¿Cuántas emergencias afronta Canarias?

Nunca, en los más de 40 años de la reciente historia democrática de la Comunidad Autónoma, Canarias había estado sumida en seis emergencias tan graves y dispares para afrontar su presente y futuro.

Sea por estrategia política –para visualizar las consecuencias de la herencia recibida del anterior Ejecutivo del pacto de las flores– o por la cierta trascendencia de los problemas que acucian al Archipiélago, lo cierto es que el gabinete que preside Fernando Clavijo ha afrontado en los dos primeros años de legislatura –el 15 de julio se cumple el segundo aniversario de la toma de posesión de los miembros del gabinete– seis situaciones de emergencia –migratoria, habitacional, energética, hídrica, climática y tecnológica– que se suman al reto demográfico y el crecimiento poblacional, que es un compendio de problemas incluidos en las propias situaciones de urgencia.

Migratoria

El drama de la ruta atlántica y su derivada relativa a los 5.600 menores migrantes no acompañados que acoge en solitario Canarias protagonizaron los dos primeros años de la legislatura y sonoros enfrentamientos entre los Gobiernos central y autonómico, así como tiras y aflojas entre el presidente Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería –aunque 11 autonomías la han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC)– y la resolución oficial del pasado 30 de junio por la cual el Estado se compromete a dar de alta a un total de 827 niños y niñas en el sistema de protección internacional de solicitantes de asilo –forzado por sendas resoluciones del Tribunal Supremo (TS)– propiciaron que "se vea la luz al final del túnel". A la espera está Canarias aún de que se decrete el 15 de julio la "contingencia migratoria extraordinaria" y el criterio de distribución de 4.400 menores no acompañados al resto de las autonomías.

Habitacional

El insuficiente desarrollo del Plan Canario de la Vivienda y el bajo grado de ejecución del presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) en el primer semestre de 2023 obligaron a Clavijo a poner el foco en estas políticas para sacarlas del estancamiento en el que se encontraban. Impulsado por el consejero Pablo Rodríguez, en febrero de 2024 se aprobó el decreto de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, que busca involucrar al sector privado en esta emergencia a través de la colaboración público-privada. También está en trámite la ley con la que se pretende agilizar la burocracia y recortar los plazos para que los municipios otorguen licencias urbanísticas de obras. De forma paralela, está la ley de Vivienda Vacacional para frenar el crecimiento descontrolado del alquiler turístico y equilibrar esta modalidad con el derecho a una vivienda digna y a precios asequibles. Esta ley, que la consejera Jéssica de León quiere que entre en vigor antes de enero de 2026, establece que las nuevas viviendas de alquiler vacacional tengan una antigüedad mínima de 10 años y contar con una superficie de 35 metros cuadrados.

Hídrica

La situación de escasez de agua que afecta a varias islas del archipiélago, sobre todo a Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura llevó a la declaración de emergencia hídrica en estas islas. La actualización de la planificación hidrológica acumulaba en el verano de 2023 un retraso de casi dos años. Cuando Clavijo tomó posesión, El Hierro y La Gomera eran las únicas que tenían actualizados los planes hidrológicos. Las prioridades consensuadas con los siete consejos insulares son claras: han propuesto la declaración de 127 actuaciones como obras de interés general, por 1.406 millones, con cargo a los Presupuestos del Estado, que están prorrogados desde 2024

Energética

El Gobierno declaró el 2 de octubre de 2023 la primera situación de emergencia de la legislatura: la energética. Su finalidad es modernizar el parque de generación de energía eléctrica obsoleto, que es poco flexible, lo que ha posibilitado multitud de ceros energéticos. El último de ellos en La Palma el 10 de junio. Para ello se convocó el concurso exprés para disponer de una potencia de generación adicional total de 250 megavatios –120 en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 50 en Fuerteventura– y se modificó la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario para sancionar en tiempo y forma a las empresas eléctricas que incumplan sus compromisos y sean responsables de nuevos apagones.

Climática

Esta emergencia es herencia del Gobierno del ‘pacto de las flores’, que la declaró en agosto de 2019, pero Clavijo la mantuvo. En junio de 2024, el consejero Mariano Hernández Zapata impulsó la aprobación del decreto de Cambio Climático y Transición Energética que agiliza la implantación de renovables con la creación de las Zonas de Aceleración, el aprovechamiento de suelos entropizados y el impulso de la participación local con accionariado en nuevos parques solares y fotovoltaicos en los proyectos de más de dos megavatios de potencia.

Tecnológica

Es la última emergencia decretada, el 30 de junio, a raíz del grave fallo telemático que produjo la caída de más de 1.200 servidores virtuales de la Comunidad Autónoma destinados a favorecer las relaciones administrativas entre las distintas consejerías y la ciudadanía. Aún se desconocen el alcance real de la avería y qué es lo que sucedió, amén de cuánto tiempo va a durar recuperar el servicio telemático al 100%. El Gobierno ha estimado que esta alerta dure seis meses –hasta el 31 de diciembre– pero asume que el plazo puede "ampliarse si fuese necesario". De momento, el PSOE pedirá en el pleno parlamentario del 8 y 9 de julio que el Ejecutivo ofrezca explicaciones "detalladas" sobre las causas, evalúe el "estado real de la infraestructura digital" del Gobierno y "qué papel ha tenido el estado del mantenimiento de la red" en la grave avería. Y, por último, una cuestión que todo el mundo se pregunta tras decretar la emergencia: "¿Cuáles son las consecuencias de esta declaración en términos jurídicos, técnicos y administrativos?"

Reto demográfico

Junto a las emergencias se encaja el gran reto. Después de tres Conferencias de Presidentes de Cabildos y una comisión parlamentaria de estudio, con la colaboración de expertos en derecho comunitario comparado y en urbanismo, el Gobierno cuenta con 43 medidas y 428 acciones políticas que movilizarán 500 millones de euros para afrontar el reto demográfico y el desequilibrio poblacional. Medidas en vivienda, turismo, cohesión territorial, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible para combinar las propuestas destinadas a los municipios más despoblados con las específicas para aquellas zonas más tensionadas. 

Suscríbete para seguir leyendo