El Gobierno de Clavijo lucha por 'canarizar' el plan estatal de vivienda

El borrador del plan estatal de vivienda que impulsa el Ministerio de Isabel Rodríguez es un documento "generalista" que no tiene en cuenta las singularidades de Canarias ni que el Archipiélago es una región ultraperiférica (RUP) reconocida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Para paliar este 'olvido' el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, remitió al Ejecutivo central una serie de alegaciones para 'canarizar' varios aspectos, como este martes anunció en el pleno del Parlamento.

Propuestas relacionadas con la actualización de los criterios de reparto para la distribución de los créditos -el plan tiene en cuenta la renta per cápita de 1991-, pasando por el reconocimiento de los sobrecostes en la construcción o la revisión de los umbrales de ingresos para acceder a una vivienda y que no tienen en cuenta los índices de pobreza y exclusión social del Archipiélago.

"Es un documento unilateral, y ya expresé en la conferencia sectorial que su elaboración deberían haber participado las comunidades autónomas, ya que son las administraciones que tienen las competencias", recordó Rodríguez. Por este motivo "y aunque compartimos los objetivos", el consejero ha remitido de forma oficial los 'peros' al documento para que se tengan en cuenta las especificidades canarias.

Cara a cara

Y esta 'canarización' la quiere abordar Rodríguez cara a cara con su homóloga ministerial por lo que ha solicitado una reunión oficial para explicar que "no nos oponemos al plan estatal, lo que queremos es que funcione y que cada euro que se invierta tenga un propósito, pero también recordarle que no todas las autonomías parten del mismo punto y que Canarias tiene decretada una emergencia habitacional".

"Es fundamental que dada la evolución sustancial del contexto social, demográfico y económico de las islas desde 1991, se hace imprescindible y urgente realizar una revisión exhaustiva de los criterios de reparto empleados y se incorporen nuevos factores y parámetros; como la variación en la distribución de la población, las necesidades sociales, el envejecimiento poblacional, o las particularidades económicas de cada una de las zonas del Archipiélago", aseguró el consejero.

Rebajar el umbral de ingresos

Además, y a propuesta del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), se ha solicitado al ministerio que revise a la baja el umbral de ingresos de hasta cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) -referencia para calcular el límite de ingresos y acceder a ayudas públicas y subvenciones- para considerar a una persona como vulnerable para acceder a una vivienda pública, "ya que es una cifra que contemplaría ingresos mensuales de más de 3.000 euros, lo que diluye el objetivo social de las prestaciones". Para ello, el Ejecutivo ha solicitado que permita "modular esos límites en función de la realidad de cada territorio y cada isla y del perfil de las personas que necesitan apoyo para acceder a una vivienda".

También entre las mejoras se contempla la financiación por parte del Estado de los gastos de gestión y administración que asumen las comunidades autónomas. Es decir, que los costes del personal, la tramitación de expedientes, el seguimiento, control y justificación de las ayudas se incluyan dentro del porcentaje de cofinanciación autonómica.

Más fondos para la gestión

"El Estado nos exige poner el 40% de la financiación, algo a lo que Canarias no se opone, pero sí exigimos que, ya que asumimos un importante porcentaje de aportación y contribución al plan, que también este contemple los recursos necesarios para hacerlo posible para que no se bloquee la ejecución de los fondos ni se alejen las ayudas de quienes las necesitan”.

Por último, Canarias quiere avanzar en el problema de la morosidad, ya que "los propietarios no alquilarán sus viviendas si no tienen un respaldo y una protección, algo que no contempla el plan, y que tampoco recoge la ley de vivienda estatal. Si no se garantiza una seguridad jurídica a los arrendadores, no va a haber un parque de vivienda suficiente para cubrir la demanda".

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