizada, que ha elevado a un plano ideológico la defensa u oposición frente al aborto, se forma el contexto perfecto para evitar lo máximo posible la exposición pública.

Objetores de conciencia

El fenómeno de la objeción de conciencia no es nuevo. Ya en el artículo 30 de la Constitución Española se establece la obligación de regular, con debidas garantías, la objeción de conciencia. Y si bien en ese momento se contemplaba como una exención para el servicio militar, con el paso de los años se ha regulado en diversas ocasiones (1984 y 1998) para adaptarse a la realidad de cada sector y el contexto social. En el ámbito sanitario público, en 2021 se reguló por primera vez en el marco de la prestación de ayuda a morir.

Sin embargo, aunque el aborto se legalizó en España hace cuarenta años, hasta 2023 no ha sido una prestación pública democratizada y de acceso gratuito para todas las gestantes que lo quieran. Así, con la decisión de permitir el aborto público a todas las mujeres, la Sanidad se enfrentó a un aumento previsible de la demanda. Lo que, por otro lado, obligaba a conocer qué profesionales se oponen a practicar el procedimiento para poder organizar los servicios.

Todo ha cambiado, por tanto, con la Ley Orgánica del Aborto 1/2023, del 28 de febrero. Esta normativa - que vino a modificar la que había permanecido vigente desde 2010 - reconocía por primera vez el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad del aval médico ni de permiso parental en el caso de los mayores de 16 años. Asimismo, eliminó el plazo de reflexión y la obligatoriedad de informar sobre las políticas de apoyo a la maternidad, dando más libertad a la mujer para decidir.

Esta misma normativa reconocía así, expresamente, el derecho a la objeción de conciencia y reguló, por primera vez, un registro de objetores. Una información cuyo único fin era organizar los servicios para garantizar la asistencia y a la que solo podrán acceder los Gerentes de los hospitales y la Consejería de Sanidad.

Mayor acceso

Pese a las reticencias de una parte nada desdeñable de los médicos del Archipiélago, la implantación de la normativa ha logrado su objetivo: que muchas de las mujeres que necesitan el servicio, puedan disponer de él de forma gratuita. No en vano, incluso si un hospital entero decidiera objetar, el Servicio Canario de la Salud (SCS) debe garantizar el servicio en otro centro. En ese caso, el propio SCS se haría cargo de los traslados y las dietas de los pacientes.

Canarias, sin embargo, no destaca por la cantidad de abortos que realiza. De hecho, la tasa de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se encuentra ligeramente debajo de la media española. En concreto, en el Archipiélago se realizan 10,12 abortos por cada 1.000 mujeres, mientras que a nivel nacional esta tasa se encuentra en 10,36 mujeres por cada 1.000. Eso sí, en los últimos años, «las IVE han experimentado un discreto aumento», tal y como confirma Yaiza Schamann, técnico de la Dirección General de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, según los datos del Ministerio de Sanidad, las canarias han sido una de las más beneficiadas por el cambio legal. El Archipiélago es una de las comunidades en la que más ha aumentado el número de IVE realizadas por la sanidad pública. En concreto, con casi 3 de cada 10 IVE realizadas en centros públicos, se ha multiplicado por cuatro la asistencia en los hospitales de la red pública.

«La cifra ha crecido mucho tras la reforma de la Ley», sentencia Schamann. Y es que los hospitales de las Islas han pasado de realizar apenas un centenar de procedimientos antes de la entrada en vigor de la ley a más de 1.462 este 2024. Esto quiere decir, que, aunque aún la mayoría de los abortos se realizan en centros privados especializados, un 28,58% se realiza en la pública y el porcentaje va en aumento.

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