El cuatripartito no se lanza a la “piscina sin agua” de una reducción de la jornada laboral que no apoya la patronal

Respaldo a reducir la jornada laboral a 37,5 horas, pero siempre y cuando esa reforma sea fruto del diálogo social y no «una imposición» del Gobierno central que solo se ha pactado con las centrales sindicales y de la que ha quedado excluida la patronal, sobre todo, la que representa a las pequeñas y medianas empresas. Esa es la posición que este miércoles defendieron en el Parlamento los cuatro grupos que apoyan al Gobierno de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI) y que resumió el diputado nacionalista y alcalde de La Orotava Francisco Linares: «Estamos a favor de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, pero nadie se lanza a una piscina sin agua o se sube a una moto sin ruedas y esta piscina no tiene agua y a la moto le falta una rueda». 

Con esas premisas, era difícil que el cuatripartito apoyara la propuesta presentada por el PSOE para que el Parlamento apoyara el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo. Y no lo hicieron.  

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Es más, los portavoces de los grupos de gobierno recordaron que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, criticó en su momento las prisas de la ministra de Trabajo y consideró «perentorio» acompañar a las empresas en este proceso, sobre todo a las pequeñas y medianas, que tendrían mayores dificultades para adaptarse, además de recordar que la reforma no contaba con los apoyos parlamentarios necesarios, lo que le valió que Díaz afirmara que «es casi de mala persona decir que no a reducir la jornada laboral».

Contra la voluntad mayoritaria

«Han votado en contra de la voluntad mayoritaria de la sociedad canaria arrastrados por un partido concreto que apoya al Gobierno, que es el PP», afirmó el socialista Gustavo Santana al constatar el rechazo a su iniciativa, que solo fue apoyada «sin reservas» por NC.

Para la oposición de izquierdas, el voto contrario a que todos los grupos canarios que también tienen representación en la Cortes apoyen el proyecto de ley en el Congreso y en el Senado demuestra que «se niegan a aceptar avances y conquistas sociales», tal y como afirmó la canarista Natalia Santana.

Una tesis que no compartió el conservador Carlos Ester, quien aseguró que «no se trata de ideología, sino de realismo», pues el proyecto impulsado por la ministra Yolanda Díaz «es populista y demagógica», ya que «va contra la economía y la generación de empleo», sobre todo para las empresas de menos de diez trabajadores, que suponen el 94% del tejido productivo del Archipiélago y que no podrán afrontar los costes de esa operación a menos que reduzcan puestos de trabajo.

Un argumento que abrazó Paula Jover (Vox) al afirmar que «la preocupación de los trabajadores es que haya más trabajo, que lleguen a fin de mes, y no el número de horas que se trabaje».

No a la crispación y sí al diálogo social

Pero la clave de la oposición de los grupos gubernamentales está en el hecho de que esta reforma no es fruto de una negociación en la que hayan participado los empresarios, como sí ocurrió con la modificación laboral del año 2021 que derogó varios preceptos de la legislación aprobada por Mariano Rajoy en 2012.

Este argumento fue esgrimido por Jesús Ramos (ASG) y Raúl Acosta (AHI), que discreparon del «camino de la crispación en vez del diálogo social» emprendido en este asunto por el Ministerio de Trabajo, lo que aboca al proyecto legislativo a que «no se apruebe nunca». Ramos incluso propuso al Parlamento «elaborar alegaciones» al proyecto legislativo para remitirlas al Gobierno central «para lograr que se apruebe de manera consensuada».

«La reducción de la jornada laboral no es una ocurrencia ni una improvisación. Es una medida viable, justa y necesaria, que busca compatibilizar la productividad con el bienestar personal, mejorar el control horario, favorecer la desconexión digital y, muy especialmente, dignificar sectores invisibilizados como el empleo del hogar», argumentó, sin éxito, el socialista Santana para intentar cambiar el sentido del voto de los grupos gubernamentales.

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