La ley canaria que externaliza las licencias urbanísticas para agilizar la construcción de casas no recibe enmiendas a la totalidad

Los ayuntamientos canarios están más cerca de delegar en entidades y agentes externos públicos y privados la elaboración los informes técnicos de las licencias urbanísticas con el fin de dar más agilidad a su tramitación.

Los grupos de la oposición no presentaron este miércoles ninguna enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas de obra y el impulso de la construcción de viviendas que incluye esta fórmula, que ya se aplica en Madrid y Valencia y que fue denostada por varios equipos técnicos y jurídicos de las oficinas técnicas y gerencias de urbanismo de los municipios canarios y por el PSOE, NC y Vox durante el debate de convalidación del decreto para que se transformara en texto legislativo.

También el Consejo Consultivo de Canarias (CCC) y varios cabildos pusieron reparos al proyecto y la oposición incidió en que la norma no clarifica que la "colaboración público-privada" sea solo puntual y abre la puerta a que se convierta en sistémica y estructural, lo que de facto supondría una delegación de funciones del servicio público al ámbito privado del que alerta incluso el Consejo Consultivo en el informe que emitió sobre el contenido del decreto ley.

Reparos del Consejo Consultivo

Asimismo, el Consultivo incidió en que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local de 1985 establece de forma taxativa que "corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales", toda vez que este cuerpo funcionarial son "garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función". 

Desde Obras Públicas y Política Territorial, las consejerías impulsoras del proyecto legislativo, se defiende que el otorgamiento de licencias y ejercicio de las potestades de comprobación y control de comunicaciones previas no se altera, "toda vez que dicha competencia sigue residiendo en los municipios", por lo que la habilitación a entidades externas a la emisión de informes técnicos en régimen de colaboración "no afecta a la competencia de intervención de las Administraciones locales, que queda inalterada en el ejercicio de su potestad resolutoria" porque son "informes no vinculantes".

Con esta nueva norma, impulsada por las consejerías de Obras Públicas y de Política Territorial, los plazos para conceder las licencias urbanísticas que otorgan los ayuntamientos se podrán reducir de los dos o más años que tardan ahora los trámites hasta un máximo de seis meses. 

Esta ley busca complementar el decreto aprobado en febrero de 2024 para combatir la emergencia habitacional. Si aquel tenía como objetivo aumentar la oferta de suelo y vivienda y adecuar la regulación de viviendas protegidas, éste introduce mecanismos de colaboración público-privada para resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias.

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