Canarias avisa al Estado: “Es una vulneración constitucional grave no redistribuir menores migrantes”

Es una “vulneración constitucional grave” por parte del Estado no redistribuir menores migrantes no acompañados, que es el mandato del artículo 35 de la ley de extranjería, ni asumir la protección internacional de los 1.200 niños y niñas que han solicitado asilo, como dicta el Tribunal Supremo (TS). Ese es el mensaje que este martes ha lanzado en el Parlamento la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en las horas previas a las reuniones que Canarias y los distintos ministerios implicados van a mantener hoy mismo y el viernes para garantizar “los derechos superiores” de los menores.

Un mensaje que no solo va dirigido al Gobierno central sino a las autonomías tanto del PP como del PSOE, que son parte del Estado, que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la redistribución “solidaria” de 4.400 menores sin progenitores que “ha cuidado y protegido en solitario Canarias” cuando la realidad es que “no llegan a Canarias sino a España y Europa”.

“Los profesionales están exhaustos y los centros sobrepasados. No quedan mas edificaciones a las que acudir ni profesionales a los que contratar. Todos los recursos están sobrepasados y esta saturación tiene impactos graves que conllevan riesgos para el bienestar físico y psicológico de los menores”, insistió la consejera.

Como ha recordado la diputada nacionalista Jana González, los niños y niñas migrantes que llegan solos a Canarias “continúan esperando por ese protocolo de redistribución”, lo que demuestra que “no existe voluntad política” y solo “la justicia del sistema democrático, con amenazas de sanciones incluidas” ha permitido que el Estado active su responsabilidad sobre los menores que han solicitado asilo.

Hay que blindar la infancia

“Ya vamos tarde, hay que bajar el nivel de ruido político y partidista y blindar a la infancia, pues en estos momentos garantizar sus derechos es pura utopía”, afirmó la diputada nacionalista.

Un análisis al que se han sumado los portavoces de los grupos que apoyan al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, cuando han insistido en que “solo la presión de la justicia ha forzado que el Estado asuma su responsabilidad", en referencia a los autos del Supremo, y que ha sido contestado por la socialista Elena Máñez: “si hoy tenemos garantizada por ley la redistribución es por la voluntad personal del presidente Pedro Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres, que se han fajado y han mantenido un interlocución permanente con el presidente Fernando Clavijo”.

“Con un Gobierno del PP y Vox no se hubiera modificado el artículo 35 de la ley de extranjería. Si a Alberto Núñez Feijóo le hubieran interesado los menores no acompañados, habría votado sí al decreto ley”, insistió Máñez.

La nota más discordante, de nuevo, la puso el portavoz de Vox, Nicasio Galván: “Ustedes y sus leyes se han convertido en auténticos secuestradores de niños. Los niños tienen que estar con sus padres”.

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