El PSOE busca poner fin al "paraíso fiscal" de los fondos buitre en Canarias

Impulsar el mandato constitucional y estatutario del derecho de la ciudadanía a tener una vivienda digna y, a la par, regular a los grandes propietarios para que Canarias “deje de ser un paraíso fiscal para los fondos buitre”.

Ese es el objetivo de la proposición de ley que este miércoles presentó el PSOE en el Parlamento, que ya adelantó este periódico, y que incluye tres medidas clave: “Facilitar el acceso a la vivienda a las familias canarias, aumentar el parque público de alquiler mediante la adquisición y puesta a disposición de nuevas viviendas y frenar la especulación de grandes tenedores y fondos de inversión”.

El portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis, y su homólogo en el área de Hacienda, Manuel Hernández, coincidieron en la presentación de la propuesta en que la situación actual de la vivienda en Canarias “es insostenible”, con precios de alquiler y venta “disparados” y una creciente concentración de la propiedad “en manos de unos pocos”.

Hacer aflorar a los grandes propietarios

“Ese registro que proponemos contribuirá a aflorar y a hacer transparente el número de grandes propietarios que hay en las Islas”, aseguró

Según los datos que maneja el PSOE, a diciembre de 2024 “más de 104.000 inmuebles pertenecen a personas con más de cinco propiedades, 77.000 están en manos de empresas y cuatro personas acumulan 620 viviendas en las Islas”, lo que ha motivado que en dos años el precio del metro cuadrado de la vivienda en Canarias aumente un 39% y el alquiler un 21%: “Hoy una persona tiene que destinar el 55% de su salario bruto a pagar el alquiler, muy por encima del 47% de la media nacional”, afirmó Franquis.

Expulsión silenciosa

“La vivienda se ha convertido en otro factor de desigualdad en Canarias”, denunció Hernández, pues más de la mitad de la población canaria, sobre la base de los datos aportados por los socialistas, no puede afrontar los gastos de vivienda con sus ingresos mientras el número de viviendas vacacionales se ha disparado —de 40.236 a más de 72.459 en solo dos años—, restando 32.223 viviendas al mercado residencial.

“Estamos ante una expulsión silenciosa porque viviendas que antes estaban disponibles para familias trabajadoras se están volcando al mercado turístico porque deja más beneficios”, explicó Franquis.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Suscríbete para seguir leyendo