La mitad de los menores migrantes de Canarias irá a Andalucía, Madrid y Valencia

País y Vasco y Cataluña quedan excluidas de la obligación de acoger niños migrantes, mientras regiones del PP asumen el mayor peso

Una voluntaria de Cruz Roja atiende a un niño llegado en patera a Lanzarote.

Una voluntaria de Cruz Roja atiende a un niño llegado en patera a Lanzarote. / Adriel Perdomo / Efe

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de España ha definido finalmente el reparto de menores migrantes no acompañados, 107 días después de la entrada en vigor del real decreto ley que obliga a todas las comunidades autónomas a participar en su acogida. Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —todas gobernadas por el Partido Popular— concentrarán cerca del 50 % de los 3.975 menores que se pretende derivar desde Canarias, Ceuta y Melilla, una cifra inferior a los más de 4.400 traslados que se contemplaban inicialmente. En el extremo opuesto, Cataluña y País Vasco quedan exentos de recibir nuevos menores, aunque el Govern catalán ha anunciado que acogerá voluntariamente a 31 jóvenes. El Ministerio de Juventud e Infancia presentó este nuevo esquema de distribución durante la Comisión Sectorial celebrada ayer, como antesala de la próxima Conferencia Sectorial, cuya fecha aún no se ha concretado.

Fuentes del Ministerio insisten en que la distribución propuesta, basada en los criterios fijados por la reforma de la ley de extranjería, pondera especialmente el esfuerzo previo de las comunidades autónomas y el número de plazas habilitadas en cada territorio. Subrayan, además, que una vez completado el proceso de reubicación, Cataluña seguirá siendo la comunidad con más menores en su sistema de protección, con una diferencia significativa respecto al resto.

Polémica con el PP

Este punto ha sido motivo de fricción desde el inicio del proceso, especialmente entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han cuestionado abiertamente que Cataluña y el País Vasco reciban a menos menores migrantes que el resto. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber negociado con los partidos nacionalistas vascos y catalanes una carga menor en la acogida a cambio de su apoyo parlamentario para sacar adelante el decreto ley, una crítica que ha sido compartida por otros dirigentes autonómicos del PP.

El equipo de Sira Rego subraya que Cataluña cuenta con más de 5.000 plazas en su sistema de acogida, casi el doble que Madrid, a pesar de tener una población comparable. El esquema planteado establece un máximo de traslados, pero no todos se materializarán, ya que su ejecución dependerá de factores como la capacidad administrativa de Canarias para tramitar los expedientes.

En materia de financiación, el Ministerio de Juventud e Infancia asumirá íntegramente los costes de los traslados de los menores, así como los gastos de acogida durante, al menos, los tres primeros meses en destino. Además, el Estado compensará económicamente la sobresaturación estructural que soportan territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid. En este reparto, las comunidades que recibirán más fondos serán Canarias, Madrid y Andalucía. El plan del Gobierno de España incluye el reparto de 100 millones de euros, recogidos en el real decreto ley.

107 días para hacer unos cálculos

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia aseguran que el proceso de reparto sigue adelante, a pesar del «bloqueo sistemático» de algunas comunidades autónomas, a las que acusan de haber intentado retrasar deliberadamente los plazos; «el Ministerio mantiene sus objetivos y hará cumplir la ley», advierten. El nuevo modelo, insisten, tiene como objetivo corregir las desigualdades históricas entre territorios y garantizar un reparto más justo y equilibrado; «hasta ahora han existido enormes brechas entre los diferentes sistemas de acogida, con comunidades que han hecho un esfuerzo considerable y otras que no han asumido su parte», señalan fuentes ministeriales. En este contexto, la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería supone, remarcan, «un paso decisivo para garantizar los derechos de miles de niños y adolescentes que llegan solos a España» y para avanzar hacia una protección de la infancia basada en la corresponsabilidad entre territorios.

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