La libertad de las mujeres

Desde hace años venimos observando un movimiento reaccionario contra la libertad de las mujeres que tuvo su punto más álgido en la derogación del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos en 2022, tras la anulación de la Corte Suprema del caso Roe contra Wade. Al calor del discurso de grupos políticos de extrema derecha que han proliferado en todas las democracias occidentales, se ponen de nuevo sobre la mesa, se introducen con calzador en la opinión pública, temas que ya estaban consensuados y superados, como es el derecho de las mujeres a elegir cuando queremos ser madres y a interrumpir nuestros embarazos de forma voluntaria, segura y, a ser posible, gratuita.

El tema no es menor porque afecta a la libertad que tenemos (o deberíamos tener) todas. Porque primero el Ayuntamiento de Madrid nos va a «proporcionar información libre, sin carácter obligatorio», en palabras de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de un llamado síndrome postaborto que no existe (si fuera real estaría reflejado en el consentimiento informado previo a la intervención). Una información «libre» cuya finalidad última es indicarnos a las mujeres qué es lo que debemos o no hacer con nuestro cuerpo, cercenando así nuestra libertad de decisión. Porque segundo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, se niega a proporcionar el listado de médicos y médicas objetores de conciencia, necesario para organizar los turnos que garanticen este derecho a las madrileñas.

Y no solo eso, la presidenta pide «que se vayan a abortar a otro lado», como si hubiera olvidado que hace no tanto se llenaba la boca con la palabra «libertad» para reivindicar su Gobierno frente a una supuesta amenaza comunista. Una libertad que se niega a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente un embarazo en la sanidad pública madrileña.

Puede que la letra de la canción de hoy haya cambiado, pero la melodía es vieja y la reconocemos perfectamente. Es la misma música que sonaba en los movimientos fascistas del siglo XX y que, bajo la Dictadura franquista, prohibieron a las españolas trabajar sin autorización del padre o del marido, que castigaron el uso de la píldora anticonceptiva hasta 1978 y que consideraba el aborto como «un crimen social» hasta 1985, cuando se despenalizó parcialmente. Es, de nuevo, una muestra de violencia simbólica, que es aquella que se ejerce a través de la comunicación, y que muchas veces es la antesala de otro tipo de violencias, como la institucional.

Estrategia dialéctica de la ultraderecha

Estas maniobras políticas, que parecen aisladas y hasta cierto punto trasnochadas, son parte de una estrategia dialéctica de la ultraderecha destinada a manipular a la opinión pública para que cuestione la libertad de las mujeres para decidir sobre nuestras propias vidas.

Porque se empieza por informar de síndromes que no existen y no dar listados de profesionales objetores y se sigue con el Gran Reemplazo, esa teoría conspiranoica según la cual las mujeres migrantes engendran más hijos e hijas y van a acabar reemplazando a la población nacional (como si España no fuera en sí mismo un crisol étnico desde siempre…). Porque ya que estamos hablando de los riesgos que acechan a nuestra población y nuestras costumbres, se nos indicará que las mujeres de aquí (lo que quiera que signifique eso) hemos de multiplicar nuestra descendencia para evitarlo. Y porque, puestos ya en faena, se nos recordará que un trabajo remunerado y el cuidado de la prole son incompatibles y que lo mejor es que nos quedemos en casita, haciendo lo que siempre hemos hecho mejor las mujeres: cuidar, y gratis, por supuesto.

Porque el aborto siempre ha existido y siempre existirá y lo único que buscan este tipo de iniciativas es que las mujeres que ejercen este derecho sufran. Que seamos conscientes de que aún hoy las decisiones que tomamos sobre nuestros cuerpos van a ser juzgadas y analizadas con lupa por la opinión pública. Todo ello, por supuesto, por nuestro propio bien, no vayamos a olvidar que las mujeres aún necesitamos una tutorización legal para ejercer nuestras libertades, cuando lo que en verdad necesitamos es un Estado de derecho que las garantice siempre y en todo lugar, independientemente de su color político.

Las mujeres no somos ciudadanos de segunda. No precisamos que nos digan qué hacer ni dónde hacerlo. Solo queremos que se respete nuestra libertad para decidir sobre nuestros cuerpos sin tener que atravesar una gincana de obstáculos verbales o físicos. Sin sufrir innecesariamente para ejercer nuestros derechos. Y hasta que eso no esté garantizado en la Constitución Española, o mejor aún, en la legislación de la Unión Europea, seguirá siendo necesario recordar que esto no va sobre el aborto, sino, de nuevo, sobre la libertad de las mujeres. Nuestra libertad.

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