La carestía inmobiliaria en Canarias

Vía libre al uso de los fondos de la RIC para la construcción de viviendas

El Congreso aprueba que los incentivos del REF puedan emplearse en inmuebles para alquiler, lo que ayudará a levantar 6.000 viviendas en dos años

Obreros trabajan en la construcción de un edificio de viviendas.

Obreros trabajan en la construcción de un edificio de viviendas. / Arturo Jiménez

Santa Cruz de Tenerife

Vía libre, por fin, a que los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) puedan emplearse en viviendas destinadas para el alquiler. Tanto en la construcción como en la adquisición de los inmuebles. La condición es que las casas se oferten luego en arrendamiento en las modalidades residencial o de larga temporada. Es decir, que se alquilen a familias para su uso como vivienda habitual o a personas que necesiten donde vivir durante un período prolongado, por lo general varios años. Dicho de otro modo: la vivienda vacacional y el arrendamiento de corta estancia quedan excluidos. Se trata de un cambio legislativo fundamental para combatir la carestía inmobiliaria que padecen los isleños, para paliar la ‘emergencia habitacional’ que el Gobierno de Canarias declaró a comienzos de 2024. No en vano, permitir que los incentivos del REF se empleen en vivienda –siempre que su destino, cabe insistir, sea el mercado residencial o de larga temporada– ha sido una de las demandas clave de los constructores del Archipiélago. Un sector privado que tiene un papel tanto o más importante que el de la Administración pública para revertir la carestía inmobiliaria. La posibilidad de que los incentivos del REF –y en especial la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), el más potente de ellos– se usen para vivienda es esencial para que las empresas constructoras puedan levantar hasta 6.000 casas en los dos próximos años.

Lo más importante, con todo, es que esta reforma de la normativa del REF –aprobada este miércoles en el Congreso de los Diputados, toda vez que la del Régimen Económico y Fiscal es una ley estatal, no autonómica– es la piedra angular para que a medio y largo plazo puedan construirse las entre 10.000 y 12.000 viviendas al año que son necesarias para solucionar la carestía. Eso sí, las decenas de millones de euros –unos 2.000 millones según cálculos del Gobierno– que las empresas tienen reservadas en la RIC a la espera de invertirlas serán fundamentales para lograr ese ritmo de construcción de casas, pero también será necesario que la Administración pública haga su parte, tal como vienen advirtiendo tanto la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife como la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas. ¿Cómo? Pues con la agilización de las licencias urbanísticas, para lo que es necesario que los ayuntamientos se apoyen en las herramientas que les da la nueva ley; y, aunque de forma indirecta, con la actualización de los precios de las licitaciones públicas, de modo que decenas de contratos de la Administración no se queden desiertas porque a ninguna empresa le resulten rentables.

La proposición de PSOE y CC sale adelante, con el apoyo del PP, pese a la crispación que sufre la política nacional

Trabajo ‘en equipo’

La reforma de la ley del REF aprobada este miércoles en la Comisión de Hacienda y Función Pública de la Cámara Baja –que tiene plenas competencias legislativas– es resultado de la propuesta conjunta de los grupos socialista y mixto –en concreto de la diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido–, que hicieron hincapié en que se consigue así una herramienta poderosa para incrementar la oferta de inmuebles para la población residente. «Es una medida pensada y diseñada para aumentar la oferta de viviendas en alquiler asequible y responder a la emergencia habitacional», explicó Valido; «con esta reforma, Canarias tiene una oportunidad de hacer frente en tiempo real a una situación que se ha vuelto insostenible», remató por su parte la portavoz adjunta del grupo socialista en el Congreso para los asuntos relacionados con la vivienda, la diputada por Santa Cruz de Tenerife Alicia Álvarez. No obstante, la proposición de CC y PSOE contó también con el imprescindible apoyo del PP, lo que inutilizó el voto en contra de Sumar –Vox se abstuvo–. De hecho, cabe destacar que los tres grandes partidos del tablero político canario se hayan puesto de acuerdo en medio de la extrema crispación que se respira en las Cortes tras el estallido del caso Cerdán. Y reseñable es también la aportación a la causa común del comisionado del REF del Gobierno regional, José Ramón Barrera, a quien el secretario de la junta directiva de Fepeco, Isidro Martín, señaló como el «padre» primigenio de la criatura y de su andamiaje técnico-jurídico. «Era uno de los principales objetivos de la legislatura», subrayó el consejero canario de Vivienda, Pablo Rodríguez.

El sector destaca la figura del comisionado Barrera como clave para el andamiaje de la reforma legislativa

Martín, también delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, insistió en que, efectivamente, es ahora posible levantar esas 6.000 casas a corto plazo.

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