Javier Valentín: «El Gobierno canario ignora al sector de la vivienda vacacional»

El vicepresidente y abogado de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Javier Valentín, muestra en esta entrevista su disconformidad con el reciente real decreto estatal que impone un doble registro para las viviendas vacacionales, señalando que vulnera tanto la legislación española como la europea. Valentín denuncia que esta norma amenaza especialmente a los pequeños propietarios, genera inseguridad jurídica y podría provocar un aumento de viviendas vacías en Canarias.

¿Cómo valora la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2023 y qué implicaciones prácticas tiene para el alquiler vacacional en Canarias?

Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) hemos denunciado este real decreto ante los tribunales de justicia porque consideramos que es una norma ilegal que vulnera, no sólo el ordenamiento jurídico español, sino también el comunitario al imponer un doble registro para las viviendas vacacionales, contraviniendo expresamente lo dispuesto en el Reglamento 2024/1028 UE.

¿Considera que la normativa estatal armoniza adecuadamente con la legislación autonómica y municipal vigente en Canarias?

No. A nuestro juicio, el real decreto vulnera una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que son las competentes para el registro de los alojamientos turísticos, con lo que se trasgrede frontalmente el art. 148.1.18CE.

¿Se está produciendo inseguridad jurídica para los propietarios debido a la falta de claridad o a los posibles solapamientos normativos?

Sin lugar a dudas. Además de quebrantarse la normativa española para la garantía para la unidad de mercado, se está vulnerando el art. 4.3 d) Reglamento europeo 2025/1028 que prohíbe expresamente la duplicidad de registros para una misma vivienda vacacional. En este caso se está imponiendo un registro a nivel estatal cuando ya están registradas en la Comunidad Autónoma.

¿Qué coste económico real puede suponer la adaptación a las nuevas exigencias para los pequeños y medianos propietarios?

El coste del número de registro ante el Registro de la Propiedad es de unos 27 euros, pero ese no es el problema. Uno de los grandes problemas que está sucediendo está relacionado con aquellas propiedades que no están inscritas en el Registro de la Propiedad (porque tampoco es obligatorio, sino voluntario) pero que se comercializan como viviendas vacacionales. Estas no pueden obtener el número de registro único precisamente por no estar inscritas en el Registro de la Propiedad, obligando a los propietarios a pasar por caja y gastarse entre 3.000 y 6.000 euros para inscribir su propiedad en el Registro. Esto está causando un daño irreparable especialmente a las zonas rurales.

¿Existe riesgo de que muchos propietarios decidan abandonar el alquiler vacacional ante las crecientes barreras regulatorias?

Quizá algunos propietarios desistan del alquiler turístico, pero ello no implica que se pasen al residencial. La creciente inseguridad jurídica que desampara al arrendador lo desincentiva. Por ello, en Canarias hay más de 211.000 viviendas vacías.

¿Está en peligro el equilibrio entre oferta turística y vivienda residencial, o se está utilizando este argumento de forma política para frenar el alquiler vacacional?

Creo que ya a nadie le cabe duda que las viviendas vacacionales son el chivo expiatorio ante una nefasta política de vivienda a la que hemos asistido en la última década. Es más fácil achacar la culpa a los propietarios de VV que asumir la responsabilidad de una gestión nefasta en materia de vivienda.

¿Está el alquiler vacacional preparado para asumir el modelo turístico más sostenible y diversificado que promueven las instituciones?

Sí, de hecho, desde ASCAV hemos desarrollado campañas de concienciación en este sentido. Los propietarios de vivienda vacacional también viven en las islas y son los principales interesados en un modelo sostenible para el archipiélago.

¿Se están recogiendo las particularidades del territorio canario, especialmente de islas no capitalinas, en las decisiones normativas?

No, y esa es una de las principales denuncias de nuestra Asociación contra el proyecto de ley que de tramita en el Parlamento de Canarias a propuesta del Gobierno de Canarias, que han optado por un «café para todos».

¿Se está escuchando al sector en el diseño de las políticas públicas actuales?

Definitivamente, no. El Gobierno de Canarias, en su propuesta normativa, no tuvo en cuenta las sensibilidades y aportaciones de nuestro sector. El objetivo lo tenían claro: eliminar progresivamente a las viviendas vacacionales del panorama perjudicando, fundamentalmente, a los pequeños propietarios para los que estas son, en muchos casos, su única fuente de ingresos. La consecuencia será clara: el negocio turístico en manos de los de siempre, más pobreza entre la población y menos oferta para que podamos elegir donde pasar nuestras vacaciones, con el consiguiente incremento de precio de los alojamientos tradicionales. Ya ha pasado en otras ciudades como Nueva York y pasará aquí, de seguro adelante con este proyector de ley.