La inflación paraliza 477 millones y 837 obras públicas en cinco años

De mal en peor. Las licitaciones de obras que quedan desiertas se acumulan en la mesa de las administraciones públicas debido al encarecimiento de los precios pero también a la «perversión» del sistema, según denuncian las patronales de la construcción. Desde que en 2021 comenzó la espiral inflacionista y las subidas de precios de las materias primas se han incrementado el número de obras desiertas hasta el punto de que en este año, hasta el mes de septiembre, ya hay más dinero sin adjudicar y más obras que en los ejercicios anteriores, según los datos de las organizaciones empresariales del sector. En nueve meses ya hay 164 millones de euros que se han quedado sin adjudicar y 207 obras que se han quedado en el aire. Desde 2021 ya se acumulan 477 millones y 837 actuaciones sin licitadores.

Las administraciones más castigadas por esta situación son los ayuntamientos, que son el eslabón más débil del sector público y los que presupuestan los precios más bajos en los concursos. En los últimos cinco años las corporaciones municipales han dejado sin adjudicar 190 millones y 378 infraestructuras. A mayor distancia están los cabildos con 93 millones y 128 obras, el Gobierno autonómico con 86 millones y 114 actuaciones y el Estado, con 51 millones y 111 obras. Otra entidades públicas acumulan 55 millones y 106 mejoras.

Lo que comenzó tras la pandemia como un síntoma vinculado a la crisis y paralización de la economía provocada por el Covid se ha ido agravando con el paso de los años. La salida de la parálisis del año 2020 disparó la inflación y los precios de los materiales y suministros de la construcción empezaron a hacerse notar en el sector. En 2022, año en el que la inflación alcanzó subidas muy importantes, se acumularon 112 millones sin adjudicar y 216 obras. Los constructores lanzaron la voz de alarma pero, dos años después, no solo no se ha revertido la situación sino que en lo que se lleva de 2025 se han disparado las licitaciones desiertas por la falta de concurrencia de la iniciativa privada mientras que, por el contrario, se ha incrementado la adjudicaciones a los llamados «medios propios», es decir, a empresas y sociedades vinculadas a la Administración como es el caso de Gesplan, empresa autonómica, o Tragsa, sociedad mercantil del Estado.

Negligencias

Especialmente crítica se muestra la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, Salud Gil, que denuncia la «negligencia política y administrativa» en las licitaciones y como el sistema «se ha pervertido» ya que «se está bordeando la legalidad de la contratación pública». Las críticas de los constructores se centran en que los concursos se lanzan por debajo de los precios del mercado y las obras quedan desiertas una y otra vez porque no se actualizan los costes con la inflación acumulada desde 2021, lo que impide que las empresas del sector se presenten porque no es rentable.

Pero Gil va más allá y cuestiona que las empresas públicas, especialmente Tragsa, resulten adjudicatarias asiduas de obras que quedan desiertas por el sector privado y que cuando las reciben consiguen ejecutarlas con los precios del mercado. «El objeto social de esta empresa no coincide en muchas ocasiones con el objeto del contrato, se está adoptando un sistema que en vez de licitar se adjudica directamente a medios propios para evitar la Ley de Contratos», cuestiona la dirigente empresarial.

La presidenta de la patronal de Las Palmas añade que el sistema «se pudre sin remedio» porque no se planifica y no se actualizan los precios y costes a la realidad del mercado, lo que pervierte la licitación y modifica una situación que imposibilita el crecimiento de las empresas porque limita su acceso a las obras».

Comisión Europea

Los constructores se han dirigido a la Comisión Europea para denunciar la mala praxis y el abuso de los encargos a medios propios por las administraciones públicas españolas a través de la patronal española CEOE. Bruselas ha respondido que esta práctica es «preocupante» y que «distorsiona la libre competencia y la contratación pública en general» al coartar a las empresas privadas.

Por su parte, el presidente de la patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, centra la atención en el funcionamiento de la Administración. «Muchas administraciones sacan concursos con precios base ajustados, que no cubren el coste real de materiales, mano de obra, seguridad o imprevistos, lo que hace que los presupuestos queden desfasados, desde el inicio de la licitación, respecto a la realidad», advierte el dirigente empresarial, para quien «algunos empleados públicos tampoco ponen mucho interés en actualizar los precios, porque les significa un esfuerzo que no asumen y nadie les obliga a hacerlo».

Izquierdo critica que «la burocracia impide una normalización de la actividad económica, impidiendo un desenvolvimiento ejecutivo suficiente. El meollo de la cuestión siempre es el mismo».

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