Sira Rego contradice al Supremo y el Gobierno carga contra Canarias, a la que pide "lealtad institucional"

El nuevo ultimátum del Tribunal Supremo al Estado por la situación de los menores migrantes con solicitud de asilo en Canarias no ha estado exento de reacciones. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que la Administración central sí está cumpliendo con el auto que el Alto Tribunal dictó hace siete meses —exactamente 213 días—, en el que se ordenaba al Gobierno hacerse cargo de más de un millar de niños con protección internacional. Desde entonces, menos de 200 menores han sido trasladados a la Península. Aun así, Rego defendió que no existe incumplimiento estatal y sostuvo que la sentencia "solo debe terminar de ejecutarse".

Una postura que no comparte el Tribunal Supremo. Mientras la ministra defendió que desde su departamento "desde el primer momento" se ha trabajado para "resolver y aplicar la sentencia", los magistrados advirtieron este jueves de un "insuficiente ritmo de ejecución". Por ello, concedió al Estado un nuevo plazo improrrogable de 15 días para cumplir con lo dictado el pasado 25 de marzo, cuando ya se le había otorgado un tiempo de diez días que, en la práctica, no ha llegado a cumplirse.

La lentitud con la que el Estado ha ejecutado las reubicaciones de menores desde que comenzaron el pasado 11 agosto se debe, según explicó Sira Rego, a que el proceso de acogida "no está siendo abrupto", sino que incluye entrevistas en profundidad para conocer las necesidades de cada niño, su recorrido migratorio y determinar el recurso más adecuado para su atención.

El hacinamiento

Sin embargo, este argumento no convence a Canarias. Desde la Comunidad Autónoma se ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de agilidad del Estado, especialmente en el actual contexto de contingencia migratoria que vive el Archipiélago. Mientras el Ejecutivo central traslada menores a cuentagotas, siguen llegando nuevos niños no acompañados a las costas canarias, lo que incrementa la presión sobre unos recursos de acogida ya saturados.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo ha reiterado su requerimiento al Gobierno central: el mandato debe cumplirse "en sus propios términos, adoptando las medidas necesarias con carácter de urgencia y con los apercibimientos ya señalados". Frente a esta advertencia, Sira Rego defendió que desde julio el Ejecutivo presentó un plan de acogida para los menores y que, "a pesar de las resistencias de algunas comunidades autónomas, los niños están llegando y siendo atendidos". El Supremo aclaró, además, que lo ordenado debe cumplirse "sin excusa ni reparo alguno" y que no puede suspenderse en ningún caso.

La respuesta

Por su parte, desde Migraciones —que según afirmaron aún no han recibido formalmente el auto del Supremo y ya tienen disponibles las 500 plazas de las que habla la sentencia— sitúan la responsabilidad en el techo de la Administración canaria. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, - a la que la Policía Portuaria impidió este viernes el paso al muelle de Puerto Naos alegando que no tenía conocimiento de su convocatoria - instó desde Lanzarote al Gobierno de Canarias a actuar con "lealtad institucional" en el proceso de traslado de los menores migrantes y aseguró que los expedientes de los niños aún no han llegado al Ministerio: "Hace dos semanas informaron de que contaban con 350 expedientes que no hemos recibido. La semana pasada comunicamos que disponíamos de 130 plazas y necesitábamos los informes. Seguimos esperando. Esta misma madrugada, a las dos de la mañana, enviaron un listado con 153 menores para su evaluación y posterior derivación".

Un argumento que compartió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "Se ofrecieron posibilidades de plazas en distintos lugares de la Península, pero no hubo respuesta" por parte del Ejecutivo regional, señaló el ministro, quien además subrayó que el Partido Popular está "presentando alegaciones a cada expediente que llega de un menor y han ido al Tribunal Constitucional. Incluso con los menores que solicitan asilo, hay una carta de la consejera de la Comunidad de Madrid diciendo que tenemos que poner recursos económicos y dejarlos en Canarias". En contra se encuentra la postura del vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, quien lanzó un mensaje contundente al Estado: "Ya basta de tomaduras de pelo".

Remodelación del CATE de Arrecife

En otros términos, Cancela anunció que ya se ha adjudicado la remodelación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife, el recurso donde las personas que llegan en patera o cayuco permanecen durante sus primeras 72 horas, mientras se realizan los trámites de identificación y filiación.

Las carpas instaladas actualmente en el CATE de Lanzarote tienen una capacidad para entre 300 y 350 personas, pero con la incorporación de tres nuevos módulos se ampliará el aforo hasta 500 plazas.

Suscríbete para seguir leyendo