Ampas y alumnos denuncian su "exclusión" en la reforma de la convivencia: "Estamos frustrados"

Familias y alumnado de Canarias denuncian que la Consejería de Educación les ha «excluido» del proceso de actualización del Decreto 114/2011 sobre convivencia escolar, norma que consideran «fundamental» para la vida que se desarrolla en los centros educativos y que regula cómo actuar ante casos de acoso escolar o violencia de género entre estudiantes.

Los portavoces del sector y representantes de familias y estudiantes en el Consejo Escolar de Canarias manifiestan que la reforma del decreto se ha tramitado con carácter de urgencia, sin consulta previa y «con un plazo muy corto», en el que cuentan con cuatro días hábiles para elaborar sus aportaciones en un informe preceptivo, por lo que exigen una prórroga o la reapertura del periodo de información pública para garantizar la participación ciudadana.

Desde la Consejería, rechazan que se haya limitado la participación y aseguran que los canales formales siguen abiertos. Según el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, expresó que meses atrás «les instamos a participar en la nueva norma de atención a la diversidad y nos criticaron por ‘saltarnos los protocolos oficiales de tramitación normativa’». Además, sostiene que las familias y los estudiantes podrán aportar a la normativa «a través de sus representantes en el Consejo Escolar».

El representante Confederación de Madres y Padres de Canarias (Confapacanarias) en el Consejo Escolar de Canarias, Sergio de la Fe Melián, y el representante del alumnado en el mismo órgano y secretario general de la Unión de Estudiantes de Canarias, Daniel R. Gallart, consideran que el procedimiento seguido por la Consejería «vulnera el espíritu participativo» que debe regir el órgano, según precisaron en la rueda de prensa celebrada ayer en el CEIP Buenavista I. Aseguran con frustración que no se trata solo de una cuestión de plazos, sino de «falta de escucha sistémica» hacia el sector de la comunidad educativa compuesto por el alumnado y sus familiares.

Nulo diálogo

«El 1 de octubre se reunió la representación de la Consejería con representación sindical. Ni familias ni alumnados hemos sido convocados a ninguna consulta», asegura Gallart. Explican que la última reunión con el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos González, se celebró hace dos años, y que no tenían conocimiento de ningún avance sobre el decreto hasta que este mes salió la tramitación a información pública. El borrador llegó al Consejo Escolar in extremis para emitir el informe, un plazo que, según ambos representantes, impide un análisis riguroso y reduce el papel del órgano a una mera formalidad.

Fuentes de la Consejería explican que las familias y el alumnado «pueden trasladar sus propuestas a través del Consejo Escolar, órgano en el que están representados y donde pueden formular sus aportaciones». Añaden que, de manera extraoficial, han mantenido conversaciones para trasladar la necesidad de ampliar el plazo para presentar el informe preceptivo. «Les hemos comunicado que deben formular las vías reguladas, pero que por nuestra parte, una vez solicitada, no habrá problema en conceder dicha prórroga», aseguran.

Desactualizado

Los representantes alertan de que el texto vigente está desfasado frente a cambios legales y sociales posteriores, como las leyes orgánicas de la LOMLOE y la LOPIVI. En concreto, la reforma del marco educativo la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), prioriza la inclusión y refuerza competencias de centros y comunidades educativas; y la LOPIVI, la ley de protección integral a la infancia frente a la violencia que incorpora el borrador del decreto, impone obligaciones nuevas en detección, prevención y coordinación ante la violencia contra menores.

Los representantes exigen que la actualización del decreto renueve protocolos, incluido el abordaje de riesgos graves como el suicidio, y ofrezca herramientas adaptadas a realidades contemporáneas, como los entornos digitales y la coordinación interinstitucional. Además, reclaman su participación activa en los programas de protocolo de prevención de suicidio para evitar la «sobrecarga de responsabilidad en los docentes». «¿Los compañeros no pueden darse cuenta también del sufrimiento que está teniendo otro estudiante», cuestiona De la Fe.

Por su parte, Gallart advierte que los estudiantes «necesitan, como en todos los ámbitos sociales, normas que reúnen las relaciones entre esos colectivos; que promuevan y que den herramientas para que haya una convivencia buena», o por lo menos que cuando hayan conflictos, estos puedan «resolverse convenientemente».

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