Los grupos parlamentarios asumen que la investigación sobre la "filtración" de la 'comisión covid' será un fracaso

Raúl Acosta, presidente de la comisión que analiza las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación por el Servicio Canario de la Salud (SCS) del material sanitario necesario apara hacer frente a los efectos de la pandemia, remitió el 11 de septiembre, por mandato expreso de los propios diputados ponentes, un borrador de informe preliminar elaborado por él mismo para que sirva de base al debate y elaboración de las conclusiones finales. Ese documento, envuelto ahora en la polémica política por el PSOE, lo publicó este periódico el 21 de septiembre. En ese lapso de tiempo no solo los ponentes de la 'comisión covid' lo conocían. Como mínimo, los 17 diputados que la componen y, tal y como apuntan varios portavoces, con toda probabilidad más de la mitad de sus 70 señorías.

Ese es el escenario con el que se encontrará la Mesa del Parlamento cuando a mediados de la próxima semana recabe la información solicitada a los ponentes "sobre la posible autoría de la filtración" del informe denunciada por el PSOE y "de las circunstancias en las que esta pudo haberse producido" y eso es lo que trasladará el propio Acosta: "yo me limité a enviar lo que me habían pedido y no puedo saber qué pasó a partir de ahí".

Salvo el PSOE, el resto de los grupos parlamentarios coinciden en que la investigación de la filtración iniciada a raíz de la queja que presentaron los socialistas quedará en nada y solo servirá como gesto de la Cámara regional para demostrar que vela por la transparencia y que se cumple el Reglamento.

"Alguien miente"

"Si nadie sabe nada es indudable que alguien miente, porque es obvio que el informe preliminar se publicó y que para ello alguien de los que tenían en su posesión el documento lo distribuyó", afirma el portavoz socialista, Sebastián Franquis.

Como afirma Jesús Ramos (ASG) "sin pruebas no se puede señalar a nadie y yo, personalmente, no las tengo y no sé cómo ha podido pasar". En parecidos términos, el conservador Fernando Enseñat asegura que "confiamos en todos los diputados, sea cual sea su grupo, y respetamos el trabajo y la seriedad de todos ellos en su actividad parlamentaria".

Para el canarista Luis Campos, que coincide con el PSOE en que la filtración es "un despropósito y un disparate dirigido a afianzar la inculpación del expresidente Ángel Víctor Torres y varios miembros del anterior gobierno", rebaja la gravedad de la divulgación "porque todos somos conscientes de las relaciones entre los políticos y los medios de comunicación, que cumplen con su labor de informar, y sabemos que las filtraciones existen, y lo demuestra que estamos en un país donde se publican autos judiciales o informes de la Unidad Central Operativa (UCO)".

¿Investigar a los 70 diputados?

"¿Qué va a hacer la Mesa, pedir una orden judicial para comprobar todos los correos de los 70 diputados o sus conversaciones telefónicas? ¿Investigar las entradas y salidas de los periodistas durante diez días para ver qué grupos parlamentarios visitaron? ¿Visionar las cámaras de seguridad para comprobar si alguien salió con una abultada carpeta de folios?", dice el nacionalista José Miguel Barragán tirando de ironía.

La propia Mesa de la Cámara no lo tiene claro, pues los Servicios Jurídicos aseguran que hasta no disponer de la respuesta de los grupos a las pesquisas solicitadas "no podemos anticipar qué actuaciones se adoptarán".

No divulgar datos secretos

De momento, al igual que el PSOE, se limitan a recordar el contenido del artículo 78.3 del Reglamento: "Las sesiones de las comisiones de investigación preparatorias de su plan de trabajo o de las decisiones del Pleno, o de deliberación interna, o las reuniones de las ponencias que se creen en su seno, serán siempre secretas. Serán también secretos los datos, informes o documentos facilitados a estas comisiones para el cumplimiento de sus funciones cuando lo disponga una ley o cuando así lo acuerde la propia comisión".

El PSOE, además, añade el artículo 21.1 del Reglamento: "Quienes sean miembros de la Cámara están en la obligación de no divulgar las actuaciones que puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas".

La propia medicina

Y es en este hecho donde más se centran los socialistas, porque consideran que Acosta, "con independencia de que no fue imparcial en la redacción de su informe, no veló para impedir la revelación de documentos secretos". Por tal motivo, el PSOE mantiene que debería dimitir como presidente de la comisión covid.

Para el portavoz socialista, "si Acosta dice en su informe que si Torres se apropia de los buenos resultados de su gestión es lógico que también se responsabilice en igual medida de aquello que no funcionó, que se aplique su propia medicina y asuma su fracaso in vigilando para evitar que ese borrador saliera a la luz y dimita"."¿Vale ese argumento para el expresidente y no vale para él?", apostilla.

Además, Franquis insiste en que Acosta queda deslegitimado como presidente de la comisión porque "desde que el informe fue publicado no hay ni una sola declaración suya condenando una filtración que ha hecho mucho daño a la credibilidad del Parlamento y de la propia comisión".

Falta de rigor e imparcialidad

El portavoz socialista recuerda que Acosta ha protagonizado una "absoluta falta de rigor y control" al dejar que "un borrador interno termine en los medios antes siquiera de ser debatido y sin haber adoptado ninguna medida para garantizar la confidencialidad".

En definitiva, insiste en su denuncia de que con su actitud el diputado de AHI "ha perdido la imparcialidad como presidente de la comisión al normalizar que un ejercicio de investigación se convierta en un instrumento partidista, al servicio de intereses políticos concretos, debilitando la objetividad y la neutralidad que deben regir cualquier comisión parlamentaria" de esa naturaleza.

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