Lío canario en el Constitucional

Una nueva vía de agua se ha abierto en los últimos días en las relaciones entre Canarias y el Estado que, como en la mayoría de los casos en este tipo de tensiones, no es que sea de vital importancia para el devenir diario de los ciudadanos, pero que sí contribuye a enrarecer y radicalizar aún más el ambiente político y que acabará alejando a estos cada vez más de las instituciones y de la política en general. Sí tendrá repercusiones a medio y largo plazo sobre la eficacia de la gestión de las administraciones. El nuevo rifirrafe se refiere a la impugnación frente al Tribunal Constitucional por parte del Estado de los presupuestos en vigor de la comunidad autónoma, es decir, los de 2025, con argumentos técnico-jurídicos muy discutibles y poco prácticos.

Fue el propio ministro de Política Territorial y expresidente canario, el socialista canario Ángel Víctor Torres, quien anunció con toda la parafernalia que ofrece la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, esta decisión del Gobierno central contra unas cuentas canarias a las que apenas le quedan tres meses para pasar a ser historia. Considera el ministro, atendiendo a los informes de los servicios jurídicos del Estado, que esos presupuestos modifican por la puerta de atrás varias leyes, en concreto dos preceptos referidos al Servicio Canario de la Salud (SCS) y al régimen retributivo de su director gerente, y a las inversiones regionales en los puertos deportivos.

Son dos elementos realmente «ridículos», en expresión del Gobierno de Canarias, de confrontación como para que Torres se emplee en los términos que lo ha hecho para anunciar el recurso estatal porque son, supuestamente, cuestiones técnicas que se podrían haber resuelto por la vía de la negociación entre administraciones. Sobre todo teniendo en cuenta el efímero horizonte que tienen por delante los presupuestos regionales en vigor y cuando el Ejecutivo autonómico tiene ya en el horno los del próximo ejercicio. El ministro señala sin embargo que la trascendencia de la posible inconstitucionalidad de la norma impugnada va más allá de ese horizonte temporal de los actuales presupuestos, y que las discrepancias al respecto se han mantenido entre ambas partes pese a las diversas negociaciones llevadas a cabo. El recurso por tanto, concluye, era inevitable.

Alguien podría sospechar que el recurso ante el TC tiene un cariz político alimentado por la condición de Torres de candidato socialista a la presidencia de Canarias en 2027, con ánimo de entrar en campaña lo antes posible

En todo caso, como señala con acertada ironía el Ejecutivo canario y la propia Coalición Canaria, no deja de ser paradójico que el Gobierno central muestre tanto prurito respecto a la constitucionalidad (o, en este caso, ausencia de ella) de unas cuentas regionales cuando él lleva tres años consecutivos incumpliendo el precepto constitucional de presentar las estatales. Un incumplimiento, por cierto, que afecta de manera clara y rotunda al desarrollo de la agenda canaria y por tanto a elementos esenciales de la vida económica de las Islas.

Recursos ‘políticos’

Es evidente que el Estado responde casi de forma automática, a través de sus servicios jurídicos, a cualquier elemento de posible inconstitucionalidad de leyes, normas o decisiones de otras administraciones, pero también resulta llamativa esta sobreactuación de Torres al anunciar el recurso por mucho que sea él el competente en hacerlo como titular de las relaciones del Estado con los territorios. El ministro canario ha hecho gala en muchas ocasiones, con toda razón, del descenso en el número de conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde el regreso de los socialistas al Gobierno central en 2018 gracias a la voluntad negociadora de los gobiernos de Pedro Sánchez en este sentido, que permitía cerrar acuerdos ante las distintas impugnaciones de uno u otro lado. Este recurso parece estar al margen de esa dinámica y alguien podría sospechar que tiene un cariz político alimentado por la condición de Torres de candidato socialista a la presidencia de Canarias en 2027 y con ánimo de entrar en campaña lo antes posible. Es, desde luego, la lectura que se hace en los dos partidos del pacto de Gobierno en las Islas, aunque no se atisba aún si tendrá efectos en las relaciones entre CC y el PSOE en Madrid y el apoyo de la diputada nacionalista en el Congreso, Cristina Valido, al Gobierno en un contexto de extrema debilidad de la mayoría que apoyó la investidura de Pedro Sánchez.

También es paradójico este recurso al TC sobre los presupuestos canarios cuando el Estado mantiene aún una deuda de más de 300 millones en las partidas canarias correspondientes a las cuentas estatales de este año pese a los compromisos sucesivos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del propio Sánchez para hacerlas efectivas en distintos momentos a lo largo del año. Por no hablar de la coincidencia temporal entre la presentación de este recurso y el fracaso del proceso de reubicación de más de 3.000 menores migrantes no acompañados en los términos previstos por la reforma de la ley de Extranjería, o del que obliga al Estado, tras la sentencia del Tribunal Supremo, a hacerse cargo de los 1.000 menores de este colectivo que además solicitaron asilo.

En todo caso, hay que reconocer que Canarias, como el resto de comunidades, ha utilizado también en otras ocasiones el recurso ante el TC de leyes, medidas o decisiones del Gobierno central por motivaciones políticas, porque consideraba que esa pugna le beneficiaba a efectos de opinión pública, con ánimo de mantener en tensión las relaciones con el Estado por motivos políticos y/o electorales. O, en sentido contrario, insistir en acuerdos de Gobierno con todos los visos de ser inconstitucionales, también con el mismo fin político. Así ocurrió precisamente con el problema de los menores migrantes (antes de que se pactara el decreto para reformar la ley) cuando Canarias aprobó su Protocolo de Recepción y dejó de ejercer sus competencias en el ámbito de protección de los menores y exigía al Estado que actuara en su lugar, provocando con ello una ruptura de los principios de colaboración y cooperación, así como de la distribución competencial prevista en la Constitución, según defendió el Gobierno central en su correspondiente recurso y confirmó el Tribunal Constitucional en su sentencia posterior.

Con todo, Canarias no es precisamente de las comunidades con mayor grado de conflictividad con el Estado, sobre todo cuando en el último año las regiones gobernadas por el PP —en clara estrategia común dictada desde la calle Génova— han provocado un cambio de dinámica respecto a ejercicios anteriores, llevando ante el árbitro constitucional varias leyes y decisiones del Gobierno de Sánchez. Y la experiencia señala que la cooperación entre administraciones es siempre mucho más provechosa que la confrontación.

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