El Gobierno rechaza extraer las tierras raras pero valora su potencial

El Gobierno de Canarias sostiene con firmeza que no se extraerán tierras raras en Fuerteventura, especialmente en zonas protegidas. Sin embargo, la ambigüedad de algunos discursos institucionales y la existencia de permisos de investigación aún activos alimentan la sospecha de un doble juego que inquieta a parte de la ciudadanía y a varios grupos parlamentarios. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez, compareció ayer en comisión parlamentaria a petición de Vox para abordar las oportunidades económicas de estos minerales estratégicos. Allí reiteró su rechazo a cualquier extracción en la isla, y subrayó que tanto él como el presidente regional, Fernando Clavijo, están trabajando para adquirir los derechos de investigación que ostenta la empresa promotora, Satocan. «No habrá extracciones, lo tenemos sumamente claro», insistió Domínguez, asegurando que se ha actuado siempre en base a la ley y a las decisiones del Parlamento, que primero aprobó estudiar las tierras raras y después rectificó para frenar la investigación.

No obstante, Domínguez admitió que estos elementos son una «oportunidad» para diversificar la economía del Archipiélago, si bien matizó que no a cualquier precio y «sacrificando la niña bonita» del turismo. Comparó esta situación con la geotermia, que es fuente de energía valiosa pero que no se explorará en zonas incluidas en la Red Natura 2000. El vicepresidente lamentó que se haya generado «alarmismo innecesario» con un «tufo electoralista» y sostuvo que desde el Ejecutivo siempre se ha «contado la verdad». 

Pese a sus palabras, desde la oposición se denunció la falta de coherencia y se reclamaron medidas concretas. El socialista Manuel Hernández pidió al Gobierno que paralice los permisos en trámite, revise los ya concedidos y tramite un decreto ley que regule la investigación y eventual explotación de estos recursos en el archipiélago. «Han pasado ya más de 15 meses y, más allá de los anuncios, no se ha hecho absolutamente nada», denunció.

Vox defiende que la iniciativa ha sido manipulada para generar rechazo y miedo entre la población

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, coincidió en que no se trata de demonizar las tierras raras, sino de definir qué modelo de desarrollo se quiere para Canarias. Recordó que fue la presión de la ciudadanía la que obligó al Parlamento a rectificar y recordó también la movilización masiva contra las prospecciones petrolíferas hace dos décadas. «La escucha activa no es una opción, es una obligación», recalcó.

Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera, subrayó la importancia de garantizar transparencia y participación ciudadana, y cuestionó si el Gobierno está dispuesto a impulsar una legislación que contemple las particularidades del territorio canario. A su juicio, la actual Ley de Minas estatal no es adecuada para un espacio insular y fragmentado como el archipiélago.

Desde Vox, el diputado Nicasio Galván fue el único en defender abiertamente el inicio de los estudios. Denunció «sectarismo e ignorancia» por parte del resto de grupos parlamentarios y sostuvo que «se ha mentido a la ciudadanía». Recordó que los permisos actuales no contemplan explotación, sino una primera fase de investigación mediante vuelos con drones y sondeos de apenas un metro cuadrado. A su juicio, la iniciativa ha sido manipulada para generar rechazo y miedo.

Galván defendió la necesidad de producir tierras raras en Europa para reducir la dependencia de China, que actualmente controla el 100% del suministro. «Si Canarias quiere descarbonizarse antes de 2040, es inviable hacerlo sin apostar por las tierras raras», dijo, señalando que su uso es clave para las energías renovables, la tecnología, el armamento y la industria espacial.

Mientras tanto, la presión social en Fuerteventura sigue creciendo, al considerar que los anuncios del Gobierno no van acompañados de decisiones legales efectivas. La ciudadanía y las instituciones insulares han dicho ‘no’, pero la sensación generalizada es que el debate sigue abierto, con una agenda en la que aún queda por escribir.