Crisis migratoria
Reforma exprés del 'Canarias 50' para acoger a niños refugiados
La entidad designada por el Estado para gestionar el centro carece de habilitación del Gobierno canario para trabajar con menores

Un grupo de migrantes arriba a Puerto del Rosario. / EFE / CARLOS DE SAÁ
El alivio sigue sin llegar. El Gobierno de España aborda una reforma exprés del centro ‘Canarias 50’ para habilitar 250 plazas destinadas a menores migrantes con derecho a asilo, que deben ser incorporados al sistema estatal de protección internacional, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo en dos resoluciones consecutivas. Las obras, «de diversa naturaleza», según fuentes del Gobierno de Canarias, tardarán al menos dos semanas en completarse. Estas plazas, aseguran, son «de tránsito» mientras que se analizan los expedientes y se les ofrece una respuesta definitiva en algún centro especializado de la Península.
A este retraso se suma un escollo administrativo: la entidad designada por el Estado para gestionar la atención de los menores migrantes en el centro, ubicado en pleno corazón del barrio capitalino de La Isleta, no cuenta aún con la habilitación necesaria del Ejecutivo canario para trabajar con infancia en la comunidad autónoma. No obstante, el Ejecutivo regional se ha comprometido a tramitar la documentación con la mayor celeridad posible. Se trata de la Asociación Engloba, con experiencia en la gestión de centros de atención a migrantes en Andalucía, que ahora da el salto al Archipiélago.
Durante la segunda reunión del comité interadministrativo entre los Gobiernos de España y Canarias, celebrada ayer, el Ejecutivo central ofreció otras 400 plazas definitivas en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Este mismo recurso fue utilizado anteriormente para acoger a familias y menores ucranianos tras la invasión rusa de Ucrania.
La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, subrayó al término de la reunión del comité interadministrativo que la prioridad sigue siendo descongestionar el sistema de acogida de las Islas, aunque advirtió que aún quedan cuestiones fundamentales por concretar. Insistió en la necesidad de que el Gobierno de España detalle las características de las plazas ofertadas, con el fin de que, en función del perfil y las necesidades de cada menor, se pueda determinar quiénes serán trasladados a cada recurso. Pese al anuncio, todavía se desconoce cuándo estarán disponibles las 400 plazas prometidas. Estas cuestiones se abordarán en la reunión prevista para el próximo martes.
Canarias ha solicitado que, junto a las 650 plazas ya comprometidas, se habiliten las restantes hasta alcanzar las 1.290 necesarias para atender al total de menores con protección internacional actualmente acogidos en las Islas. Según la directora general, esta provisión puede materializarse a través de la contratación o convenios con entidades colaboradoras del Estado, o bien mediante la apertura de nuevos dispositivos estatales en la Península destinados específicamente a la atención de menores. Tras la reunión del comité, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró que casi 900 menores que han solicitado asilo tras llegar a Canarias están ya bajo la protección del Estado.
Como parte del cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo, el comité interadministrativo creado por ambos Gobiernos se reunirá cada semana y remitirá las actas al alto tribunal, que ha exigido un seguimiento detallado del proceso. Las sesiones, según acordaron el Estado y Canarias, serán grabadas y permitirán documentar cada derivación, centro habilitado y menor trasladado.
Estos pequeños avances han sido valorados por Coalición Canaria como «un paso importante, aunque insuficiente». Esta medida, apunta la formación, supone el reconocimiento de una realidad «insostenible» para el Archipiélago. El secretario nacional de Organización, David Toledo, subrayó que «este avance no habría sido posible sin la firmeza, la insistencia y la defensa constante de Canarias que ha llevado a cabo el presidente Clavijo». Así, Toledo defendió que «no estamos ante un gesto de buena voluntad, sino ante una obligación legal del Estado, amparada por el Tribunal Supremo, que durante años ha sido ignorada».
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