El Estado asumirá "de inmediato" la atención de 250 niños refugiados con plazas en Gran Canaria

La justicia se impone donde ha faltado voluntad política. El Gobierno de España y el de Canarias alcanzan un acuerdo sobre los criterios que regirán la incorporación al sistema nacional de protección internacional de los niños refugiados acogidos en centros del Archipiélago. El Estado se ha comprometido a asignar 250 plazas el próximo martes, cuando está previsto que se celebre la segunda reunión del comité bilateral creado para analizar, caso por caso, la situación de los menores que han solicitado asilo o han expresado su intención de hacerlo. Con este avance, se da un paso decisivo hacia el cumplimiento de los dos autos dictados por el Tribunal Supremo, que obligan al Estado a garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que reúnen los requisitos para acceder al sistema de asilo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rubricarán mañana el documento con la hoja de ruta, que se presentará de forma conjunta ante el alto tribunal para informar sobre los avances en el proceso. Tras la firma, se reunirá el Pacto Canario por la Migración.

La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, calificó el primer encuentro como «positivo» y subrayó que aún están a la espera de que el Estado concrete el destino de los primeros menores que serán derivados. Según fuentes cercanas al Ejecutivo central, la intención manifestada en la reunión fue trasladarlos al centro Canarias 50, ubicado en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente acoge a migrantes mayores de edad. Rodríguez destacó que se trata de «un día importante, especialmente para los chicos».

Rodríguez detalló que, del listado inicial remitido por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Migraciones —departamento competente en materia de protección internacional—, hay 827 menores que coinciden con la base de datos de los que permanecen en centros del Archipiélago y que ya cuentan con la documentación necesaria para acceder al sistema. En estos casos, el Estado se compromete a facilitar su incorporación «inmediata», asignándoles plazas en Gran Canaria, según señaló la directora general. Además, existen otros 367 niños que no figuran en ese listado inicial, pero que ya han tramitado su solicitud de asilo. En total, son 1.294 los menores que el Estado deberá asumir en el marco de este proceso y que saldrán de los centros gestionados por el Gobierno canario, lo que contribuirá a aliviar la situación de hacinamiento de los centros.

Centros hacinados

Según recoge el documento que se llevará ante el Supremo, tres meses después de que dictara la primera orden, el comité interadministrativo trazará un mapa de los recursos disponibles e iniciará el proceso de evaluación individualizada de los menores para reubicarlos. Una vez determinado el lugar de acogida, el traslado deberá efectuarse en un plazo de 15 días.

Plazas en Gran Canaria

El comité trabajará con tres posibles vías. La primera contempla su incorporación a un recurso de la red estatal de protección internacional, que —según recoge el documento con las bases del acuerdo entre administraciones— «excepcionalmente podrá estar en Canarias». Esta fórmula, sin embargo, debe ser utilizada de forma puntual, ya que el objetivo no es solo descongestionar los dispositivos que gestiona el Gobierno regional, sino también favorecer la integración de los menores en sus futuros lugares de residencia, lo que implica su salida de las Islas.

Para agilizar la incorporación de los menores al sistema de protección internacional y evitar bloqueos administrativos, solo será necesario presentar los «documentos esenciales»: la identificación del menor y la acreditación de que está tutelado por la Comunidad Autónoma. Una vez entregada esta documentación, la resolución de admisión deberá emitirse en un plazo máximo de tres días hábiles o cinco días naturales.

La reunión, celebrada ayer de forma telemática, contó con la participación de cuatro representantes por parte de cada gobierno. En el caso del Ejecutivo central, asistieron cargos de los ministerios de Inclusión, Infancia, Interior y Política Territorial, además de la Abogacía del Estado.

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