El 71% de los abortos voluntarios en Canarias se realizan en clínicas privadas

El 71,39% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) que se realizaron en Canarias en el último año tuvieron lugar en clínicas privadas (concertadas o no). En concreto, de las 5.115 mujeres que decidieron interrumpir su gestación, solo 1.464 (el 28,61%) pudieron acceder a este servicio en centros públicos. En este contexto, las Islas, que por apenas ocho puntos no se sitúan entre las regiones con mayor actividad en la sanidad privada, se encuentran junto a Cataluña y Baleares entre las comunidades autónomas con una ITV pública de entre el 20% y 60%.

Es decir, ni pertenecen a las comunidades autónomas con menor índice de IVE en centros públicos, como es el caso de Andalucía (0,2%) o incluso Extremadura —que presentan una ausencia total de esta actividad en centros públicos—, ni forma parte de las zonas que dan un mayor uso a los recursos públicos, como Cantabria (88,5%) o Galicia (77%).

PNL

Estos datos se sustraen del último informe del Ministerio de Sanidad y han servido a la diputada socialista Elena Máñez para defender ayer, en pleno parlamentario, su Proposición No de Ley (PNL) sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y las garantías de información veraz y científica a las mujeres.

La iniciativa se enmarca en medio de la polémica surgida en Madrid. El Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría absoluta en la capital, apoyó la propuesta de Vox para convertir en procedimiento obligatorio la información previa a las mujeres que deseen abortar sobre las supuestas consecuencias del síndrome de posaborto –un fenómeno que carece de evidencia científica–. Tras las críticas y movilizaciones, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció la semana pasada haber cometido un error y, por tanto, anunció que no aplicará la iniciativa de Vox.

La propuesta socialista fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox y del PP. Este último sí apoyó algunos aspectos de la PNL, como evitar que las mujeres reciban información falsa y sin evidencia científica o avanzar en garantizar el ejercicio de este derecho en los hospitales públicos de las islas, pero se unió al rechazo de los verdes para eliminar el cuarto punto. Este apartado recoge el apoyo a todas las medidas legislativas que permitan blindar el derecho a la salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo, en especial, su blindaje constitucional.

Comparación

Máñez recordó a los grupos parlamentarios «la importancia de dar un paso adelante ante la ola reaccionaria y las señales de alarma que se perciben en estos tiempos». Y además, pidió a los presentes «no ser cómplices de quienes usan mentiras para coaccionar a las mujeres y justificar retrocesos», en referencia a la propuesta madrileña de Vox. Por su parte, la diputada del PP Sonsoles Martín apuntó que las mujeres no necesitan «el paternalismo que pretenden ejercer unos y otros», en alusión al grupo socialista y a Vox.

La portavoz de este último grupo, Paula Jover, aprovechó su intervención para comparar el aborto con el hábito de fumar. «Hasta el siglo XXI lo segundo era un símbolo de glamour y de emancipación femenina, pero hoy las cajetillas de tabaco advierten de que fumar mata». Y aseguró que pasará lo mismo con el aborto.

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