Canarias 'mira' a ciudades europeas para solucionar la escasez de viviendas

La propuesta canaria para modificar la Ley de Bases de Régimen Local no se limita solo a posibilitar que las ordenanzas municipales sirvan para poner trabas a los extranjeros no residentes que quieran comprar casas, como anunció el presidente Fernando Clavijo antes de la Conferencia de Presidentes celebrada en mayo en Barcelona. Va más allá. Observando las medidas puestas en marcha por Berlín, Hamburgo, Amsterdam o Bilbao, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ya elaboran la propuesta que Canarias trasladará al Gobierno central, a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y al Congreso para poder adoptar medidas fiscales que «penalicen» a los propietarios que mantengan viviendas vacías y «premien» a aquellos que las pongan en el mercado de alquiler asequible.

Así lo anunció el presidente durante la sesión de control al Ejecutivo a una pregunta del presidente del Grupo Nacionalista, David Toledo: «en países de la Unión Europea (UE) se dota a los ayuntamientos de más competencias para poder, desde el punto de vista fiscal y del patrimonio, establecer criterios para regular el acceso a la vivienda».

Por su parte, Toledo insistió en que una comunidad autónoma como la canaria, que tiene decretada desde hace un año la emergencia habitacional, «tiene motivos de sobra para poder darle a los ayuntamientos herramientas para que limiten la compra de vivienda a ciudadanos no residentes» y sacar al mercado un importante parque de inmuebles que están vacío.

10.000 casas al año

No fue el único asunto referido a la escasez de vivienda que ayer se debatió en el Parlamento, pues el vicepresidente Manuel Domínguez respondió a la socialista Nira Fierro y al nacionalista José Manuel Bermúdez, que en la legislatura anterior se construyeron 208 viviendas protegidas, mientras que en la actual ya hay 2.200 y 2.100 proyectadas.

«Eso permitirá aumentar la oferta, equilibrar la demanda y contribuir a que los precios caigan. Nuestro objetivo es llegar a 10.000 viviendas al año sumando al sector público y el privado», sentenció Domínguez.

No hay 8.698 viviendas vacacionales 'retiradas'

Por último, la consejera Jéssica de León aseguró que «el Gobierno de España no tiene competencias para retirar viviendas del mercado turístico, puesto que en materia de ordenación del territorio, urbanismo y turismo las tenemos las comunidades autónomas». De León, que sacó en su escaño la relación completa de las supuestas 8.698 viviendas vacacionales ilegales que el Estado ha retirado de la circulación en Canarias –53.000 en toda España–, insistió en que «no se ha retirado ni una sola vivienda del mercado turístico».

«Con esta comunicación que nos ha remitido el Ministerio a una pregunta concreta de esta Consejería el Estado está reconociendo que no ha clausurado ninguna vivienda y no ha incorporado ninguna al mercado residencial», concluyó la consejera.

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