Volcanes, inundaciones e incendios: acceso exprés a la Renta Canaria de Ciudadanía
El primer reglamento que desarrolla la ley de la prestación social, en exposición pública, introduce la tramitación inmediata para catástrofes y pandemias
Un helicóptero intenta sofocar las llamas en el incendio forestal de Gran Canaria en 2019. / Angel Medina G/Efe
Un accidente aéreo, una erupción volcánica, una inundación, un maremoto, un terremoto o un gran incendio forestal podrán convertirse en puerta de entrada inmediata a la Renta Canaria de Ciudadanía, una prestación económica que complementa al Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, dirigida a personas y familias en situación de vulnerabilidad en Canarias. Después de tres años desde que se aprobó la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, en diciembre de 2022, al final de la pasada legislatura, se desarrolla el primer reglamento de esta norma, que se encuentra desde el pasado viernes en exposición pública hasta el 16 de octubre.
Como novedades, las personas afectadas por catástrofes, atentados, pandemias o siniestros graves tendrán un acceso urgente a la prestación y al acompañamiento social. Esa tramitación exprés se aplicará también a realidades como conflictos severos de convivencia, sinhogarismo, violencia de género o separaciones con pérdida de vivienda, entre otros. «En estos casos, la Administración puede actuar de oficio o bajo atestado social y activar apoyos sin demoras», asegura la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Atención personalizado para todas las Islas
El reglamento que desarrolla la ley, elaborado con la participación de los técnicos sociales de los 88 municipios canarios y del equipo de la Consejería de Bienestar Social, ha movilizado a más de un centenar de profesionales, explica la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana. Su objetivo es dar un salto cualitativo: no solo agilizar el acceso en situaciones extremas, sino también estandarizar los procesos en todo el Archipiélago.
Hasta ahora, cada ayuntamiento aplicaba criterios distintos, pero el reglamento define de manera homogénea el diagnóstico social, el plan de atención personalizado y el informe social en todas las islas, así como la coordinación interadministrativa con ayuntamientos y otros sistemas de apoyo.
Candelaria Delgado defiende que esta norma «ordena y humaniza la puerta de entrada a la inclusión», mientras que Elisabet Santana la define como «un escudo para proteger a nuestra gente por encima de todo». Ambas coinciden en que la renta no debe limitarse a ser un ingreso mensual, sino una palanca de inclusión y autonomía que articule itinerarios de empleo, vivienda, salud o educación en coordinación con otras administraciones.
El doble de recursos
La Renta Canaria de Ciudadanía ha pasado de 50 millones de euros en 2021 a más de 104 millones en 2025, duplicando la inversión y atendiendo a casi 13.000 hogares, una cifra que es similar, no obstante, a la que se registraba al final de la anterior legislatura, en concreto a mediados de 2023.
Según Santana, la prestación no se ha quedado estancada, sino que se están dando altas y bajas del sistema y, además, las cuantías son mayores. La ayuda ha aumentado en 2025 respecto al año anterior.
De 658 euros a 1.594 al mes
La renta mínima parte de 658 euros para un adulto solo, frente a 604 en 2024, y alcanza como máximo 1.594 euros para un hogar monoparental con cuatro o más menores, frente a 1.462 el año pasado. La Comunidad Autónoma equipara el importe con el Ingreso Mínimo Vital. Se pueden solicitar ambas prestaciones a la vez y, si el Estado tarda en otorgar la ayuda, Canarias concede esta renta hasta que llegue el IMV y, según los casos, completa la cuantía estatal. La mayoría de los perceptores están recibiendo completa la Renta Canaria, indica Santana.
El Archipiélago es una de las únicas tres comunidades autónomas que ha mejorado su inversión en rentas mínimas desde la aprobación del IMV en 2020, asegura. Pero el desarrollo reglamentario de la ley no se agota en estas medidas. Es solo uno de los varios reglamentos pendientes de la norma de 2022, que nació con dificultades parlamentarias y tres años después sigue incompleta.
En paralelo, el Gobierno autonómico trabaja en otros reglamentos que regularán los complementos para estudios, las ayudas a la vivienda y las pensiones no contributivas.
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