El Parlamento de Canarias fracasa en su intento de cazar al filtrador del ‘informe Acosta’

Culmina sin éxito la 'caza de brujas' iniciada hace dos semanas por la Mesa del Parlamento, a instancias del PSOE, para conocer a la señoría culpable de "la indebida filtración de documentos secretos" relativos a la comisión que investiga las posibles irregularidades cometidas por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. Concretamente, el informe preliminar elaborado por el presidente de la misma, Raúl Acosta (AHI) , que va a servir de base para elaborar las conclusiones finales y que señala al expresidente de Canarias y actual ministro Ángel Víctor Torres y a los exconsejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo como responsables políticos, que no penales, de las irregularidades.

La publicación por este periódico de ese informe preliminar fue denunciada por el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, que además de pedir la dimisión de Acosta como presidente de la comisión investigadora exigió a la Mesa de la Cámara que iniciara pesquisas internas para desvelar quien había vulnerado "el deber de sigilo" al entregar una documentación de contenido "sensible".

Sin embargo, "una vez practicadas las actuaciones tendentes a su esclarecimiento", la Mesa del Parlamento reconoce que las mismas han sido "infructuosas al no constar elementos probatorios suficientes, ni siquiera de forma indiciaria, para atribuir su autoría a persona alguna". Por lo tanto, comunica a los socialistas y a l presidente de la comisión que "procede archivar provisionalmente las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura del expediente si llegaren a conocerse nuevos elementos de prueba que permitieran proseguir su tramitación y resolución".

Rechazo contundente

Eso sí, la Mesa de la Cámara da la razón al PSOE al"rechazar contundentemente la citada filtración, no solo porque compromete el adecuado desarrollo de los trabajos encomendados a la comisión de investigación, sino porque contribuye a erosionar la imagen de sus representantes y, con ello, de la propia Institución parlamentaria ante la ciudadanía".

Es más, la resolución del máximo órgano de gobierno del Parlamento reitera a los miembros de la comisión investigadora "el deber inexcusable que se les impone de no divulgar las actuaciones que, excepcionalmente, pudieran tener el carácter de secretas", tal y como dispone el artículo 21.1 del Reglamento, "especialmente en relación con los trabajos de las comisiones de investigación" y ‘amenaza’ con que esa "infracción" llevaría aparejada la "aplicación del régimen sancionador previsto" en el artículo 117.1.2: "La diputada o el diputado podrá ser privado de alguno o de todos los derechos".

Reforzar la seguridad

La resolución de la Mesa de la Cámara también acepta las sugerencias de los socialistas y encomendará a los servicios de la Cámara "el estudio e implementación de los mecanismos y sistemas técnicos de custodia de la información que permitan garantizar el carácter secreto de los documentos y deliberaciones relativas a la actividad parlamentaria que, excepcionalmente, tengan el carácter de secreto, especialmente en lo relativo a la trazabilidad de los sistemas de remisión de documentación.

Esta decisión de la Mesa de la Cámara coincide con la propuesta del PSOE, que será debatida el próximo 15 de octubre en el pleno del Parlamento y que plantea "revisar y reforzar los mecanismos de seguridad y custodia documental, con el fin de prevenir la repetición de hechos similares". Una iniciativa que incluye que los 70 diputados expresen "su firme condena a la filtración de documentación reservada, que debe ser tratada con la máxima confidencialidad hasta la conclusión de los trabajos parlamentarios".

El polémico 'Informe Acosta'

El polémico ‘informe Acosta’ expone que si Torres, Pérez y Trujillo "se han felicitado en diferentes ocasiones por el resultado de las decisiones adoptadas" y se han apropiado de "los buenos resultados pandémicos, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó". Una tesis que argumenta sobre la base de un artículo publicado por el catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo en el que éste señala que "si un subordinado comete un delito, su superior no puede ser –por ese solo hecho, se entiende– penalmente responsable y sí puede, sin embargo, ser políticamente responsable".

Desde que se publicó el contenido del informe preliminar elaborado por Acosta –a petición de los ponentes de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario–, desde el PSOE se ha defendido que una comisión parlamentaria "necesita preservar un delicado equilibrio entre la transparencia democrática y la confidencialidad de sus trámites". Para Franquis, la filtración "rompe ese equilibrio y convierte un instrumento de control en un arma partidista".

"Una comisión parlamentaria necesita preservar un delicado equilibrio entre la transparencia democrática y la confidencialidad de sus trámites", resumió el portavoz socialista.