La diáspora isleña tendrá una ley para fomentar la canariedad

La diáspora canaria tendrá una nueva ley que recogerá sus derechos, a qué ayudas puede acceder y regulará los vínculos con la Comunidad Autónoma en relación con las acciones y programas que se establezcan dirigidos a los isleños que viven fuera del Archipiélago. La futura Ley de la Canariedad en el Exterior no solo pretende recoger las necesidades de los canarios que residen en otros países, sino que contempla el fenómeno cada vez más creciente de los flujos migratorios actuales con una tendencia creciente al retorno de emigrantes a las Islas, para los cuales se articularán líneas de apoyo y acompañamiento tanto de tipo económico como de carácter complementario para regularizar su situación.

En la actualidad hay más de 250.000 canarios que residen en países extracomunitarios, fundamentalmente en América Latina caso de Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay. No hay datos oficiales de los que viven en países de la Unión Europea (UE) y en la Península, aunque solo en Madrid residen más de 22.000 isleños.

El director general de Emigración del Gobierno regional, José Téllez, recuerda que la ley anterior cumple 40 años en 2026 y regula las entidades canarias en el exterior. Esta nueva norma va más allá y no solo actualiza a las entidades con la evolución y los cambios habidas en estas cuatro décadas, sino que se centra en los canarios y sus descendientes. La nueva norma recoge el guante del Estatuto de Autonomía con la reforma de 2018 en el que se refleja que canarios no son solo los que viven en las Islas sino también los que residen fuera de ellas, por lo que se quiere potenciar la identidad y la canariedad de los isleños de la diáspora.

«Existe un vacío legal para determinar cómo y con qué criterios se pueden desarrollar los programas y las acciones, quiénes tienen derecho y cómo se puede intermediar y participar en los mismos», explica Téllez. Los distintos gobiernos regionales han establecido desde los inicios de la autonomía líneas de ayudas de tipo eminentemente social para prestar asistencia a los isleños, sobre todo mayores, con medicamentos, consultorios médicos, centros de día, asistencia domiciliaria, tarjetas monedero para ayudas de emergencia y otros programas de carácter sociosanitario. Ahora la nueva ley quiere ir más allá y, aunque se mantienen las ayudas sociales, también se quiere fomentar la canariedad con iniciativas que potencien el vínculo de los isleños que viven fuera con la identidad y el arraigo con las Islas.

El Ejecutivo regional destina este año 6,2 millones de euros desde la Dirección General de Emigración para los diferentes programas y ayudas a los emigrantes canarios. Téllez añade que la nueva normativa «consolida las acciones que estamos llevando a cabo con unos mínimos presupuestarios», pero también se trata de una ley transversal en la que se pretende implicar a otros departamentos de la Comunidad Autónoma para potenciar actividades culturales, identitarias, intercambio de conocimientos, formación on line y otras acciones dirigidas también a los jóvenes y descendientes de los canarios para que no pierdan su vínculo con las Islas.

Descendientes

Otra vía que abre la nueva ley es la de las ayudas a los retornados ante un escenario de incertidumbre y crisis sociopolítica, que obliga a muchos canarios y descendientes a irse de los países donde han pasado una buena parte de sus vidas. En los últimos años, el incremento de la emigración procedente de Venezuela y Cuba ha ido en constante aumento, sobre todo del primer país, cada vez más inestable. La nueva norma también pretende regular este fenómeno, si bien la Dirección General de Emigración ha abierto la consulta pública previa a la redacción del anteproyecto de ley con el fin de recoger las propuestas y sugerencias sobre las acciones que se pueden llevar a cabo con la población retornada.

Actualmente, ya existe una ayuda de pago único para aquellos canarios de origen que han regresado a las Islas, muchos de ellos personas mayores. «A futuro queremos establecer ayudas que no solo sean económicas sino también complementarias para los canarios que se van a otro país y después regresan». Estas nuevas líneas no están concretadas y lo que busca el Ejecutivo es recoger propuestas para fijarlas en la ley que pasan por el apoyo en el traslado de enseres, subvenciones para la compra de los pasajes, facilitar la búsqueda de empleo y otro tipo de acciones que faciliten el retorno de aquellos isleños que quieren regresar a las Islas.

Identidad y arraigo

En relación con los descendientes de emigrados, Téllez explica que el texto de la iniciativa legislativa «está abierto» para propuestas en la fase de consulta pública. El director general de Emigración subraya que no se trata tanto de ayudas económicas sino de medidas de información y acompañamiento como pueden ser la tarjeta sanitaria, la homologación de titulaciones académicas, el empadronamiento, la colaboración con organizaciones del tercer sector y otras líneas de acompañamiento para contar una asistencia que ayuden a la integración de los descendientes de canarios.

El reconocimiento de la nacionalidad española para estos descendientes de isleños retornados forma parte de la legislación estatal en la misma línea de la Ley de Memoria Democrática, con el fin de facilitar la nacionalidad. Téllez remarca que el objetivo de fondo de la nueva norma es que las nuevas generaciones mantengan la identidad y no pierdan el arraigo con las Islas aunque no hayan nacido aquí, pero cuyos padres sí emigraron.

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