El Gobierno canario acepta nueve de cada diez peticiones de información ciudadana

Hasta el pasado 22 de septiembre, que es la fecha de los últimos datos computados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, el gabinete que preside Fernando Clavijo marca un récord al haber aceptado 218 de las 238 solicitudes de información por parte de la ciudadanía, es decir, el 91,6%. Solo 20 de estas peticiones han sido inadmitidas y únicamente en 2015, que es el año en que se inicia el registro histórico, y también con Clavijo al frente de la Presidencia de Canarias en su primer mandato, este porcentaje se supera: el 99%. Sin embargo, en ese primer año de la serie histórica solo se presentaron 91 peticiones de información por parte de la ciudadanía.

El porcentaje de los nueve primeros meses de 2025 no es un hecho aislado, ya que en 2024 se aceptó el 89,7% (414 de las 462 presentadas) y el anterior el 83,3%, si bien hay que recordar que durante el primer semestre de 2023 gobernó el 'pacto de las flores' presidido por Ángel Víctor Torres, con lo que no se puede discernir qué porcentaje de transparencia es computable a uno u otro gabinete. Lo que sí queda claro es que ese año se presentaron 631 solicitudes de información por parte de la ciudadanía y solo fueron inadmitidas 104.

Según consta, la ciudadanía pide sobre todo información relativa al empleo en el sector público, contratos llevados a cabo por la Administración, los servicios que se prestan y sus procedimientos para acceder a los mismos, así como distintos documentos económicos y financieros.

Sobresaliente en transparencia

Los datos del Portal de Transparencia del Gobierno regional hasta el pasado 22 de septiembre confirman que el Gobierno canario es una de las administraciones más transparentes desde que existe la ley que obliga a las instituciones a dar acceso a los datos que pida la ciudadanía, ya que la media de las solicitudes admitidas es del 88,2%: casi nueve de cada diez peticiones de información son atendidas por los distintos departamentos autonómicos.

De hecho, el pasado mes de julio la propia comisionada de Transparencia de la Comunidad Autónoma –adscrita al Parlamento regional–, Noelia García, destacó la recuperación del sobresaliente por parte del Gobierno de Canarias, cuyo portal en este ámbito obtuvo un 9,02 en la última evaluación del Índice ITCanarias. No obstante, conviene recordar que la institución del Comisionado de Transparencia solo mide la accesibilidad del portal gubernamental para facilitar a la ciudadanía a la información pública, pero no entra a discernir la relación directa entre la Administración regional y quienes solicitan distinta información.

Relación fluida

El propio presidente Clavijo, en un acto celebrado hace unas semanas con la ciudadanía para agradecer las aportaciones a la futura Ley de Gobierno Abierto, aseguró que la voluntad de su gabinete es que exista "una relación fluida con los ciudadanos, que vean una Administración abierta y amable, que acompañe y ayude".

Por su parte, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, cuyo departamento impulsa la reunificación de las leyes de transparencia y participación ciudadana de 2010 y 2014 en un nuevo texto normativo unitario, insistió en que "con la nueva ley, nuestra relación con los ciudadanos será todavía más directa y conseguiremos que sea realmente una cogobernanza".

En este sentido, y para favorecer el acceso a la información pública, el anteproyecto crea el Portal de Datos Abiertos de Canarias que proporcionará acceso unificado a conjuntos de datos no solo del Ejecutivo, sino de todas las administraciones canarias en formatos abiertos e interoperables.

Régimen sancionador

Además, la futura Ley de Gobierno Abierto establece, por primera vez en la historia autonómica, un régimen sancionador específico para las conductas que obstaculicen, distorsionen o manipulen los procesos participativos y de acceso a la información.

De esta manera, Barreto hace caso tanto al excomisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, como a la propia ciudadanía, que durante el proceso de participación que se abrió en febrero y marzo y en el que contribuyeron 400 personas para pulsar por donde debe caminar la unificación de las vigentes leyes pidieron sanciones ‘antiopacidad’.

La intención de la consejería es tener el borrador definitivo antes de que acabe el año y abrir el trámite de audiencia pública para recibir alegaciones al texto final, que el Gobierno trasladará al Parlamento regional.

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