'Medallas' para los funcionarios "excelentes": Canarias premia a empleados públicos que presten un servicio de "calidad"

Ser un «cualificado» empleado público que ofrezca un «excelente» servicio de «calidad» tendrá premio. La Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto tiene a punto un decreto en el que se establecen los galardones «a la calidad de los servicios públicos» tanto autonómicos como locales. 

Barreto continúa embarcada en su particular 'cruzada' por incrementar la transparencia y calidad de los servicios que la Administración pública presta a la ciudadanía. En este contexto de lograr una prestación de servicios de alta calidad, eficientes y eficaces enfocados en la satisfacción de las necesidades ciudadanas se enmarca el decreto que llevará en breve al Consejo de Gobierno para implantar un sistema de evaluación en el seno de los departamentos del Ejecutivo regional para generar «una cultura» de la excelencia entre los funcionarios y empleados públicos. Un 'examen' que, a final del curso, culminará en la entrega de un 'diploma' como el que los centros educativos otorgan a sus alumnos más aventajados: los «premios a la calidad de los servicios públicos».

Unos galardones que van dirigidos tanto a equipos de los distintos departamentos como a título individual y que se repartirán en tres modalidades: a la excelencia de los servicios públicos; otros a las mejores prácticas de calidad y, por último, los premios a las mejores iniciativas o sugerencias al personal empleado público. 

'Honores' o 'medallas'

Con esta especie de 'honores académicos' o de 'medallas' de una 'Olimpiada para funcionarios', cuyo objetivo es distinguir «aquellas acciones que propicien un servicio más cualificado a la sociedad», la consejera Barreto pretende premiar a «los órganos, organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración pública canaria y de las administraciones locales». Es decir, que no solo se otorgarán a los empleados de los centros directivos del Ejecutivo regional, sino que se hacen extensivos a los empleados de los siete cabildos y los 88 ayuntamientos.

Pero además de estos galardones colectivos, se incluyen premios individuales para «el personal empleado público, que mediante su actividad de mejora hayan incrementado de forma directa o indirecta la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía, por la adopción de prácticas de calidad o por la propuesta o sugerencia para la mejora de los servicios públicos» que se prestan.

La finalidad de esta iniciativa, que se incluye en un decreto más amplio, es «garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de la ciudadanía», explica la consejera.

Examen a la prestación de servicios

Los premios serán, por tanto, el culmen de la iniciativa de la Dirección General de Modernización que incluye la «evaluación» interna de la prestación de los servicios y «realizar estudios de análisis del grado de satisfacción de las personas usuarias».

«Este trabajo se basará en la planificación, en la sistematización de procesos y técnicas y en la generación de una cultura de calidad que facilite la mejora continua de los servicios que se presten y fomenten la implicación y participación de todo el personal al servicio de las administraciones y entidades», explica Barreto.

En lo que se refiere a la «evaluación de a calidad» que regula el decreto, la finalidad es «identificar áreas de mejora que permitan incrementar el grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios» y así poder «responder a sus demandas y expectativas» al incrementar el «grado de eficiencia de la labor administrativa». Además, se fomentará la transparencia, garantizará la protección de los datos personales y la seguridad de la información y proporcionará «información para planificar y dirigir la acción administrativa.

Tal y como explica Barreto, este examen a los servicios públicos podrá realizarse a través de dos modalidades: la autoevaluación y la evaluación externa.

Satisfacción de la ciudadanía

Sobre la base de la metodología que diseñará el Instituto Canario de Estadística (Istac), la evaluación interna medirá «los niveles efectivos» de los servicios que se prestan a la ciudadanía y podrá llevarse a cabo tanto de forma individualizada o conjunta «con las de otros servicios de competencia de un mismo órgano». La evaluación externa partirá de las autoevaluaciones y se coordinará con el Istac para «evitar duplicidades y garantizar la coherencia metodológica».

Asimismo, la Consejería de Presidencia pretende llevar a cabo unos «estudios de análisis de la demanda y del grado de satisfacción» de la ciudadanía para «mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos» que llevará a cabo un equipo de trabajo específico creado a tal efecto.

Por último, el decreto que será aprobado por el Gobierno recoge la potenciación de las cartas de servicios, es decir, los «documentos» en los que cada órgano administrativo informa a la ciudadanía sobre «sus derechos y su participación en la mejora del grado de cumplimiento de los compromisos de calidad formulados».

Acceso fácil y sencillo

La intención de la Consejería de Presidencia es que estas cartas de servicios se redacten «de forma breve y sencilla» y en las mismas se incluyan «datos identificativos de localización, contacto y horarios» y detallen a la ciudadanía «la principal normativa reguladora de la prestación de los servicios y los canales por lo que se pueda prestar la atención».

Junto a todas estas medidas incluidas en el decreto, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, trabaja en un proyecto para «favorecer el cumplimiento de la normativa vigente en materia de calidad de los servicios públicos» y «cualificar al personal público en la aprobación e implantación, seguimiento y evaluación» de las cartas de servicios.

Un proyecto de «acompañamiento en la aprobación e implantación de las cartas de servicios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias» para «impulsar la modernización de la gestión pública con criterios de eficiencia y de trabajo en equipo y cualificar al personal público».

Las ‘medallas’ se otorgarán tanto a las «mejores prácticas de calidad» como a «iniciativas» individuales

Dentro de las actividades asociadas a la ejecución de este proyecto, también se enmarca la creación en el seno de la Comisión Superior de Administraciones Públicas de un «grupo de trabajo de innovación para la calidad y mejora continua de los servicios públicos» y la elaboración de una «guía metodológica» sobre los trámites a seguir para el despliegue de las cartas de servicios en todo el Gobierno de Canarias.

El pasado verano el Gobierno aprobó el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración y en febrero comenzó a tramitar la nueva Ley de Empleo Público que sustituirá a la de 1987. Además, Barreto elabora la ley de transparencia que aglutinará las dos legislaciones vigentes de 2010 y 2014 y ha impulsado, a través de la Dirección General de Modernización, un examen sobre el rumbo del teletrabajo en 132 departamentos de las 12 consejerías para «corregir lo que no funciona». El nuevo decreto es otro paso más en la senda para lograr una Administración más eficaz.

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