La izquierda y Vox coinciden en que la ‘comisión covid’ es "un teatro, una farsa y un paripé"

El contenido del informe preliminar de la comisión del Parlamento que investiga las posibles irregularidades en la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia –desvelado por este periódico– elevó el volumen de decibelios de la crítica política en los partidos de la oposición (PSOE, NC-Bc y Vox), hasta el punto de que sus declaraciones incrementaron este lunes la temperatura de sus mensajes contra los integrantes del pacto del Gobierno que preside Fernando Clavijo en un momento en el que las relaciones políticas entre el PSOE y CC son claves para el futuro del Archipiélago, que busca el apoyo de Moncloa para que se apruebe en el Congreso el ‘decreto Canarias’ mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere atar el apoyo de los nacionalistas a los presupuestos estatales del año 2026.

En ese escenario de difíciles equilibrios diplomáticos irrumpe el informe preliminar que comenzarán a debatir los distintos grupos el 26 de septiembre y que atribuyen de puño y letra al presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI). Un documento que demuestra que "toda la comisión ha sido una farsa absoluta, un teatro y un paripé", en palabras del portavoz socialista, Sebastián Franquis.

"Que el informe diga exactamente lo mismo que los grupos que apoyan al Gobierno defendían incluso meses antes de que se creara la comisión ratifica que nunca quisieron investigar nada y que la han usado con una clara intencionalidad política: atacar al expresidente y ministro, Ángel Víctor Torres", afirma Franquis.

Persecución política

"No es una comisión de investigación, es una comisión de persecución política", remachó en redes sociales la secretaria de Organización y presidenta del grupo parlamentario, Nira Fierro.

Para el otro partido de izquierdas, "es una barbaridad decir que el expresidente y los consejeros de Sanidad son los responsables de decisiones que, en virtud al decreto de emergencia nacional del Gobierno de España, correspondían a la dirección del SCS y a todo su equipo administrativo", como explicó la canarista Esther González.

Competencias exclusivas

Para ella, quien fuera director del SCS, Conrado Domínguez, y la responsable de Asuntos Económicos, Ana María Pérez, "tenían la competencia exclusiva para contratar por hasta dos millones de euros era de ese organismo autónomo al Gobierno sin tener que dar cuenta ni al consejero de Sanidad ni al presidente".

La diputada de NC-Bc insiste en que aún no se ha debatido el contenido del informe en el seno del grupo parlamentario, pero incluso asegura que "Domínguez y Pérez tampoco incurrieron en ningún ilícito administrativo ni en ninguna irregularidad, hicieron lo que mandataba el decreto; aquí el único que expolió fue el dueño de la empresa RR7, Rayco González, que cobró cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca entregó".

Un fracaso

Que dos de los cuatro grupos que conformaban el Gobierno del pacto de las flores en la pasada legislatura salgan en defensa del expresidente Torres entra dentro del guion, pero lo que sí resulta sorprendente es que a estas críticas se sume Vox, que fue uno de los partidos promotores de crear la comisión investigadora: "ha fracasado en su objetivo de fijar responsabilidades políticas y derivar consecuencias", asegura Nicasio Galván, portavoz del grupo de la derecha más radical.

"La comisión ha terminado siendo un teatro político, donde PP y CC, por un lado, y PSOE y Nueva Canarias por otro, se han limitado a usarla como escenario de mítines particulares", remacha Galván.

Evitar nuevos fraudes

En lo que sí parece que puede haber consenso es en la parte del informe que no se centra en las responsabilidades políticas, sino en endurecer los mecanismos de control para, como reza el informe, "evitar fraudes y mejorar la eficiencia de material sanitario".

De momento, y aunque con matices, todos asumen que hay que modificar la Ley de Contratos del Sector Público o implementar una plataforma de seguimiento de los contratos.

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