El Parlamento de Canarias inicia una ‘caza de brujas' para saber quien filtró el informe preliminar de la 'comisión covid'

El Parlamento ha hecho caso a las protestas del PSOE e inicia una ‘caza de brujas’ para conocer "la posible auditoría de la filtración" del informe preliminar de la comisión de investigación sobre las posibles irregularidades de los contratos de material sanitario suscritos por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia que señalaba la responsabilidad política del expresidente Ángel Víctor Torres y los titulares de Sanidad en esa época: Julio Pérez y Blas Trujillo.

La Mesa de la Cámara debatió este jueves la petición de los socialistas de iniciar un proceso de pesquisas para paliar "el grave daño a la imagen institucional", e incluso el debilitamiento de su "prestigio y credibilidad", que ha supuesto la publicación del borrador del informe que servirá de base para debatir -a partir del 26 de septiembre- las conclusiones finales y solicita a los "integrantes de la ponencia" que "para el esclarecimiento de los hechos que se denuncian" por el PSOE "en el plazo de tres días" comuniquen "si disponen de alguna información sobre la posible autoría de la filtración y de las circunstancias en las que esta pudo haberse producido".

Además, pide al presidente de la comisión y autor del documento, Raúl Acosta (AHI), que, también en "el plazo de tres días", pueda "manifestar lo que considere oportuno" sobre el objeto de la queja de los socialistas, que exigen su dimisión y lo hacen directamente responsable de la divulgación del documento, ya que cuando lo envió a los miembros de la comisión "en ningún momento indicó en el correo remitido la oportuna reserva que sus destinatarios han de observar para no trasladar un documento de trabajo que no reviste otra forma que la de deliberación". Por lo tanto, para los socialistas el 'delito' lo cometió Acosta y no cualquier otro diputado, pues no avisó a ninguno de los ponentes de que el informe ahora objeto de la polémica no podía ser hecho público.

Multa o suspensión de cargo público

Pero los socialistas fueron más allá en su escrito de amparo a la Mesa de la Cámara y blandieron el artículo 417 del Código Penal para recordar que "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

Al respecto, ya el pasado martes el propio Acosta, a raíz de la petición pública del portavoz socialista, Sebastián Franquis, exigiendo que dimita como presidente de la comisión que no piensa dejar el cargo porque elaboró un informe "con opiniones mías" en base a la encomienda de la propia comisión de "elaborar un borrador de informe cuya primera versión debía estar lista a principios de septiembre".

Lo sustancial

"He entregado ese primer borrador, un borrador mío, en las que he dado respuesta a la encomienda que tenía de la propia comisión; lo sustancial en este asunto no es si un medio de comunicación publica el borrador, sino establecer medidas para evitar que se repitan episodios como la desaparición de 4 millones de euros del bolsillo de todos los canarios", se defendió en los pasillos del Parlamento.

Para los servicios jurídicos de la Cámara, en sintonía con la denuncia de los socialistas, el artículo 78.3 del Reglamento establece "el carácter secreto, sin excepción, de las reuniones de las ponencias de las comisiones de investigación y por ende de los documentos de trabajo que sirvan de base a las deliberaciones de esta". Y aún más: el artículo 21 del Reglamento "establece la obligación de sigilo de los miembros de la Cámara respecto a las actuaciones que tengan el carácter de secretas".

Precedente

Esta resolución de la Mesa, a raíz de la protesta de los socialistas, sienta un precedente de cara a futuras investigaciones que la propia Cámara no aplicó en el pasado, pues en todas las anteriores comisiones de investigación que han existido en cuatro décadas -Tindaya, caso Amorós, los niños desaparecidos o las actuaciones durante la tormenta tropical Delta, por ejemplo- siempre se conocieron los documentos y los distintos puntos de vista de los distintos grupos parlamentarios en las ponencias que culminaban en el informe final que se elevaba para su ratificación por el pleno parlamentario, como lo demuestra la amplia hemeroteca.

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