Torres palpa las vivencias de hijos y nietos de canarios en Chile y Argentina

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado a Argentina y Chile semanas antes de que acabe, el próximo 22 de octubre, el plazo para que hijos y nietos de exiliados españoles puedan obtener la nacionalidad española. Torres ha querido conocer in situ cómo se está desarrollando el proceso y palpar las vivencias que se esconden detrás de las historias de muchas de las personas que se están acogiendo a este procedimiento derivado de la Ley de Memoria Democrática.

En los encuentros realizados en la Casa de Galicia en Buenos Aires y en la embajada de España en Chile, el ministro Torres pudo compartir momentos intensos con descendientes de exiliados canarios: hijos, nietos o bisnietos de personas que, por razones diversas, abandonaron su hogar en distintas zonas de Canarias para tener un futuro mejor cruzando el Atlántico.

Barco 'Orellana'

En el caso de Chile, Torres pudo escuchar historias como la de Vinko Agüero, bisnieto de uno de los canarios que, junto a otras 55 familias de las islas, se subieron al barco Orellana a comienzos del siglo XX para cruzar el Atlántico, atendiendo a la llamada del Gobierno chileno para colonizar el Lago Budi. Canarios que pusieron en riesgo sus vidas para buscar un futuro en el continente americano.

Ángel Víctor Torres y el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, examinaron el pasado jueves en Santiago de Chile el desarrollo de la Ley española de Memoria Democrática. Tras la aprobación de la ley y con datos oficiales a 31 de julio, «cerca de un millón de personas han acudido a los consulados para realizar oficialmente su solicitud», afirmó Ángel Víctor Torres.

«En Chile se han realizado 44.881 peticiones oficiales; son ya 36.041 los descendientes que tienen su derecho consolidado», detalló el ministro. «Desde el Gobierno de España vamos a hacer que todos estos trámites se puedan agilizar para dar una justa respuesta digna. También de reparación, de no repetición, y también de petición de quienes son nuevos españoles, que son descendientes de españoles que vinieron en los años duros de la dictadura», agregó.

Argentina

En el caso de Argentina, Torres pudo también compartir momentos intensos con descendientes de canarios como Silvia Ramos, personas que quisieron desarrollar su vida en ese país ante la falta de oportunidades que tenían en las Islas. «Han sido emotivos encuentros llenos de momentos únicos en los que he tenido el placer de escuchar a estos descendientes de canarios cómo te hablan de Tejeda, de Garachico, de Agulo y de otros tantos lugares de Canarias. Es una evidencia que Canarias está muy presente en América», resaltó Ángel Víctor Torres.

Desde la aprobación de la actual Ley de Memoria Democrática, cerca de 900.000 personas han acudido a consulados para solicitar la nacionalidad española. «España tiene una deuda que dura demasiado con aquellos héroes y heroínas que defendieron la democracia hasta el último aliento: unos, sacrificando su vida o su libertad; otros, con el exilio», expuso el ministro. Añadió que «el Gobierno de España es consciente de que la diáspora española de 1939 trajo el florecimiento de una población de ciudadanas y ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras que teníamos que reconocer».

Por ello, se aprobó la Ley de Memoria Democrática de 2022, «cuyo gran objetivo es reparar y reconocer a las personas que fueron víctimas de la guerra y la dictadura. Incluye, como bien saben, la posibilidad de que los nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela», apostilló.

El consulado de Buenos Aires es el que más peticiones ha registrado, con alrededor de 370.000, el 40% del total. De ellos, 174.277 personas ya tienen consolidado su derecho a la nacionalidad, agregó.

Para Ángel Víctor Torres, que estuvo acompañado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; y el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, es un hecho que el Gobierno de España ha tenido «especial sensibilidad» con el reconocimiento a los españoles emigrados