Canarias refuerza el control en los centros de menores
El Ejecutivo regional pretende regularizar los contratos de las distintas entidades que gestionan los recursos de acogida
Archivo - Los Servicios de Emergencias reciben a los migrantes en el muelle de Puerto Naos, a 18 de septiembre de 2024, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España). La embarcación de Salvamento ‘Al Nair’ ha llegado a Puerto Naos con 117 migrantes de origen / Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo
Canarias trabaja en la reorganización del sistema de acogida de menores migrantes, según explicó la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, al término del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado para abordar los traslados de los menores con asilo a la Península. El año pasado se puso en marcha 20 dispositivos de emergencia más pequeños, con el objetivo de "reducir la presión en los macrocentros" y cerrar aquellos que no cumplían los estándares de atención. Así, algunos centros en Gran Canaria y Lanzarote ya han sido clausurados tras detectarse irregularidades, y se han presentado denuncias que han derivado en investigaciones en curso.
La investigación sobre el presunto desvío de fondos de la Fundación Siglo XXI sigue en marcha y, según la directora general, desde la Comunida Autónoma se ha puesto toda la documentación a disposición de la Fiscalía desde el inicio de las pesquisas.
La gestión económica
Sobre la gestión económica, explicó que los contratos de acogida se basan en un precio por plaza y por menor y día, y que cada mes se verifica que las facturas coincidan con el número real de niños acogidos. En esta línea, se ha implementado una herramienta evaluativa de control de calidad, desarrollada con la Agencia Europea, que permite inspeccionar los centros y asegurar que todos cumplan con los estándares de atención y buen trato. De esta iniciativa han surgido dos protocolos clave: uno de buenas prácticas y otro para garantizar la homogeneidad en atención.
De cara al próximo año, el Ejecutivo regional pretende regularizar los contratos de las distintas entidades que gestionan los recursos de acogida. Para ello, se ha solicitado una documentación detallada de los gastos, con el fin de conocer la situación económica real y "poder avanzar en el proceso". Así, la directora recordó que la presión derivada del elevado número de menores atendidos —hasta 6.000 en algunos momentos— ha dificultado hasta ahora la posibilidad de normalizar y revisar a fondo esos contratos.
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