El Estado lleva al Tribunal Constitucional los presupuestos canarios de 2025 por modificar "por la puerta de atrás" la ley de Sanidad

Este martes, 30 de septiembre, el mismo día en que el Gobierno central tendría que haber cumplido el precepto constitucional de presentar sus presupuestos para 2026 –lo que no sucedió– el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, además de secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, anunció que el Consejo de Ministros interpone un recurso de inconstitucionalidad contra las cuentas regionales de 2025 por discrepancias con el Ejecutivo canario en dos preceptos referidos al Servicio Canario de Salud (SCS) y la inversión en los puertos deportivos.

En el primer caso, porque las cuentas canarias permiten que el sueldo del gerente del SCS se iguale con las retribuciones del sector privado, ya sea trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia, "y eso incumpliría la ley de presupuestos del año 2023, del mismo modo que también iría en contra del Estado básico y estatal". En cuanto a la inversión de los puertos deportivos el presupuesto regional asegura que sería "no menos del 20%" cuando la normativa estatal, según Torres, "establece que tiene que ser por encima del 50%". Además, recordó que la normativa estatal exige que las inversiones se hagan en 6 meses, mientras que los Presupuestos canarios señalan de cuatro a seis años

Esta decisión del gabinete de Pedro Sánchez fue de manera inmediata calificada como "ridícula parodia extemporánea" por el portavoz del gabinete autonómico y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello.

Caricatura

"Es toda una caricatura ver a un ministro y expresidente anunciando un recurso de inconstitucionalidad sobre dos aspectos técnicos que pueden resolverse en el contexto de un diálogo institucional y que pueden ser resueltos y que, además, lo haga como miembro de un gobierno que lleva dos años sin aprobar sus propios presupuestos", afirmó.

Además de este argumento, el portavoz del gobierno afirma que "este recurso no tiene ningún efecto real, pues los presupuestos de 2025 tienen apenas tres meses de vigencia más, pues ya estamos inmersos en elaborar las cuentas de 2026".

Palos en las ruedas

En parecidos términos, el secretario de Organización y presidente del grupo parlamentario de CC, David Toledo, tachó de "inadmisible" que "un Ejecutivo que lleva años sin sacar adelante unos presupuestos estatales dedique sus esfuerzos a torpedear las cuentas de Canarias, que sí aportan estabilidad, certidumbre y respuestas a las necesidades más urgentes de esta tierra".

"Esto demuestra una vez más, como venimos denunciando desde hace tiempo, que Torres prefiere poner palos en las ruedas a la gestión de Canarias en lugar de trabajar para resolver los problemas de esta tierra desde el Gobierno central, pues no defiende el interés general, sino una estrategia política impropia de quien debería ejercer con responsabilidad como ministro y como canario", insistió el dirigente nacionalista.

Obligada revisión

Estas reacciones de Cabello y Toledo han provocado que la secretaria de Organización del PSOE canario y presidenta del grupo parlamentario, Nira Fierro, recuerde que "una de las medidas estrella de esos presupuestos permitía que quien viniera de la sanidad privada cobrara lo mismo en la pública, lo que deber ser revisado".

"La responsabilidad de cualquier gobierno constitucionalista es velar porque las normas se ajusten al marco legal. El Gobierno central actúa con rigor y respeto institucional y CC, en cambio, prefiere el enfrentamiento para tapar su incapacidad de gestión", remachó Fierro.

Lo cierto es que este enfrentamiento se retrotrae a los meses de noviembre y diciembre del pasado año, cuando en plena tramitación de las cuentas canarias tanto el PSOE como NC-Bc denunciaron que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo usaba los presupuestos de este año para "cambiar por la puerta de atrás varias leyes".

Disposición Adicional Cuarta

Una de esas legislaciones modificadas es la que, precisamente, llevó este martes al Consejo de Ministros a enviar al Tribunal Constitucional (TC) la Disposición Adicional Cuarta de los vigentes presupuestos canarios.

Ese apartado, según el PSOE canario y ahora el Ejecutivo central, modifica la ley Ordenación Sanitaria de Canarias de 1994 en el sentido de que permite que "el personal que pase a desempeñar un puesto de gerente o de director gerente en el Servicio Canario de Salud (SCS), cualquiera que sea la institución de procedencia en caso de tratarse de empleados públicos, así como quienes provengan del desempeño de una actividad privada, por cuenta propia o por cuenta ajena, no percibirá retribuciones inferiores a las que viniera percibiendo en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su nombramiento".

Una prerrogativa que, como reza el texto presupuestario, "surtirá efectos económicos desde el 1 de julio de 2023", que es justo cuando se conformó el gabinete sustentado por CC, PP, ASG y AHI.

Sentencias previas del TC

Lo que esgrimieron los socialistas durante toda la tramitación parlamentaria y se estudió en el seno del Consejo de Ministros es que el 15 de diciembre de 2022 el propio TC afirmó en una sentencia que "las leyes de presupuestos no pueden contener cualquier clase de normas, o lo que es lo mismo, su contenido no puede ser libremente fijado, por cuanto está sujeto a unos límites materiales, de modo que la regulación de las materias situadas fuera de ese ámbito está constitucionalmente vetada".

Según el TC, las cuentas tienen la "específica función que constitucionalmente se atribuye" a la "ordenación jurídica del gasto público y ser instrumento o vehículo de la política económica del Gobierno", tal y como sentenció en 2013, y de"las exigencias del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución".

Es decir, que «una ley de contenido constitucionalmente definido como la de presupuestos generales no debe contener más disposiciones que las que corresponden a su función constitucional», tal y como reza otra sentencia previa emitida en el año 1992 que sirve de base a la decisión del Consejo de Ministros.

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