Canarias exige que el traslado de menores migrantes a la Península "se haga ya"

El Estado tiene la «previsión» de iniciar en agosto el reparto de menores migrantes no acompañados desde el Archipiélago a la Península, aunque la ministra de Infancia, Sira Rego, reconoce que puede retrasarse a septiembre por la «complejidad» del proceso administrativo. Sin embargo, la Comunidad Autónoma no asume este plazo y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, lo dejó bien claro en la conferencia sectorial celebrada este viernes: «Canarias no puede seguir soportando esta situación y los traslados de menores no acompañados a centros de la Península tienen que empezar a decidirse y hacerse ya y no esperar a agosto o septiembre».

Un mensaje que, además, coincide con el que lanzó la propia ministra un día antes de la reunión para instar a las autonomías a no seguir entorpeciendo el proceso de distribución: «Llamo a las comunidades a que colaboren y nos permitan avanzar porque no podemos seguir esperando».

Sin embargo, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia se evidenció que esos llamamientos cayeron en saco roto pues, una vez más, diez comunidades autónomas del PP y la castellanomanchega del socialista Emiliano García Page insistieron en que la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería aprobada en abril en el Congreso y los decretos que la desarrollan son ilegales e inconstitucionales.

El 70% de la población, en contra

En concreto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, recordó que el real decreto que modificó la ley de extranjería «está recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por once comunidades autónomas que representan el 70% de la población» de todo el país. Un argumento que esgrimió también el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, al incidir en que la reforma legal «invade competencias autonómicas» y que vulnera tanto «los derechos de los extranjeros en España» como «los derechos de los menores».

Con parecidos argumentos, la consejera de Política Social de Murcia, Concepción Ruiz, argumentó que la distribución de menores desde Canarias es «un atentado contra los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes» y la titular de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano –única autonomía del PSOE que ha recurrido ante el Constitucional– consideró «difícil» que el traslado de los menores pueda comenzar en agosto porque es un mes «bastante inhábil» para las administraciones autonómicas.

Nueva reunión en julio

Pese a estas discrepancias de las autonomías contrarias a la distribución de los menores y en un ambiente hostil, la ministra Rego detalló el borrador del real decreto que explica cómo se procederá a la reubicación de los niños y niñas migrantes sin progenitores y también anunció una segunda Conferencia Sectorial en julio para decretar la contingencia migratoria que sufre Canarias y definir el número de jóvenes que recibirá cada autonomía junto al dinero que percibirá cada una de ellas a tal fin. La intención del Gobierno del Estado es aprobar los dos decretos en el Consejo de Ministros del 15 de julio.

Sin embargo, esta hoja de ruta no convence a Delgado, pues considera que en base a la misma los traslados no comenzarán antes del 30 de septiembre, lo que a su juicio es «inviable, pues en esos meses es justo cuando hay un repunte en la llegada de pateras y cayucos y nuestro sistema de acogida ya está colapsado».

Sin embargo, la ministra Rego insistió en que la redistribución desde «zonas tensionadas» como Canarias o Ceuta a otras autonomías empezará, «previsiblemente», en agosto «pese a las resistencias» de las comunidades del PP, pues «todo sigue su curso» aunque once comunidades autónomas se dediquen «a poner palos en las ruedas».

Proceso administrativo complejo

«Estamos en condiciones de tener todo listo para los consejos de ministros que hay antes del verano de tal manera que el procedimiento pueda iniciarse, la previsión sería en el mes de agosto, pero entendiendo también la complejidad que tiene la propia cadencia de los mecanismos del procedimiento administrativo», afirmó.

Delgado insistió al finalizar la reunión que también debe ser «inmediata» la salida de los menores no acompañados que han solicitado asilo sobre la base del acuerdo alcanzado con el Estado a raíz de los autos dictados por el Tribunal Supremo (TS). 

«La distribución de los dos grupos de menores, los del sistema normalizado y los que se acogen a la protección internacional, tiene que comenzar mucho antes», afirmó.

Por último, Delgado consideró «insuficientes» los 8,5 millones de crédito extraordinario que el Gobierno central otorgara a Canarias para atender a los 5.685 menores migrantes que tutela la Comunidad Autónoma, ya que «tenemos un déficit de 140 millones de euros» que el Estado debe compensar en su totalidad.

La propuesta de distribución de crédito extraordinario de 22 millones de euros incluye siete millones para Ceuta, 4,5 millones para Melilla y dos millones de euros para Baleares.

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