El Gobierno asume que el ‘decreto Canarias’ no se aprobará este año

Un decreto canario que se aprobará este mes de noviembre y un decreto Canarias que desde Presidencia del Gobierno ahora se admite que "tiene una larga negociación por delante" hasta su aceptación final y convalidación en el Congreso. Dos textos para una confusión que derivó el miércoles en sorpresa e indignación en el PSOE y en NC-Bc tras su reunión con el presidente Fernando Clavijo, el vicepresidente Manuel Domínguez, el viceconsejero Alfonso Cabello y el resto de los grupos con representación en el Parlamento.

El primer texto, que aprobará previsiblemente el 18 de noviembre el Consejo de Ministros, es al que se comprometió el presidente Pedro Sánchez en agosto en su reunión con Clavijo en el Cabildo de Lanzarote, el mismo que ratificó el 14 octubre la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que saldrá adelante antes de enero. Ese es el decreto canario al que se refieren en Moncloa, que solo incluye cuestiones específicas de Canarias tales como los 100 millones de euros para la financiación del Plan de Recuperación de la Isla de La Palma, la deducción del 60% en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) de los palmeros y los 50 millones para la atención de migrantes. Eso es todo, no hay más en esa norma legal, pues se trata de liberar los fondos comprometidos para 2025 y que aún no han llegado a las Islas.

De ahí que el PSOE se abstuviera la pasada semana en el Senado cuando se aprobó, con el apoyo del PP, una iniciativa para extender la bonificación del 60% del IRPF a La Gomera y El Hierro, y es el motivo de que Cabello no supiera qué contestar tras el Consejo de Gobierno del 10 de noviembre y de que el líder de ASG, Casimiro Curbelo, presione, hasta el momento sin éxito, para que el alivio fiscal para todas las islas verdes se incluya en ese decreto de mínimos.

Desconcierto en la oposición

El desconcierto no se circunscribe solo a las formaciones con representación en el Parlamento, pues el coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), Saúl Alberola, pidió a Sumar que se oponga a introducir en el decreto canario una rebaja generalizada del 60% en el IRPF para las islas verdes, desconociendo que eso no va a ocurrir.

El segundo de los textos, que es el generador de la perplejidad y fue calificado por socialistas y canaristas como una "carta a los Reyes Magos" o un "intento de enredar", es el decreto Canarias, en el que sí se incluye ­–entre otras muchas demandas– la famosa bonificación del IRPF para La Palma, La Gomera y El Hierro.

El texto que maneja Moncloa se limita a la rebaja fiscal para la isla bonita y la transferencia de cien millones

Investiduras

Un documento que Clavijo prometió a Sánchez que elaboraría el Ejecutivo regional para negociarlo con los distintos ministerios y con el compromiso de buscar los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso, como se hizo con la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Un texto cuya base son los acuerdos políticos suscritos por CC con socialistas y conservadores para apoyar las investiduras de Alberto Núñez Feijóo y Sánchez.

Esa es la norma legal que supone un desembolso estatal de 1.949 millones en los próximos dos años y cuyo borrador remitió el Gobierno canario al Ejecutivo central para iniciar las negociaciones, que se celebrarán en paralelo a las que el presidente Clavijo quiere mantener con los grupos parlamentarios, los sindicatos y los empresarios.

Quince días

De hecho, en la reunión del miércoles en la sede de Presidencia, se dio a los grupos parlamentarios un plazo de quince días para que valoren el borrador e incluyan todas aquellas medidas que consideren oportuno, o incluso desechen lo que crean que excede el contenido del decreto legislativo. A esas aportaciones habrá que sumar las que hagan las patronales y las centrales sindicales, lo que demuestra que el propio Ejecutivo canario relega el inicio de las negociaciones al próximo mes de enero, como pronto.

Lo cierto es que desde el mes de agosto todos los representantes gubernamentales de CC, así como los principales dirigentes y y diputados nacionalistas, han jugado con la ambigüedad mezclando ambos decretos –el del Estado y el de Canarias– para que parecieran uno solo.

Las negociaciones bilaterales para plasmar la agenda canaria en una norma legal no comenzarán hasta 2026

Sentido común

Ya el 25 de agosto –apenas 11 días después del encuentro presidencial en Lanzarote­– el portavoz del Ejecutivo afirmó que el decreto iba a servir como un termómetro para comprobar qué partidos respaldan realmente las prioridades canarias y cuáles no: "Cada uno que se moje y se verá quienes están con los asuntos prioritarios para Canarias y quienes no", dijo el portavoz Cabello.

A principios de septiembre, cuando se estaban negociando las partidas del año 2025 que debían llegar a Canarias y que forman parte del decreto monclovita, de nuevo Cabello recordó que la base del llamado decreto Canarias es el pacto suscrito por CC tanto con el PP como con el PSOE para permitir las investiduras: "Por sentido común no solo el PP, sino todos los grupos, votarán a favor".

Mínimos y máximos

El propio Clavijo jugó al despiste en sede parlamentaria cuando el 15 de octubre, tras reunirse con Montero, afirmó en la sesión de control que el decreto Canarias "ha caído de manera positiva" en el seno del Ejecutivo central y que en el mismo se incluirán, entre otras, las partidas referidas a los 60 millones de euros en el IRPF para La Palma, los 100 millones para la reconstrucción de la misma tras la erupción del Tajogaite y otros 50 millones para atender a los menores migrantes extranjeros no acompañados y que la ministra accedió a llevar el decreto en el calendario legislativo que el Ejecutivo central tiene previsto tramitar hasta fin de año.

Lo que se le olvidó aclarar al presidente es que se refería al decreto de mínimos y no al de máximos.

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